Principio de buena fe impone que la contraparte evite inducir a la otra en error

En el caso bajo estudio, se determinó que el comportamiento de la actora carece de la entidad jurídica para enrostrarle sus propios actos, como fuente para asumir el error en el valor de la prima variable. En primer lugar porque las evaluaciones precontractuales, si bien son avaladas por el representante legal de la entidad estatal, en su valoración intervienen diferentes funcionarios. Igualmente, en la ejecución del contrato los actos del supervisor, que fue quien aprobó las fórmulas presentadas por el contratista, tampoco tienen la posibilidad de modificar la relación contractual, como quiera que no es el funcionario competente para el efecto ni tampoco se le entregó dicha facultad. Además, no existió la falta de claridad en el valor que debía aplicarse.

En esa medida, la conducta de ambas partes debió ceñirse al valor de la prima variable de 55 dólares y no de 55 %; sin embargo, el contratista escudado en una supuesta confusión decidió aplicar el segundo valor, comportamiento que no tiene ningún fundamento contractual. Por su parte, el demandante, de manera errada y por fuera de lo pactado, autorizó, a través de su supervisor, el cálculo que hizo el contratista.

Ahora, con independencia del comportamiento de las partes, el principio de la buena fe les exigía estarse a lo pactado, por cuanto era la ley del contrato, salvo que decidieran modificarlo de mutuo acuerdo (artículos 1602 y 1603 del Código Civil), lo que no ocurrió. No obstante, el contratista de manera artificiosa negó la existencia de las condiciones para calcular la prima, cuando lo cierto es que las aplicó, intentó aprovecharse del comportamiento negligente de la demandada para modificar a motu proprio la relación contractual, sin la intervención del funcionario competente para el efecto. Lo anterior no enerva las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.

También debe destacarse que la conducta de la administración no fue injustificada, sino que buscaba la aplicación de lo pactado. Además, el principio de buena fe imponía de su contraparte un comportamiento leal y ajustado a los acuerdos, de tal forma que evitara inducirla en error, como en efecto ocurrió (C. P.: María Adriana Marín).