En la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial corresponde al Congreso de la República señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Ejecutivo en la determinación de este régimen, explicó la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Por lo tanto, le compete al Gobierno Nacional determinar el régimen salarial y prestacional y señalar los límites máximos de los salarios de los empleados del orden territorial.

Por su parte, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales les incumbe establecer las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate y con respeto de los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional.

Finalmente, manifestó la Sala que los gobernadores y alcaldes deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Se resolvió en el caso concreto revocar la sentencia que declaró la nulidad ya que operó el fenómeno del decaimiento respecto de la ordenanza cuestionada (C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez).