La situación obedece a las instrucciones impartidas mediante Circular Externa 007 del 2020, para mitigar efectos de la emergencia.

En atención a la decisión del Gobierno Nacional de extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo del 2020, este alto tribunal adoptó una serie de trámites internos para garantizar la prestación efectiva del servicio de justicia.

Con el Decreto 688 del 2020, el Ejecutivo creó un procedimiento para realizar acuerdos y facilitar el pago de las obligaciones tributarias.

Se expidió el Decreto 682, que define no solamente las reglas para los tres días sin IVA, también regula la exclusión de IVA sobre el arrendamiento de locales comerciales y la suspensión el cobro del impuesto al consumo hasta diciembre.

Durante la emergencia, las ARL deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas.

Según la entidad, al igual que las personas jurídicas, constituyen una fuente importante de empleo formal en el país.

La Dian informó que se adelantan los tres días sin IVA y se suspenderá el cobro del impuesto al consumo hasta diciembre, de tal manera que los restaurantes puedan tener la posibilidad de recuperar las pérdidas por la pandemia.

Se deberá mantener, como mínimo, el 85 % de las sucursales abiertas al público y, de ser necesario, incrementar en fechas como quincenas, fin de mes, pago a pensionados, dispersión de subsidios, entre otros.

Según Claudia Lopez, “el Distrito ofreció la construcción de un nuevo establecimiento de reclusión territorial en los predios de La Picota, recibiendo respuesta negativa por el Gobierno”.

Ámbito Jurídico consultó a varios expertos que dieron su opinión ante el proyecto, al cual le falta un debate para convertirse en ley.

Se trata de una circular conjunta que pide promover estrategias internas de comunicación,en las cuales se recuerda la importancia de armonizar la vida laboral con la familiar y personal.

Durante el aislamiento preventivo obligatorio, no se permitirá el acceso a las sedes judiciales o administrativas de ninguna persona que presente afecciones respiratorias o fiebre.

La Superindustria ordenó a estas empresas adoptar medidas informativas que garanticen la adecuada prestación del servicio y la atención de los usuarios durante la emergencia por el covid-19.

El hecho generador lo constituye el pago o abono en cuenta de salarios, honorarios o pensiones mensuales de $ 10 millones o más.

La alcaldesa también explicó las determinaciones para garantizar la prestación del servicio público de transporte y la movilidad en la ciudad de Bogotá.

Las nuevas actividades en las que se permite el derecho de circulación de personas son seis y varios subsectores de manufactura pueden empezar a producir de nuevo, gradualmente y bajo el cumplimiento estricto de los protocolos.

Este instrumento ofrece a alcaldes y administraciones locales un material gratuito de fácil acceso y comprensión,para poner en marcha mecanismos como la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, la mediación escolar y la conciliación comunitaria.

El talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus no será sujeto pasivo del impuesto.

El decreto pretende descongestionar los centros penitenciarios para evitar contagios y muertes por covid-19, conozca los beneficiarios, el procedimiento de excarcelación y a quiénes no cobijará la medida.

El Mintic también establece disposiciones temporales sobre adecuación de equipamientos de servicios de telecomunicaciones.

La norma explica algunas determinaciones, cuando el contribuyente es calificado de riesgo alto en materia tributaria

La presentación de estados financieros prevista para iniciarse el próximo 14 de abril se iniciará ahora desde el miércoles 29 de abril y hasta el jueves 28 de mayo.

Un nuevo decreto del Ministerio de Vivienda dispone que el cobro diferido de las facturas solo será obligatorio para las prestadoras de los servicios públicos de aseo, si se les establece una línea de liquidez.