Frente a los cuestionamientos de una residente propietaria en un conjunto residencial respecto a la forma en que en el mismo se lleva la contabilidad, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública recordó que los copropietarios de unidades residenciales pueden ejercer el derecho de inspección que consagra la normativa mercantil y, así mismo, la asamblea puede solicitar que se realice una auditoría de los estados financieros. Cuando el representante legal y el contador público suscriben los estados financieros declaran que todas las afirmaciones implícitas y explícitas que se derivan de ellos son adecuadas. Si existiera falsedad en estas declaraciones, los administradores y contadores podrían ser objeto de las sanciones establecidas en las normas legales. De otra parte, el consejo de administración también podría requerir que se establezcan los controles necesarios por parte del administrador y verificar la información financiera preparada por la administración.