La sociedad fiduciaria está en la obligación de expedir una certificación a quienes tengan la condición de fideicomitentes y/o beneficiarios del correspondiente patrimonio autónomo, de conformidad con las reglas señaladas en el artículo 102 del Estatuto Tributario, sobre determinación del impuesto sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil, indicó la Dian. En este sentido, agregó, los ingresos devengados por los patrimonios autónomos deben ser reportados por los fideicomitentes y/o beneficiarios, de acuerdo con las mencionadas reglas y con base en la información financiera proporcionada por la sociedad fiduciaria.