En reciente concepto, la Dian precisó el alcance de aplicación del Decreto 568, del pasado 15 de abril, por el cual se creó el impuesto solidario por el coronavirus (covid-19), con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales, respecto a salarios de los servidores públicos, honorarios y pensiones de $ 10 millones o más. Entre otros aspectos, la entidad señaló que el hecho generador del nuevo impuesto lo constituye el pago o abono en cuenta de salarios, honorarios o pensiones mensuales periódicos de $ 10 millones o más, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la norma, dentro del concepto de salario están comprendidos la asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa del servicio prestado.