No se viola debido proceso disciplinario al no vincular desde la indagación preliminar al investigado
Aplica si en ese momento del proceso no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos irregulares.
Aplica si en ese momento del proceso no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos irregulares.
Las administradoras de pensiones y de cesantías deberán garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y portafolios de los fondos de cesantías.
Corte Constitucional ordenó investigar a una entidad bancaria por no notificar a central de riesgo la suplantación de ciudadano reportado como moroso.
Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.
Un acuerdo informa a los servidores de la Rama Judicial en qué consiste el teletrabajo, los requisitos y el trámite para acceder a él. Entrará en vigencia a partir del 11 de enero del 2023.
La columnista de ÁMBITO JURÍDICO analiza un fallo de la Corte Suprema que declaró inimputable a una mujer que mató a sus tres hijos.
El jefe de Estado, acompañado de los ministros de Defensa, Justicia e Interior, dio a conocer el listado de jóvenes detenidos en las protestas sociales que podrían quedar en libertad bajo la figura de gestores de paz.
El título de imputación en este caso es el daño especial. Por esta razón, la demostración de ausencia de falla en el servicio no exonera al Estado.
El pasado 12 de diciembre, el presidente decretó una nueva regla para el cuórum deliberatorio y decisorio del comité.
Exigibilidad de la solicitud de rectificación previa, como presupuesto de la acción de tutela, cuando a quien se acusa del presunto agravio es una autoridad estatal.
Se demostró que las obras realizadas por el demandante no pertenecen, en este caso, a la industria de la construcción.
So pena de incurrir en la infracción contemplada en el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario.
A pesar de advertir que la sentencia de instancia era desfavorable a su cliente, no interpuso el recurso de apelación dentro del periodo legal y con ello vulneró el deber de diligencia con sus encargos profesionales.
Estándares contables internacionalmente aceptados establecen tres categorías para reconocer y medir instrumentos financieros.
El acto de elección se encuentra viciado porque los disputados que lo eligieron no podían tomar la decisión.
La condecoración busca exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.
Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.
Se evidenciaron múltiples reprogramaciones y esperas de hasta más de un año para obtener bienes o devoluciones de dinero.
El presidente Gustavo Petro anunció la cifra que regirá para el 2023.
El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.
Este tiempo corresponde a las tres cuartas partes de los 20 años exigidos.
Hasta el 23 de diciembre, entidades estatales podrán ejecutar órdenes de giro y pago a favor de los beneficiarios finales de sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas.
La nueva cartera busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales, estará liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.
En todo caso, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna sin orden suscrita del trabajador para cada caso.
El ideal que persigue la UE es que la agricultura sea orgánica y que se reduzca lo más posible el uso de pesticidas y plaguicidas.
La falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial constituye un aspecto sustancial necesario para dictar sentencia de mérito.
Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un profesional que cobró una suma derivada de una indemnización y no lo informó a sus poderdantes.
Cada interesado deberá determinar si la factura corresponde a una operación a crédito, con plazo para el pago o de contado.
El cobro se hace con base en el promedio de residuos recogidos y dispuestos a nivel general (multiusuario).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trasladó a una de sus entidades adscritas una competencia que la propia norma legal le había encomendado.
Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Las simples declaraciones de las partes que favorezcan sus intereses deben ser corroboradas con otras pruebas.
No existe similitud de actividad económica, ni mucho menos personal en común, ni en comisión.
Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
La Ley 2101 del 2021, que redujo la jornada laboral semanal, brindó dos opciones al empleador para su implementación.
El demandante no logró acreditar que algunos de los votos obtenidos por el demandado fueron fruto de maniobras fraudulentas y corruptas.
La conducta es contraria a derecho y afecta el deber de colaboración leal y legal en la recta y cumplida administración de justicia.
Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.
Se busca garantizar el derecho fundamental a la salud, a una alimentación sana y a un consumo sano, responsable y bien informado: Minsalud.
Los valores se fijan según marca, línea, cilindraje del motor, capacidad de carga y pasajeros y año del modelo.
La Cancillería anunció una prórroga por dos años para cambiar el pasaporte cuando el menor de edad cumple siete años o alcanza la mayoría de edad.
Contraloría General de la República o las contralorías del nivel territorial deben realizar un estudio de las diferentes situaciones que se hayan presentado durante la ejecución del contrato para demostrar la responsabilidad fiscal.
Consejo de Estado explicó cómo la autoridad tributaria tendrá que desvirtuar la veracidad de la declaración de importación simplificada mediante el procedimiento de liquidación.
El Gobierno de Gustavo Petro buscará recaudar $ 80,21 billones hasta el 2026.
No se pueden incrementar las sanciones impuestas en una providencia sin el previo agotamiento del debido proceso sancionatorio: Corte Suprema.
Así mismo, cuando el usuario de sus servicios reciba la atención de otros profesionales que excluya la suya.
La impresión de una conversación de Whatsapp debe valorarse como prueba documental y no indiciaria.
El incumplimiento de este deber es conducta sancionable que da lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.
Revocaron la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones por error en el término de traslado para contestar la demanda.
La designación que se hizo por el juzgado generó de entrada una forzosa aceptación que al haber sido notificada al disciplinable reafirmó el compromiso y la debida diligencia profesional para apoyar a la administración de justicia.
Cuando se puso de presente por los convocados lo irregular de ser citados, por no tener voluntad de acudir a su jurisdicción, y pese a ese conocimiento, continuó con los procesos.
A diferencia de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, que restringe la participación de los accionistas que sean administradores.
El empleador está facultado para implementar las herramientas que estime convenientes para ejercer controles de cumplimiento.
Si se pretende la exclusión de responsabilidad en la actuación disciplinaria debe comprobarse la configuración de la insuperable coacción ajena: CNDJ.
Corte Suprema explicó que la condición de reserva de la audiencia de solicitud de orden de captura tiene pleno respaldo jurisprudencial y legal, cuando se busca garantizar el éxito de la investigación penal.
La Sentencia SU-075 del 2018 modificó las reglas de la Sentencia SU-070 del 2013 y garantiza el derecho a la defensa del empleador.
La oposición al Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría han presentado reparos al Decreto 2422.
El director del establecimiento de reclusión no puede resolver por sí mismo esta petición.
Es una obligación indefinida en el tiempo, sentenció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Explican si es posible aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al trámite de segunda instancia de las acciones populares.
La figura opera cuando el prestador no resuelva las peticiones, quejas y recursos presentados dentro del término de 15 días hábiles.
Se debe invalidar la actuación y remitir al juez competente.
En este caso, deberán colocarse señales visibles y estacionarse a la derecha de la vía, en perímetros rurales fuera de la zona transitable.
Los cambios se dieron con el objetivo de adelantar un control de las acumulaciones de riesgo por el tomador del seguro.
Los datos se calculan según las transmisiones de la Bolsa de Valores de Colombia.
Corte Suprema precisa la contradicción los dictámenes periciales del trámite de imposición de servidumbre de energía eléctrica.
La adquisición de derechos económicos habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o el inicio de su ejecución.
El documento igualmente determinó la cuantía de los excedentes financieros.
Si el pago no es salario porque no retribuye el servicio no integrará el IBC de aportes a la seguridad social integral, por lo tanto, no está sometido a límite legal alguno.
La institución educativa no podrá impedir a sus estudiantes que adelanten manifestaciones pacíficas que pretendan cuestionar sus políticas.
En cada caso particular se deben evaluar las características propias de la relación laboral e ingresos mensuales.
Se crea una comisión intersectorial integrada, entre otros, por los ministros del Interior, Defensa y Justicia.
La Corte Constitucional concluyó que un hospital puso en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una paciente al no prestar en forma oportuna el servicio de hemodiálisis.
Corte Suprema precisó los elementos de la persona que contribuye a la realización de la conducta punible de otro.
El fuero de estabilidad laboral cobija también al teletrabajador para no ser despedido de la entidad o empresa empleadora.
Garantía de imparcialidad no resulta afectada por el simple hecho de que en un mismo funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento: Corte Constitucional.
Su finalidad es notificar a los usuarios de las vías acerca de prohibiciones, restricciones y autorizaciones.
Corte Constitucional explicó cómo algunas medidas que producen trato diferenciado no son violatorias de la Constitución.
El decreto fue expedido luego de que el Presidente no llegara a la posesión dos magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema de Justicia.
La entidad podrá contratar operaciones de crédito hasta por 7,84 billones de pesos.
Al igual que la historia clínica general, existe obligación de custodia y reserva de la historia clínica ocupacional.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales analizó los impactos de la inflación en la canasta familiar.
Los pagos se harán por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre del 2022.
La Ley 2257 del 2022 fue firmada el pasado 11 de noviembre.
Las entidades vigiladas que realizan intermediación financiera están expuestas al riesgo de tasa de interés del libro bancario: Superfinanciera.
Las entidades deben asignar recursos para afrontar la eventual materialización de estos riesgos.
Los valores regirán para el periodo entre el 16 de diciembre del 2022 y el 15 de enero del 2023.
Según la entidad, los contribuyentes reducen sus compras antes y después del impulso asociado al festivo.
Así mismo, se requirió información a las aseguradoras en materia de inclusión financiera y productos accesibles.
El Banco de la República publicó los precios por gramo para liquidar las rentas por explotación.
El propietario del predio donde se constituyan servidumbres sobre redes o infraestructuras tiene derecho a que se le indemnice.
Los derechos y garantías mínimos que disponen la Constitución y la normativa laboral son irrenunciables.
Los preceptos constitucionales deben ser aplicados retrospectivamente para no perpetuar cualquier trato discriminatorio de las normas: Corte Constitucional.
El Gobierno reglamentó, mediante el Decreto 2397, los requisitos, plazos y condiciones para pago por menores tarifas que se hayan causado hasta el tercer trimestre del 2022.
Son 16 instituciones reconocidas entre el 1º de octubre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022.
Consejo de Estado precisa el momento a partir del cual se entiende suspendido el periodo para notificaciones en materia tributaria.
Igualmente señala que no puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo.
La medida aplica para las vigencias 2022 y 2023 a quienes superen el porcentaje de cubrimiento de su pasivo pensional.
El alza representa en dinero cerca de 2,5 millones de pesos.
Por orden del Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo expidió la reglamentación al inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
La medida obedece a que la anterior designación hecha por el Ministerio de Hacienda rigió hasta el pasado 6 de agosto.
Busca enaltecer a las instituciones de educación superior que han demostrado que sus actividades académicas y administrativas son orientadas por un ideal de excelencia.
Ahora será el Alto Comisionado para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el que asistirá como miembro del Comité Territorial de la Zona Estratégica de Intervención Integral Chiribiquete y Parques Naturales aledaños.
Corresponde al empleador adelantar todos los trámites ante las EPS, sustrayendo al trabajador de tal obligación.
El mecanismo procesal idóneo cuando el sujeto procesal advierte que el funcionario está incurso en una causal que lo inhabilita para conocer del asunto es la recusación: Corte Suprema.
En el derecho privado lo concerniente a la conmutatividad o equivalencia entre las prestaciones contractuales se encuentra regulado expresamente en el artículo 868 del Estatuto Mercantil.
Estos intereses son diferentes de los que se pueden causar por el no pago de otros bienes y/o servicios.
Esta norma es clave para financiar los principales programas del Gobierno Petro el próximo año.
Así mismo, recordó Mintrabajo, el contrato fijo es renovable indefinidamente, sin convertirse en un contrato a término indefinido.
Exigir paz y salvo antes de aceptar la gestión profesional es un deber profesional impuesto por el legislador: CNDJ.
Lo primero es que se calculan sobre el 70 % de la remuneración, independiente de que el IBC resulte inferior a 10 SMMLV.
Buena parte de nuestra labor pedagógica ha consistido en derrumbar falsos mitos. Uno de ellos tiene que ver con los efectos de las decisiones adoptadas a través de mecanismos de resolución de conflictos.
La norma desconoció el principio de unidad de materia, al prever en el plan nacional de desarrollo disposiciones relacionadas con la contribución especial.
La idea de un modelo social de discapacidad requiere aplicar mecanismos especiales que faciliten el ejercicio de los derechos en condición de igualdad para personas en esta condición.
Confirman suspensión de fiscal que incumplió las funciones asignadas a su cargo al dejar de aplicar en la imputación un agravante.
Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.
El ejercicio de estas actividades sin la debida autorización y sin tratarse de una excepción constituye un ejercicio ilegal.
De acuerdo con el accionante, la presunción de inocencia deja de tener validez jurídica cuando de ascensos y premios para el personal de oficiales y suboficiales se trata.
Debe garantizar a la población privada de la libertad un entorno acorde a las condiciones que su salud mental requiera.
Llegó a la conclusión de que era imperceptible la necesidad de intervención del juez de tutela.
Siempre y cuando contengan una decisión emanada de una entidad pública, capaz de producir efectos jurídicos vinculantes y obligatorios para las personas.
Niegan pretensión de nulidad promovida contra el acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de Huila.
La Ley 1429 del 2010 derogó expresamente la norma que establecía el deber de solicitar autorización del Ministerio de Trabajo.
Exención del impuesto sobre las ventas se debe determinar en casa caso particular, según logística y acto de calificación.
El Congreso de la República aprobó en primera vuelta del proyecto de acto legislativo promovido por el Gobierno.
Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.
Basta con que cualquiera de las partes que intervinieron en la enajenación informe a la empresa prestadora sobre el negocio.
Se demostró que el abogado desconoció su deber a la debida diligencia establecido en la Ley 1123 del 2007.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 (parcial) de la Ley 941 del 2005.
Un programa de alto impacto que hará que las pequeñas empresas crezcan desde el aprendizaje.
El Gobierno ha planteado ‘desindexar’ algunos productos, subsidios para agroinsumos y fertilizantes.
Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.
El servicio satisface necesidades de movilización dentro del ámbito exclusivo de las personas naturales y/o jurídicas.
Consejo de Estado define competencias y el alcance del FOMAG, sobre sus funciones al trámite y gestión del pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados.
El contratista pretende la nulidad de los actos administrativos para que se efectúe el cruce de cuentas que corresponda.
Consejo de Estado precisa el término que las partes tienen para instaurar una acción judicial en contra de la decisión de la amigable composición.
De acuerdo con el artículo 195 del Código General del Proceso, no vale la confesión de los representantes de las entidades públicas, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
Esto solo es aplicable a los afiliados en situación de vulnerabilidad, habida cuenta de que solo respecto de ellos se muestra una afectación intensa a derechos fundamentales.
No aplica la posibilidad de aumento de sueldo por solicitud del servidor, aunque tenga mayor experiencia y estudios profesionales.
El Ministro de Justicia indicó que se expedirá un decreto reglamentario que le permita al Ejecutivo proceder con la selección de los gestores.
El DANE reportó que, para noviembre, la inflación se ubicó en 12,53 %, la más alta en 23 años.
Corte Suprema se pronuncia sobre la validez y presupuestos de los documentos en idioma foráneo y otorgados en el extranjero.
El objeto de la norma es crear programas de capacitación, deporte y ocio, con el fin de brindar alternativas de calidad de vida a los trabajadores.
Corte Constitucional admite demanda contra los artículos 7, 14, 16 y 22 (parciales) de la Ley 2199 de 2022.
Deben observar las normas previstas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos.
De acuerdo con los demandantes, se debe extender a las parejas del mismo sexo y a los compañeros o compañeras permanentes.
Consejo de Estado señaló que debe pactarse la exclusividad del prestador, áreas en las que esta tendría lugar y medida o condición que permita inferir dicha exclusividad.
Municipios deben ajustarse a las normas generales y densidades máximas definidas por la CAR correspondiente.
Confirman suspensión y multa a abogado que dejó de asistir a unas audiencias.
No participación de los empleados regionales en la elección no implica una vulneración del principio democrático.
Corte Suprema señala que el porcentaje legal de trabajadores despedidos se debe calcular sobre aquellos que tengan contrato de trabajo.
En el caso bajo estudio, el contribuyente logró demostrar los gastos fiscales que tuvieron la virtualidad de disminuir la base imponible del impuesto sobre la renta del año gravable 2010.
El 1º de julio del 2022 venció el plazo para la vigencia del reconocimiento e inscripción del UAP.
Dada la existencia de un contrato celebrado con un tercero que ocupa el área de interés, no es posible que el restablecimiento sea ordenado.
Corte Suprema se pronuncia sobre un exceso ritual manifiesto al momento de verificar la recepción de un memorial.
De acuerdo con la definición legal prevista en el artículo 3° de la Ley 610 del 2000.
En principio, al empleador no le correspondería asumir la carga económica de la suspensión del contrato.
La desconexión laboral es un derecho que tienen los trabajadores a no tener contacto por cualquier medio para cuestiones laborales en horarios por fuera de la jornada laboral.
En espacios cerrados y eventos donde se presenten aglomeraciones se deberá usar nuevamente el tapabocas.
No siempre todos los ingresos salariales se tienen en cuenta para efectuar aportes al sistema de seguridad social.
El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, lidera esta iniciativa.
Se desconocieron las competencias atribuidas a las contralorías, ya que existen otros mecanismos judiciales para lograr el resarcimiento del patrimonio a favor del Estado.
Se debe acreditar que tenía conocimiento de los temas de esas conversaciones y que participó en las presuntas actividades ilícitas.
Consejo de Estado hace aclaración sobre la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
El desarrollo de actividades contables requiere la calidad de contador público, que se prueba a través de su tarjeta profesional.
Debe ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990 o en las disposiciones que la modifiquen.
La directora del DANE, Piedad Urdinola, presentó la metodología para calcular el índice que servirá para concertar el aumento del próximo año.
La solicitud de registro Invima tiene su respaldo en la Ley 223 de 1995, cuando hace referencia a las obligaciones establecidas a los sujetos responsables.
Consejo de Estado se pronunció sobre el destinatario de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.
Agentes del mercado deben respetar el derecho del consumidor a recibir productos y servicios de calidad.
El profesional no entregó el dinero obtenido por el pago de una sentencia a favor del quejoso.
Considerando la importancia de la salud mental, el trabajador podría solicitar una licencia por grave calamidad doméstica.
A la accionante le impidieron el goce efectivo de su derecho a la visita íntima con una persona de su mismo sexo, bajo el argumento de que no se autorreconoció como miembro de la población LGBTQIA+
Estas inversiones en el mercado Forex no cuentan con autorizaciones para ser ofrecidas en el país.
La Corte concluyó que la norma cumple un fin, pero la medida no es estrictamente necesaria ante la ausencia de articulación de la normativa sobre bienes baldíos.
Según los datos presentados por el DANE, la cifra fue 2,3 puntos porcentuales menor a la registrada en el mismo mes del año pasado.
Representa un aumento de 279 puntos básicos en relación con la anterior certificación (38,67 %).
Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.
Los servidores judiciales deberán volver de vacaciones el miércoles 11 de enero del 2023, hay despachos que siguen sus labores.
La extinción de la obligación se verifica con el resarcimiento del daño, es decir, cuando ingresan recursos a las arcas públicas.
Se configuró una omisión legislativa relativa al no incluir las reglas de adjudicación de las licencias de paternidad en relación con las parejas adoptantes del mismo sexo: Corte Constitucional.
La muerte del joven se produjo cuando estaba vinculado a esa entidad en calidad de conscripto, el fallecido no tenía el deber de soportar una carga superior a la que implicaba prestar el servicio militar.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
La CNDJ confirmó la sanción a un abogado que descuidó y dejó de hacer las actuaciones propias de la gestión profesional.
UARIV debe aplicar enfoque diferencial en trámites de reparación de personas víctimas de la violencia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resaltó que incumplir con este deber afecta la función pública de administración de justicia.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
La corporación no ha ordenado la publicación del proyecto de decisión ni ha discutido el tema en Sala Plena.
Árbitros no están facultados para reconocer una bonificación por firma cuando de manera expresa en el pliego de peticiones se supedita su reconocimiento a la celebración de la convención.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
La Corte consideró injustificable el actuar de la EPS, al negar el acceso a insumos y servicios médicos solicitados que ya hacían parte del PBS.
Pueden designar a un apoderado o, en su defecto, un defensor de familia, en los términos del Código de Infancia y Adolescencia.
Protegen derecho a la igualdad de la accionante, otorgándole el mismo trato jurídico dado a los demás demandantes dentro de un proceso ordinario laboral.
Resulta adecuado valorar tanto el estado de salud como la condición económica del paciente y su núcleo familiar para determinar si se amenazan sus garantías fundamentales.
No usurpó la competencia de los árbitros al referirse a la confidencialidad, sino que ejerció la competencia que le asistía como juez de insistencia.
EPS vulneró el derecho al mínimo vital y la vida digna de una ciudadana al negarse a pagar las incapacidades causadas con posterioridad al día 540: Corte Constitucional.
En función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico, por lo que no constituyen un crédito a favor del interesado.
El tutelante será responsable de la permanencia de la canina en las instalaciones de su lugar de trabajo y de cualquier daño ocasionado a las personas, los bienes y la infraestructura.