En la Constitución, la educación superior está concebida, además de un derecho social y cultural y un deber personal, como un servicio público, asegura este académico.
En la conciliación, se cayó la “supercorte” encargada del juzgamiento de aforados y las atribuciones para la Corte Constitucional como órgano de cierre en materia de tutela.
El funcionario puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes, siempre y cuando se garanticen los derechos de defensa y contradicción.
El Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática es pionero en el país en el análisis de las relaciones entre el Derecho y las nuevas tecnologías.
En los procesos de restitución de territorios colectivos, se presumirá de derecho la inexistencia de actos jurídicos o la invalidez de sentencias que hayan transferido la propiedad a terceros.
Las entidades citadas deberán responder los interrogantes formulados por las organizaciones veedoras del proceso de cumplimiento y las asociaciones de población desplazada.
La Corte Suprema de Justicia se apartó de la discusión, y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pidió el hundimiento de la propuesta.
El servicio de salud debe prestarse eficientemente. Por lo tanto, las EPS no pueden interrumpirlo de forma intempestiva e irrazonable, advirtió la Corte Constitucional.
Cuando quien pretende la reparación no se somete a las decisiones judiciales que ordenaron su retención, no se configura este título de imputación de responsabilidad estatal.
Como el servicio es general e indiscriminado para vehículos y peatones, no resulta jurídicamente viable ni equitativo que se les obligue a asumir su costo.
La hoja de vida del aspirante deberá ser publicada en las páginas de internet de la entidad nominadora y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes mantuvo el artículo que les concede funciones jurisdiccionales a los empleados judiciales y a particulares.
El Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional por los perjuicios causados a los familiares de unos agentes que fallecieron en una emboscada del ELN.
Si la administración no resuelve los recursos interpuestos en el término de un año, los particulares sancionados quedarán exonerados de responsabilidad.
El evento se realizó durante los días 24 y 25 de noviembre, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
En la nueva obra del profesor Javier Tamayo Jaramillo, se realiza una crítica a las doctrinas del nuevo derecho, del neoconstitucionalismo ideológico y, en general, del activismo judicial.
El Gobierno tendría que radicar proyectos de ley para derogar normas anacrónicas, improcedentes, contradictorias, incompletas, inexactas o redundantes.
La iniciativa busca garantizar la protección del derecho a la salud pública de la población, amenazada por el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en lugares públicos.
La Comisión Nacional del Servicio Civil no puede suspender la ejecutoria de las listas de elegibles conformadas por los concursos de méritos existentes.
La Sección Tercera del Consejo de Estado incorporó el test de proporcionalidad a la liquidación de los perjuicios morales en las acciones de reparación directa.