El Consejo de Estado advirtió que toda autoridad investida de facultades policiales debe respetar la Constitución, la ley y los principios democráticos. Por tanto, resaltó que la Policía debe acatar un código de conducta que resulte legítimo en términos de derechos humanos. De esta forma, declaró responsable a la Policía por la ejecución extrajudicial de una persona que había sido detenida preventivamente. El alto tribunal indicó que en este caso se podía acoger el título de falla en el servicio o el de imputación objetiva por la muerte de una persona detenida o en estado de reclusión temporal. Según la Sección Tercera, se demostró que la muerte se produjo cuando la víctima estuvo en custodia de la Policía, sin que se acreditara que salió del lugar de reclusión (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).