Así quedó la reforma a la justicia, aprobada en primera vuelta

Las plenarias del Congreso aprobaron esta madrugada el informe de conciliación del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia impulsado por el Gobierno.
 

La iniciativa, que modificaría 32 artículos de la Constitución Política y crearía uno (256A), se refiere a aspectos fundamentales como la estructura del Consejo Superior de la Judicatura, la entrega de funciones jurisdiccionales a autoridades diferentes a las judiciales y a particulares, la postulación y la elección de altos funcionarios del Estado y la doble instancia para el juzgamiento de congresistas.
 

Precisamente, sobre este último aspecto, se eliminó la creación de un tribunal de investigación y juzgamiento ajeno a la Corte Suprema de Justicia encargado de adelantar los procesos contra congresistas y otros funcionarios aforados.

En su lugar, en la Corte existiría una Sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento, que actuaría como primera instancia. Los integrantes de estas nuevas salas no pertenecerían a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que actuaría como segunda instancia.

De otro lado, se ampliaría la aplicación de la figura de la “silla vacía”, que prohibiría las suplencias de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, si existe condena penal o medida de aseguramiento por delitos electorales, políticos y culposos.
 

Otro de los aspectos polémicos de la reforma es el fuero militar, que presume que los delitos cometidos en operaciones militares y de policía son actos del servicio y, por lo tanto, su investigación corresponde a la justicia penal militar.
 

Así mismo, se consagra el hábeas iuris, como un instrumento de garantía y defensa de los derechos fundamentales al interior de los procesos. Este mecanismo, que se podría interponer ante la autoridad judicial de superior jerarquía, debería resolverse en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
 

Funciones judiciales a particulares
El Gobierno destacó que su iniciativa descongestionará los despachos judiciales, a través del otorgamiento de funciones jurisdiccionales a abogados, jueces adjuntos, notarios y centros de arbitraje. También se le entregarían funciones judiciales al Congreso de la República. De todos modos, el alcance de esta medida deberá reglamentarse.
 

El texto aprobado en primera vuelta elimina la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y crea la Sala de Gobierno, que definiría las políticas de la administración de justicia y estaría integrada por 10 miembros, incluidos los presidentes de las altas cortes y delegados de los magistrados y jueces y de los empleados judiciales. 
 
 

Cambios en la nominación de altos funcionarios
En cuanto a la elección de altos funcionarios del Estado, la Cámara de Representantes sería la competente para elegir al Contralor General de la República, de una lista conformada mediante un mecanismo que no se definió, pero que se determinará en una nueva ley.

Las altas cortes ya no participarían en la postulación de candidatos a Procurador General de la Nación. La terna sería definida por el Presidente de la República y la elección le correspondería al Senado.

Los cambios en la elección del Auditor General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Defensor del Pueblo fueron suprimidos.

Sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el proceso cambiaría, pues serían elegidos por la mayoría absoluta de sus miembros, de listas de cinco  candidatos conformadas mediante convocatoria pública.

El juzgamiento del Procurador y del Contralor ya no le correspondería a la Corte Suprema de Justicia. El Senado de la República conocería las acusaciones que formule la Cámara de Representantes. Este mismo procedimiento aplicaría para el Vicepresidente de la República y para los miembros del Consejo Nacional Electoral.

Otra novedad de la propuesta indica que el término para legalizar capturas, allanamientos e interceptaciones de comunicaciones se podría extender a 72 horas.

Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, la reforma faculta al Gobierno para que proponga una ley que limite los montos de las indemnizaciones.

Vale la pena destacar la eliminación de la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para conocer acciones de tutela.

Nivelación salarial para la Rama Judicial
En el último debate al proyecto, se incluyó un artículo transitorio que ordena que dentro del año siguiente a la expedición de la reforma se tramite una ley para definir la nivelación y la diferenciación salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

La reacción de los actores de la Justicia

Antes de que se conociera la conciliación del proyecto de acto legislativo, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación le pidieron al Presidente de la República que intervenga en el trámite del Legislativo, argumentando que el proyecto “no contiene medidas que permitan fortalecer el equilibrio del poder público, ni responde a la demanda ciudadana en términos de acceso a la administración de justicia”.

En declaraciones a ÁMBITO JURÍDICO, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, se refirió a los aspectos de la reforma que le preocupan a la corporación.

Por ejemplo, indicó que las funciones jurisdiccionales que se les entregarían a los particulares significan la privatización de la justicia. Además, enfatizó su preocupación sobre quién nombrará a estos colaboradores.

Tarquino también critica que se les quiera otorgar funciones judiciales a los notarios, pues cree que, además de no ser consultados, estos actores de la fe pública no estarían preparados para impartir justicia.

Sobre la propuesta de eliminar la facultad que tiene la Corte para nominar a altos funcionarios, señaló que esta disposición pone en riesgo el equilibrio de las ramas del Poder Público.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si volverá a la discusión del proyecto el próximo año, afirmó que no puede darle el aval a una reforma que atenta contra la administración de justicia.

El proyecto de acto legislativo continuará su trámite en segunda vuelta, a partir del periodo legislativo que comienza en marzo del 2012.