El Gobierno promulgó el Acto Legislativo 06 del 2011, que autoriza al Congreso para entregarle el ejercicio de la acción penal a la víctima u otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. Esta reforma constitucional también le permitiría al fiscal general delegar en el vicefiscal o en los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia la investigación y acusación de altos funcionarios, como ministros, directores de departamentos administrativos, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, entre otros.