Aunque la relación causal material no es inmediata entre la conducta y el daño cuando falla la prevención y control en salud y atención médica, el Estado es responsable administrativa y patrimonialmente. Así lo advirtió el Consejo de Estado al precisar que la administración es garante de las políticas de prevención de salud y que cuando no están no se activan con oportunidad y con los medios necesarios, el daño resulta imputable a las autoridades correspondientes. De esta forma, la Sección Tercera declaró responsable al entonces Ministerio de Salud, al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al departamento de La Guajira por la muerte de varias personas afectadas por una epidemia de encefalitis equina venezolana en 1995, pues para esa época estas entidades eran responsables de la prevención de epidemias y no actuaron frente a la información que le fue provista por diferentes fuentes ni efectuaron la vacunación, que era el medio adecuado para evitar o reducir el riesgo de aparición de la epidemia y de la propagación de la misma (C.P. Danilo Rojas Betancourth).