El régimen jurídico de las asociaciones público privadas propuesto por el Gobierno será estudiado por las plenarias del Congreso hoy. La ponencia favorable para último debate aclara que la futura ley aplicará para todos los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de infraestructura y servicios asociados como reparación, mejoramiento o equipamiento. Bajo este nuevo esquema estarían cobijados proyectos con inversión superior a 3.550 salarios mínimos mensuales.