Mediante la Resolución 5237, el Ministerio de la Protección Social definió la forma de distribuir los recursos provenientes del impuesto a municiones y explosivos, que se destinarán a la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica. Los recursos disponibles llegan a $ 1.400 millones y se distribuirán entre los 10 departamentos con mayor puntaje según criterios como el número de personas con discapacidad, tasa de homicidios y suicidios.