La Ley 1425 del 2010, que eliminó el pago de incentivos económicos para los actores populares, acaba de superar otra demanda de constitucionalidad.

En esta oportunidad, la norma fue atacada por la supuesta vulneración del principio de igualdad. Según el demandante, si se entregan recompensas a quienes denuncian hechos punibles, deben ser recompensados también quienes interponen acciones populares en beneficio del patrimonio público.

El alto tribunal declaró infundado el argumento y señaló que las acciones populares constituyen un derecho político que no se equipara con las recompensas que reciben quienes denuncian delitos.

En el fallo, la Corte también se pronunció sobre el trámite del proyecto de ley en el Congreso. A su juicio, el Legislativo obró dentro de los márgenes establecidos en la Constitución, pues, aunque hubo una modificación importante del proyecto en el tránsito entre la comisión permanente y la plenaria del Senado, se mantuvo su identidad temática.

(C. Const., comunicado Sent. C-911, dic. 6/11, M. P. María Victoria Calle)