Cuando un atentado terrorista resulta previsible, esto es, que las autoridades saben que en un alto grado de probabilidad ocurrirá ese hecho, el Estado está en la obligación de prestar la protección necesaria. Así lo advirtió el Consejo de Estado al señalar que el incumplimiento de este deber configura una falla del servicio. El alto tribunal aclaró que esa previsibilidad no se predica solo del acto terrorista, sino de todas las circunstancias que lo rodeen. De esta forma, declaró la responsabilidad administrativa de la Nación por la muerte, en 1994, de varios uniformados de la Policía Nacional cuando se desplazaban por el municipio de Villas del Rosario (Norte de Santander) y fueron atacados por miembros del Ejército de Liberación Nacional. Para el caso concreto, se concluyó que era previsible la emboscada y que no se efectuaron los planes de planeación y prevención que se requerían. La Sección Tercera recordó el título de imputación aplicable a los daños ocasionados sobre los miembros de las Fuerzas Armadas (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).