Mediante el Decreto 4632 del 2011, el Gobierno reglamentó la integración y el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, creadas por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), que tendrán la misión de velar por la aplicación y el cumplimiento de esa normativa. La primera está integrada por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Auditor General de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la Nación y los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, entre otros funcionarios.