Ante la Cámara de Representantes se presentó la ponencia favorable para cuarto debate de la propuesta para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Según el articulado, las entidades territoriales deberán proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de estas personas, como intérpretes y modelos lingüísticos. Por otro lado, se propone que el Gobierno expida un decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de contratación estatal a las empresas que tengan en su planta a personas con discapacidad. Adicionalmente, las entidades públicas deberán vincular laboralmente a estas personas en al menos el 5 % de los cargos existentes.