El Consejo de Estado recordó que la administración debe responder por los daños que produzca la ejecución de obras públicas a través de contratistas, pues estos son solo ejecutores materiales de la obra y colaboradores de la administración en el cumplimiento de fines públicos, mas no titulares de esta. Así las cosas, los municipios deben garantizar el tránsito adecuado y seguro en la vía donde se realizan trabajos públicos y, por esa razón, deben exigirle a los contratistas directamente o a través del interventor que cumpla con las normas de señalización. Con estos argumentos, la Sección Tercera encontró demostrada la responsabilidad de la administración en las lesiones causadas a un menor que cayó en una excavación cuando se movilizaba en una bicicleta por una vía donde se adelantan obras (C.P. Gladys Agudelo Ordoñez).