La Sección Tercera del Consejo de Estado siguió liquidando los perjuicios morales en las acciones de reparación directa con base en el test de proporcionalidad, tal y como lo comenzó a hacer desde la Sentencia 20144 del pasado mes de agosto. En un fallo del mes de octubre, la corporación aplicó de nuevo el test, con base en el mismo argumento: la necesidad de superar la discrecionalidad judicial a la hora de cuantificar este perjuicio y establecer una tabla objetiva, que oscila entre los 5 y los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el primer fallo, hubo dos aclaraciones de voto. En esta ocasión, ya hubo un salvamento de voto de Enrique Gil Botero. Para el disidente, el uso de este estándar para liquidar el daño moral no asegura ninguna objetividad. Además, es inadecuado para este fin, ya que el test es un método para solucionar la colisión de derechos fundamentales (C. P. Jaime Orlando Santofimio).