Sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad en la facultad nominadora de los empleos de libre nombramiento y remoción, su provisión en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberá sujetarse a los criterios de transparencia en los procesos de selección, las competencias laborales de los aspirantes, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones y responsabilidades del empleo. Así lo acaba de establecer el Gobierno, a través de un decreto reglamentario de la Ley 909 del 2004 y el Decreto-Ley 770 del 2005. La nueva regulación contempla el procedimiento para la evaluación de tales competencias, que lo podrán realizar universidades públicas o privadas y empresas consultoras externas especializadas en selección de personal, entre otras entidades.