"El Estado está obligado a garantizar la seguridad y la protección de sus ciudadanos, por lo que se entiende garante y responsable de la precaución y prevención del riesgo, social e individualmente considerado. Así lo explicó el Consejo de Estado al declarar la responsabilidad administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la muerte de una periodista a manos de quien para la época debía encontrarse cumpliendo una sentencia penal condenatoria, notificada y ejecutoriada. Para el alto tribunal, al responsable directo del homicidio se le concedió la libertad, sin que se constatara y verificara la hoja biográfica, prontuario o antecedentes penales, con el fin de advertir la existencia del fallo condenatorio. Así las cosas, responsabilizó al Inpec por el incumplimiento de expresos mandatos normativos de manera ""inexcusable, flagrante y grosera"". La corporación aclaró que aunque el daño antijurídico fue causado por un tercero, la atribución jurídica de responsabilidad estatal surgía de la posición de garante institucional, de la que se derivaban deberes jurídicos de protección. Contrario a ello, se generó una exposición del riesgo indebida para la sociedad, que se materializó en el daño (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). "