En cumplimiento del artículo 19 de la Ley 1448 del 2011, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el plan de financiación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que busca garantizar los recursos para la implementación de las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral de las personas beneficiarias de esa norma. Para el periodo 2012-2021 (término de vigencia de esa ley), su costo de financiación asciende a $ 54,9 billones (a pesos de hoy), de los cuales, $ 31,6 billones corresponden a la atención y reparación de las víctimas por el menoscabo de sus derechos como consecuencia del conflicto armado interno. El plan estima en 830.000 los hechos victimizantes (homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, etc.) y en 360.000, las reclamaciones relacionadas con el despojo de tierras. De este último número, 319.000 son reclamaciones de población desplazada y 41.000, de víctimas únicamente del despojo de tierras. El estimativo oficial agrega que 215.000 casos serían objeto de restitución; 55.000, de compensación por imposibilidad de restitución física y 30.000, de compensación por haber comprobado la buena fe en acceso al predio.