La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.
Corte Constitucional ampara derechos fundamentales de una mujer trans y afrodescendiente despedida de forma discriminatoria y por razón de su identidad de género.
La responsabilidad del revisor fiscal cesa a partir de la fecha en que ha dejado de ejercer el cargo por renuncia o remoción
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 del 2017.
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones del artículo 61 de la ley 1480 del 2011.
La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial versa frente a hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.
Corte Constitucional deja en firme una decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad por daños a la dignidad e integridad que experimentaron mujeres privadas de la libertad.
La Ley 2101 del 2021 fue concebida para promover la productividad empresarial en el sector privado.
La capacidad legal y la de ejercicio deben presumirse y protegerse, sin que los jueces de la República puedan restringirla ni establecer discriminaciones de ningún tipo: Corte Suprema.
Colombia modifica sus reglas de fuente nacional para incluir como nuevo nexo la presencia económica significativa de personas o entidades no residentes en transacciones de venta de bienes o prestación de servicios.
Contribuyentes del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso fungen a la par como responsables del mismo.
Se deben cumplir las circunstancias constitutivas de domicilio civil, es decir, las señaladas en los artículos 77 y siguientes del Código Civil.
La Dian emitió un concepto general sobre el impuesto de timbre nacional con motivo de la última reforma tributaria.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 del 2022.
Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
Comunicación de la sentencia debe surtirse por notificación personal, por lo que el edicto, al ser subsidiario, solo puede practicarse cuando no haya sido posible practicar la notificación principal: CNDJ.
Se podrá otorgar con la instalación de comedores o casinos, el uso de restaurantes administrados por terceros y la entrega de bonos.
Los requisitos que debe cumplir la factura para que sirva como soporte del costo están en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
La aerolínea habría recaudado cerca de $ 272.000 millones antes de anunciar el cese de operaciones.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 160 de 1994.
Corte Suprema precisó cuándo el empleador está en el deber de incluir el auxilio de transporte en la liquidación de las prestaciones sociales de sus trabajadores.
La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.
El abogado no debe sacrificar el deber de entregar a su cliente los dineros que le correspondían para ejercer su legítimo derecho a percibir honorarios: CNDJ.
En la apelación no se reiteran los trámites del proceso principal sino que se fijan unos distintos que buscan determinar la exactitud o la falta de ella en el proceso que la originó.
Corte Suprema reiteró la necesidad de acatar las decisiones de los jueces de la República como elemento estructural de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Todos los nombramientos irán hasta el 31 de diciembre de este año y su objetivo fundamental es descongestionar los despachos judiciales.
Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay más de 500 personas en las cárceles condenadas por este delito.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 252 del 2020, el cual adiciona el Decreto 1088 de 1993.
No resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos.
La expresión “si es del caso” significa que la norma no impone a todas estas entidades la obligación de contar con revisor fiscal.
En julio del 2021, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio garantizar los derechos laborales de los maestros que prestan sus servicios a la población indígena.
Los conductores y propietarios de estos automotores denunciaron trabas para acceder a las copias de sus expedientes ante los organismos de tránsito.
Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.
La inmediatez se acredita demostrando con prueba sumaria o con indicios que la afectación de los derechos es continua y que el accionante ha desplegado actuaciones tendientes a buscar el amparo de sus garantías.
Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito sin la debida autorización afecta la actividad económica.
Acoso laboral, violencia sexual, violencia económica y feminicidio son algunos de los delitos tipificados en esta medida.
El tiempo que puede pasar una persona en un litigio cuando existen divergencias interpretativas es tiempo en el que existe una negación de facto de sus derechos como sujeto.
Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.
Demandan por inconstitucionalidad la Ley 2281 del 2023 por impacto fiscal.
Se trata de una respuesta a la providencia del Consejo de Estado que pidió cerrar el vacío legal que existe frente al tema.
Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Consejo Superior de la Judicatura abre convocatoria para las secciones Primera, Segunda, Tercera y Quinta del Consejo de Estado.
Los accionantes pretenden que se declare la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 y sugieren unas modulaciones en caso de no encontrar la inconstitucionalidad.
La potestad reglamentaria, que es inalienable, intransferible e inagotable, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo.
La iniciativa beneficia a cerca de 5.000 mujeres que tienen condenas que no superan los ocho años.
Este año seguiremos trabajando en identificar buenas prácticas de escritura que nos permitan mejorar y que, de ser necesario, se plasmarían en acuerdos o lineamientos prácticos de estilo.
La Corporación hizo el llamado al presidente Gustavo Petro tras sus cuestionamientos sobre decisiones de los tribunales.
No existen parámetros válidos de exclusión del Sistema General de Pensiones por edad, ya sea frente a menores de edad o personas mayores.
Seguimos a merced, al menos desde el Derecho, de una construcción artificial de la naturaleza vía el lenguaje jurídico.
Alejandra Coll Agudelo, experta en estudios de género, visibiliza esta situación y explica las consecuencias en materia de violencia sexual contra las mujeres.
Esto no se hace ni por los ‘papitos’ ni por garantizar la libertad de la mujer. Detrás de esta práctica existe un multimillonario negocio de personas y sociedades.
Acción de responsabilidad civil contractual: una figura clave, aunque poco explorada para la defensa de los recursos públicos.
Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 del 2008.
No constituye un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que antes de inscribirse haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Toda mi admiración, respeto, agradecimiento y cariño para esas jóvenes mujeres que se cuidan y se apoyan entre ellas y que por fin han entendido que la de al lado es aliada y no competencia.
El ejercicio del derecho a la resistencia va acompañado de una simbología que funciona como herramientas de la memoria y sensibilización del otro, pues, a veces, la realidad parece no ser suficiente.
Aún quedan obstáculos y desafíos en la ruta para que esta decisión se implemente con la integridad que merece, y con las guías que se determinan en la resolución del Ministerio.
Le asiste un mejor derecho al reintegro al servicio por orden judicial cuando se confronta con el derecho de nombramiento en propiedad del primero en la lista de elegibles en concurso de méritos de la Rama Judicial.
Se espera que los partidos presenten hoy el articulado al Gobierno nacional.
El próximo 29 de octubre, Colombia tendrá elecciones regionales, que se convertirán en una importante oportunidad para aumentar la participación de las mujeres en estos espacios.
Herramientas tecnológicas de inteligencia artificial podrán apoyar el logro del objetivo de la justicia de género.
El proyecto de ley establece que los recursos del sistema de salud son de destinación específica y, por ello, son de carácter parafiscal, inembargables y tienen naturaleza pública.
La persecución por razones de género se refiere precisamente a conductas que se cometen al amparo de prejuicios y estereotipos sexistas.
A diferencia de lo que sucede con otros temas, el estado actual de la muerte digna en el derecho internacional de los derechos humanos aún es incipiente e, incluso, cauteloso.
Corte Suprema resolvió si se incurrió en presunta vía de hecho por decretar como cautelas el embargo y secuestro de dos animales.
Para la protocolización de la operación con compañías beneficiarias que aún no existen, deben aportarse estados financieros de la sociedad escindente.
La atención en salud de la población adulta mayor no se puede limitar por ningún tipo de restricción administrativa o económica.
No podemos seguir denominando figuras tributarias impropiamente, ni definiendo erradamente los elementos de su obligación tributaria.
Los partidos políticos son entidades no contribuyentes, pero están obligados a llevar libros de contabilidad y presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
La doble condición de mujer y discapacidad genera para el Estado y los particulares un sinnúmero de deberes relacionados con la eficacia de sus derechos.
La trata de personas se produce y desarrolla en diversos entornos de vulnerabilidad económica, social, política, jurídica, geográfica, etc.
Consejo de Estado se pronunció sobre la expresión “y su reglamento”, incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 2013.
Los conductores que estacionen sus vehículos con este objeto deberán hacerlo en zonas y horarios determinados.
A pesar de los derechos fundamentales que ha reconocido y salvaguardado la Corte Constitucional, no cesa la violencia de género de la que continuamente es objeto esta población.
Los riesgos ambientales contienen un componente de futuro que es preciso evitar y, por ello, cobra vital importancia la prevención.
Este será el trabajo del Congreso para la segunda semana de marzo.
Los jueces tienen el deber de observar los lineamientos sentados por los órganos encargados de unificar jurisprudencia, cuyo precedente es vinculante: Consejo de Estado.
En un concepto enviado a la Corte, la Procuradora General solicitó declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Según el ministro Néstor Osuna, es necesario dar un mejor manejo a los $ 3,2 billones de presupuesto asignados a estas entidades.
Se requiere que la Administración haya exigido la presentación de libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad en relación con costos, deducciones, descuentos o pasivos que se estén investigando y que el contribuyente no los hubiera presentado.
El propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras debe mantenerlo en óptimas condiciones.
La medida se decretó en el marco de una demanda de protección al consumidor instaurada por uno de los afectados con la suspensión de operaciones.
Temas como la corrupción o la posible reforma a la Ley 80 marcaron los dos días de debate y conversación a cargo de juristas y expertos de diferentes países.
La Sala Plena señaló que en los casos que una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución pueda producir efectos irremediables o eludir el control de constitucionalidad es necesario adoptar medidas también excepcionales.
Al primer mandatario no le es posible reasumir unas funciones que no le han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico.
El legislador puede habilitar a la ANDJE para solicitar conceptos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para precaver litigios entre entidades públicas o poner fin a los existentes.
La Corte Constitucional expresó que se vulneraron derechos fundamentales luego de señalar el alcance del principio de igualdad.
Las consecuencias derivadas de la falta de afiliación al sistema de pensiones o la ausencia de pago de las cotizaciones no están sometidos a la prescripción extintiva.
Una nueva conducta violatoria a las normas de tránsito denota un comportamiento contrario al debido acatamiento.
Autoridades locales de tránsito y transporte pueden inmovilizar vehículos e imponer multas de hasta 30 salarios mínimos legales.
Conceden tutela a familiares de ciudadano que murió después de cirugía sin haber otorgado el consentimiento informado.
Ley de Borrón y Cuenta Nueva dispone que a la solicitud de corrección se aporten soportes que permitan establecer identidad.
Los integrantes de la Policía podrán acceder a los circuitos cerrados para acciones de identificación o judicialización en el marco de una investigación de carácter penal.
Las potestades que se le otorgarían al presidente por virtud del proyecto de artículo 298 del Plan de Desarrollo son demasiado amplias e imprecisas.
Servicios e insumos de salud que requieran las personas de la tercera edad deben garantizarse de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.
El ‘habeas corpus’ procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, Francisco Barbosa, cabeza del ente investigador, expuso sus reparos a la ley de humanización de la política criminal.
El juez está en la obligación de adelantar un examen riguroso del comportamiento asumido por el empleador en su condición de deudor.
El precedente no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho: Consejo de Estado.
Desde el año 2018, y para efectos de la renta exenta, se permitió la modificación en los que se refiere a proyectos sobre VIS y VIP.
La aerolínea, que está pidiendo una integración con Avianca, podría ser multada hasta con 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
Entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar la tutela con fines ilegales, en perjuicio de la aseguradora.
En la descripción genérica en la factura no se debe individualizar cada uno de los bienes vendidos, sino únicamente se requiere que de dicha descripción se pueda inferir la destinación de los mismos.
Se parte de la premisa de que la absorbente inicia negocios en Colombia y la reforma estatutaria implica una integración empresarial.
En este caso en particular, los derechos deprecados por las 36 personas privadas de la libertad coinciden con el estado de cosas inconstitucional declarado en materia carcelaria.
La Administración no desconoce derechos fundamentales cuando se hacen nombramientos en estricto orden de méritos.
La calificación de la pérdida de capacidad laboral no constituye criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de la caducidad.
Se deben adoptar medidas relacionadas con la garantía de los derechos de la PPL en centros de detención transitoria en contextos de emergencia sanitara o eventos epidemiológicos: Corte Constitucional.
También del análisis de la Sentencia C-321 de 2022 se explica la protección del derecho al debido proceso cuando se imponen comparendos.
La trasgresión constitucional se le adjudica a la falta de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), que le permita al juzgado designar un reemplazo y concederle su periodo de descanso.
La carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad contra la providencia recurrida: Consejo de Estado.
Según el fallo, no se desconoce el principio de legalidad, puesto que los tribunales de ética odontológica cuentan con criterios orientadores al momento de imponer sanciones disciplinarias.
El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.
Consejo de Estado recordó que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa.
De acuerdo con el actor, se deben evaluar con experticia todos los bienes que tengan el alcance de constituir patrimonio cultural sumergido.
Debe realizarse un estudio de las condiciones particulares del condenado orientado hacia las funciones de la pena: Corte Suprema.
Cuando no se tienen los documentos necesarios para reconstruir la contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general.
Si el interés general se ve afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, el concejal se debe declarar impedido.
Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
La Sala Plena del alto tribunal eligió a los 18 juristas que intervendrán en casos de empate y falta de cuórum.
Sala de Descongestión Laboral determinó que el empleador no tenía responsabilidad alguna en el siniestro, aun cuando los elementos de convicción contradicen dicha solución: Sala Penal.
El demandante argumenta que la norma acusada viola las garantías internacionales de las víctimas.
Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...
El juez no puede responder por funciones que son propias de los servidores de secretaría de su despacho o incluso del Centro de Servicios para esos juzgados: CNDJ.
La inscripción en el Registro de Información Tributaria o la falta de cancelación del mismo no es un hecho generador del impuesto de industria y comercio.
Si bien hay un proyecto anunciado, lo cierto es que, si este fracasa, los propósitos del Gobierno se cumplirían, en gran medida, con las acciones que viene adelantando.
Deben regirse por el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, mas no por el Decreto 1085 del 2015, sobre entidades de naturaleza no societaria.
Educación superior de calidad, alimentación escolar y cultura de paz son algunos de los pilares que guiarán la gestión de este ministerio en el Gobierno de Gustavo Petro.
Se encontró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen de transición en el requisito de las semanas.
Caviedes Estanislao Escalante Barreto, experto en Derecho Penal, habla de la reciente propuesta del Gobierno.
La polémica propuesta plantea abrir una nueva Sala en el alto tribunal con, al menos, 20 magistrados que juzgarían los casos de corrupción más relevantes del país.
Se debe llevar a cabo una diligencia de descargos en la que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse frente a la falta.
Los poderes judiciales y las fiscalías de América Latina deben asumir que la información de su gestión es pública y no privada.
En la Circular 078 del 2022, el Ministerio del Trabajo insta a sus funcionarios a hacer un trabajo preventivo con las empresas que tengan pactos colectivos.
La firma profesional Sampedro & Torres Asesores Legales cumplió 30 años de funcionamiento.
No toda dilación dentro de una actuación administrativa es vulneradora de derechos fundamentales, solo lo serán las que desborden los plazos razonables y no se adviertan justificadas.
En el presente caso, se desconoció la diligencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP para cumplir con dicha carga procesal y que el proceso de expropiación se adelanta por “motivos de utilidad pública o de interés social”.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección j (parcial) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993.
Una modificación del juez a la ‘causa petendi’ transgrediría el derecho de defensa de la entidad accionada y conllevaría una sentencia violatoria del principio de congruencia.
La omisión afecta el derecho al debido proceso y, más concretamente, los derechos de defensa y contradicción.
Con las mayorías en el Capitolio Nacional por parte del Gobierno Nacional, pareciera que este año será histórico para los animales en Colombia. ¡Por fin!
El camino de la larga movilización de las víctimas dentro de las instituciones de justicia crea evidentes dificultades para culminar el duelo y desapegarse del dolor.
Preocupa sustancialmente que la cosmovisión étnica comprometa el uso del suelo de todas las áreas del país.
De acuerdo con los demandantes, los apartes acusados no tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos en la jurisprudencia constitucional, frente al principio de progresividad y no regresión en materia ambiental.
En ejercicio de su derecho de defensa, pueden interponer no solo las excepciones relacionadas con la relación jurídica sustancial, sino las que se derivan de su condición particular de deudor solidario.
Corte recuerda el análisis que se debe hacer frente a la fecha de estructuración cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas.
En su aclaración de voto, la magistrada Hilda González indicó que existe cosa juzgada constitucional, porque la Corte Constitucional excluyó la acción de tutela de revisión.
No es posible exigirle al trabajador evacuar las tareas acumuladas durante su ausencia vacacional y además las que a diario se van generando: Corte Suprema.
La libertad de empresa debe entenderse encaminada a otros aspectos económicos y de organización interna.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 19 (parcial), 69, 70, 89, 93 (parcial) y 96 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.
No es jurídicamente válido pretender la nulidad de un acto procesal que no esté consolidado: Corte Suprema.
Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la propuesta busca que el país transite de una economía extractivista a una basada en el conocimiento, la producción y la sostenibilidad.
El abogado presentó, por lo menos, en 10 oportunidades, incidentes, memoriales, solicitudes, recursos, etc., ante el despacho judicial en donde se tramitaba un proceso ejecutivo.
Consejo de Estado señaló las pautas normativas que permitían laborar en varias entidades de derecho público para evitar doble asignación para los profesionales de la salud.
El objetivo de los congresistas fue mostrar un compromiso con un acceso digno a una IVE.
Durante años, se han promulgados diferentes normas que han regulado la materia. La más reciente de ellas es la reforma tributaria contenida en la Ley 2277 del 2022.
La Sentencia SP3974 del 12 de diciembre del 2022 emitida por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un trámite correspondiente a la acción de revisión, ha generado varias confusiones.
En una reunión con el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación le planteó nueve observaciones al proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
Los cambios no pueden obedecer a motivos personales o subjetivos del empleador, pues debe respetar la dignidad de los trabajadores.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la Ley 2103 del 15 de julio de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).
El arrendamiento vulneró los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de los bienes de uso público.
Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 95 de la Ley 2277 del 2022.
La decisión del juez de conocimiento de resolver en audiencia la solicitud de nulidad presentada por el accionante no vulnera el derecho al debido proceso: Corte Suprema.
El magistrado Octavio Tejeiro Duque salvó el voto e indicó que se debió reconocer el derecho a una asignación a cargo del Estado para que el accionante tuviera una vejez digna.
Se genera si la capitalización de la sociedad emisora de las acciones fue un medio para incurrir en el supuesto de hecho de una norma de desgravación a efectos de capturar un beneficio en el impuesto sobre la renta que está atado a la realización de una finalidad extrafiscal.
Corte Suprema señaló que se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia por mora judicial al no emitirse sentencia.
El Ministerio Público sostuvo que el trámite parlamentario de la Ley 2212 del 2022, que aprobó el convenio, se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales.
La Corte Constitucional encontró que los tipos penales no irrespetan el principio de legalidad ni el mandato de estricta tipicidad contenidos en el artículo 29 constitucional.
Colpensiones tendrá derecho a cobrar las cuotas partes o el bono pensional correspondiente a la UGPP respecto de la mesada pensional a pagar.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un trabajador que cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación convencional.
Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.
De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Determinación de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo.
Una vez elegido por voto popular y tomar posesión del cargo, el juez de paz debe obrar con rectitud, eficiencia y equidad
Consejo de Estado explicó la prevalencia en el nombramiento cuando esta ocurre en virtud de una orden judicial de reintegro.
La responsabilidad estatal se materializa por la omisión en el deber de debida diligencia en la protección de la violencia de género frente a riesgos previsibles y cognoscibles.
La elección está estrechamente vinculada al objeto misional de la corporación pública.
Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.
Exhibir el carné de vacunas para poder presentar la prueba de conocimiento implica una restricción significativa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y acceso a cargos públicos.
Estos hechos, según el tipo penal de que se trate, deben traducir los elementos que componen el delito.
Corresponde a la CNDJ resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales o de las comisiones seccionales.
Pese a las voces que pedían que la iniciativa fuese tramitada como una ley estatutaria.
El proceso disciplinario no garantizó el debido proceso ni el derecho de defensa, lo cual generó la consecuente vulneración de su derecho fundamental a la educación: Corte Constitucional.
Corresponden a instituciones y asociaciones ciudadanas que surgen de la voluntad popular para la participación política.
El Acuerdo 049 de 1990 se puede aplicar de manera ultractiva para quienes no estaban afiliados al ISS a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y son beneficiarios del régimen de transición.
La acción de tutela procede por excepción contra actos administrativos, siempre que concurran ciertos requisitos.
Cuando no se notifica en debida forma al contribuyente la decisión del recurso de reconsideración en el término de un año, contado a partir de la fecha de presentación del recurso en debida forma, opera el silencio administrativo positivo.
En su exposición de motivos, sostienen que “tenemos uno de los sistemas más solidarios y garantistas”.
El nominador debe tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, logre reubicar a la empleada que goza de dicha estabilidad laboral.
Existe un debate sobre cómo deberá tramitarse el proyecto de ley radicado en el Congreso.
¿Por qué la cárcel sí es un factor tan relevante en delitos contra la administración pública y no en delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas?
