El alto tribunal advirtió que los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres son “la manifestación más brutal de la discriminación que padecen”.
Por regla general, las medidas de aseguramiento o penas decretadas contra uniformados deben cumplirse en cárceles especiales o en la unidad a la cual pertenecen.
La intervención de un tercero en la causación del daño sería irrelevante, porque es la existencia de un bien público lo que expone a la ciudadanía a un riesgo especial de daño, pero de manera legítima.
Demostrar la posesión es suficiente para que el accionante, legítimamente, pretenda ser resarcido por la afectación que se haya producido sobre el inmueble.
Según el Ejecutivo, la norma es fundamental para proteger a la Policía de los molestos procesos judiciales en los que se veía involucrada a la hora de ejercer sus funciones.
Se elaborará un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos, en concordancia con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La ponencia favorable pide excluir los delitos contra la administración pública de las conductas que cubriría el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública.
Las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley que busca que los miembros de la fuerza pública cuenten con una defensoría técnica.
En este caso, se ejerce la potestad disciplinaria de las autoridades militares y el poder extraordinario y preferente de la Procuraduría General de la Nación.
Colombia está enfrentando los delicados equilibrios que tendrá que encontrar en el tema de la persecución penal, pero ninguna de esas modulaciones puede afectar las exigencias radicales de verdad, advierte este experto.
Los comandos militares y de policía deben facilitar la realización de actos de culto y demás actividades religiosas, según las creencias de los uniformados.
La acción ataca, principalmente, los términos establecidos para revertir las medidas de aseguramiento a quienes pertenecieron a organizaciones armadas ilegales.
El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deberán rendir informes periódicos a la Procuraduría sobre el cumplimiento de esta orden del Consejo de Estado.
El pasado 18 de junio, la organización internacional Women’s Link Worldwide anunció los ganadores de la 5ª edición de los Premios género y justicia al descubierto.
Aspectos como la definición de “blanco legítimo” y la responsabilidad de los superiores militares o policiales serán claves la conciliación del proyecto de ley.
El Consejo de Estado negó la responsabilidad del Ministerio de Defensa por la muerte del asistente que acompañaba al excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado cuando este fue asesinado.
Hubo consenso en el sentido de que si bien es necesario un mecanismo participativo que permita la legitimación popular de lo acordado en La Habana, una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente e improcedente.
Los panelistas darán luces sobre temas controvertidos como ¿qué pueden exigir las víctimas de las FARC y a qué deben renunciar?, ¿cuánto de judicialización debe tener el arreglo final?, entre otros.
La falta de garantías y seguridad jurídica es el principal argumento de los defensores de esta reforma. Para sus críticos, bastaba con el desarrollo legal de competencias y mejor capacitación de funcionarios judiciales.
El interés filosófico de esta discusión radica en lo siguiente: en el fondo, estamos ante una contraposición de metodologías, de maneras de pensar y de tratar de entender la realidad.
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la justicia penal militar, tendrá un año para identificar los procesos que se adelantan contra miembros de la fuerza pública.
Faltaba el descalabro acaecido con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que resolvió el viejo litigio con Nicaragua, para adquirir conciencia sobre los méritos de los isleños y el valor de las riquezas marinas.
El hecho de que muchos delitos menores sean fáciles de investigar está causando que delitos como masacres, desapariciones o desplazamientos no sean investigados de manera prioritaria, advirtió el Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA
Aunque eminentemente políticas, las discusiones que se inician tendrán, necesariamente, que resolver dilemas jurídicos, más allá de las discusiones relacionadas con políticas públicas específicas.
El Estado violó la libertad de expresión y las garantías de protección judicial del comunicador Luis Gonzalo Vélez, agredido por la fuerza pública en 1996.
Luego de que el Gobierno anunciara el inicio de la negociación de paz con las FARC, se dio vía libre a la aplicación del Marco Jurídico para la Paz. Expertos opinan sobre los aspectos que deben conformar la agenda legislativa.
La norma atribuye a la Fiscalía General de la Nación la competencia para investigar delitos cometidos con ocasión de las operaciones de las fuerza militares.
La UEFA, preocupada por el arreglo de partidos en toda Europa, ha insistido a través de sus comunicados en que su prioridad es erradicar esta conducta.
Perjuicios ocasionados por actos terroristas son atribuibles a la Nación, cuando el ataque se dirige contra un establecimiento militar o policivo, recordó del Consejo de Estado.
El proyecto de acto legislativo de justicia transicional ha dado mucho de qué hablar. Mientras el Gobierno asegura que no es una amnistía, los críticos sostienen que permitirá la impunidad.
La violación del principio de legalidad, la vigencia del Estatuto de Roma y la imposibilidad de sancionar a una institución cuando se condena a un individuo son los principales reparos a la decisión.
La violación del principio de legalidad, la vigencia del Estatuto de Roma y la imposibilidad de sancionar a una institución cuando se condena a un individuo son los principales reparos a la decisión.
La violación del principio de legalidad, la vigencia del Estatuto de Roma y la imposibilidad de sancionar a una institución cuando se condena a un individuo son los principales reparos a la decisión.
La violación del principio de legalidad, la vigencia del Estatuto de Roma y la imposibilidad de sancionar a una institución cuando se condena a un individuo son los principales reparos a la decisión.
Resulta importante evidenciar, de manera general, los resultados advertidos más significativos del impacto fiscal que surgirán de la incorporación de un nuevo modelo de contabilidad.
Esta situación excepcional se admite, cuando el retiro es consecuencia de lesiones o enfermedades que disminuyeron las capacidades físicas, mentales o sensoriales.
No es en la carencia de normas en donde radica la causa del disolvente fenómeno, sino, mejor, en la ilegitimidad institucional y en el poco o ningún respeto a las disposiciones.
Entre estas conductas y las funciones de los miembros de la fuerza pública no hay conexidad, advirtió la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte y las lesiones que sufrieron unos soldados durante la toma de las FARC a la base militar de Las Delicias (Putumayo).
La determinación de si hay o no conflicto armado no depende de criterios subjetivos o del reconocimiento del Presidente de turno, sino de elementos objetivos.
Para la entidad, no era necesario aplicar el artículo 485 del Código de Procedimiento Penal, que exige una solicitud de cooperación judicial a las autoridades extranjeras.
Las autoridades no pueden negarse a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, advirtió la Corte Constitucional.
La cárcel siempre ha sido un foco de violación de los derechos humanos de los reos. Y la tutela, la herramienta a la que se han aferrado, para exigir su respeto y cumplimiento.