A raíz de los cuestionamientos del Ministerio de Defensa respecto a la competencia del juez contencioso para evaluar asuntos militares, el Consejo de Estado envió copias de esa actuación al Presidente de la República, para que se evalúe la política que se viene desarrollando frente a la defensa del Estado en este tipo de causas. Sostuvo que la demandada “no dudó en calificar a los miembros de ésta rama del poder público como otro elemento contra el que deben luchar las fuerzas armadas”, por cuanto ordenó enviar también copia de este fallo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así, al condenar a la Nación por el fallecimiento de uno de los militares caídos en un ataque perpetrado por la Farc a la población de Cabrera (Cundinamarca) en 1999, la Sala sostuvo que la situación de indefensión a la que el Ejército avocó a los encargados de repeler la acción era tan grave, que su armamento “increíblemente se encontraba remendado con cinta”. La Corporación calificó de inaudito e imperdonable el “desastre táctico” de la operación, en la que murieron 38 militares (C. P. Danilo Rojas).