“El delito de cohecho por dar u ofrecer conlleva un desempeño contrario a la honorabilidad y moralidad con que deben actuar los servidores judiciales, pues se afecta la confianza del público y se atenta contra la dignidad de la administración de justicia”, señaló el Consejo Superior de la Judicatura al destituir e inhabilitar por 10 años a un fiscal de Buenaventura. El funcionario sirvió de intermediario para que organizaciones del narcotráfico ofrecieran dinero a un oficial de la Armada Nacional con el fin de permitir el paso de lanchas con estupefacientes. La sala explicó que no excluye la falta disciplinaria el hecho de que exista una condena penal por el mismo asunto, pues la Ley 734 del 2002 condicionó dicha excepción a que no se afecte el deber funcional. En este caso, el funcionario se valió de su credencial como fiscal para acceder al oficial y ofrecer la prebenda (M. P. María Mercedes López).