La Corte Constitucional recordó que el Ejército Nacional está obligado a aplicar los principios y garantías del debido proceso en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se enmarcan en el trámite de definición de la situación militar. La corte conoció las actuaciones desplegadas por las autoridades de reclutamiento en las que impuso una multa por la no presentación de un ciudadano a la jornada de inscripción y concentración militar, mediante la celebración de una junta de remisos. A juicio del alto tribunal, esa actuación debe proferirse en una resolución motivada que debe ser notificada. Según la corporación, aunque los oficiales y suboficiales le dan enorme importancia a las indicaciones del Comando Superior de las Fuerzas Armadas, ello no puede llevar a que los altos mandos impongan condiciones irrazonables y no previstas por el legislador (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).