El Gobierno presentó un proyecto para que los miembros de la fuerza pública discapacitados con ocasión de su servicio obtengan herramientas de rehabilitación integral. Este concepto no solo incluye elementos terapéuticos, sino también educativos y de gestión, que permitirían al afectado lograr la autonomía personal. La ley cobijaría a los miembros de las Fuerzas Militares, sus equivalentes en la Policía Nacional y al personal civil del Ministerio de Defensa, entre otros.