Eduardo González: “La verdad es necesaria, si Colombia tiene una visión ambiciosa del posconflicto”

 

 

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú publicó los resultados de su investigación en el 2003 y se convirtió en un modelo a tener en cuenta para los países en posconflicto o que acaban de salir de regímenes autoritarios.

 

Eduardo González fue director de audiencias públicas y protección de víctimas en esta instancia y, actualmente, es Director del Programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés), que asesora a países sobre la constitución de comisiones de la verdad (CV). 

 

ÁMBITO JURÍDICO dialogó con González acerca de los elementos centrales de este mecanismo de justicia transicional, su aplicabilidad en Colombia y la experiencia peruana.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué es necesaria la verdad?

 

Eduardo González: La primera pregunta que los colombianos deben hacerse es qué tipo de sociedad posconflicto están imaginando y hasta dónde llega su ambición de refundarse, luego de un periodo tan violento y que ha destruido elementos esenciales de la vida en común, y si lo que se quiere es detener el conflicto armado o repensar las condiciones básicas de coexistencia nacional.

 

Es cierto que ha habido procesos de paz en distintas partes del mundo, inclusive Colombia, que se hacen sin verdad y sin memoria y que tienen la lógica de enterrar el pasado y silenciar las voces de las víctimas. Sin embargo, la verdad es necesaria, si Colombia tiene una visión ambiciosa del posconflicto, si toma la oportunidad para transformarse. De lo contrario, no la necesita y, por lo tanto, lo que hará es un acuerdo entre poderes, meramente de detención de los disparos.

 

Á. J.: ¿El derecho a la justicia debe ser un objetivo de una CV?

 

E. G.: Lo que es importante en el ámbito propio de la CV es que ninguna de las cosas que ocurra fuera del ámbito de la verdad, ya sea en el terreno judicial o en la reparación, limiten o coarten su capacidad de ir al fondo. Independientemente de la forma final del acuerdo sobre justicia transicional, lo fundamental es que en el ámbito de la verdad no se acepten cortapisas. Colombia está enfrentando los delicados equilibrios que tendrá que hacer en el tema de la persecución penal, y no me cabe duda de que eso va a ser complejo, pero ninguna de esas modulaciones en el espacio de la justicia penal puede afectar las exigencias radicales de verdad.

 

Á. J.: ¿Los hallazgos de la CV deben tener consecuencias políticas?

 

E. G: Eso depende de dos cosas: del mandato legal concreto que tenga la CV y de la forma en que social y culturalmente el país reciba los distintos hallazgos. Es posible que determine que hay responsabilidades por haber dejado que ocurran ciertas cosas y también responsabilidades éticas y morales por no haberse solidarizado con las víctimas o no haber hecho más para evitar la atrocidad y la catástrofe que ha ocurrido sobre Colombia. Las responsabilidades jurídicas son consecuencias concretas que verá la justicia; pero el señalamiento político y ético tendrá efectos en la medida en que la sociedad adopte las conclusiones de la CV.

 

Á. J.: ¿Podría llegar a sugerir reformas al Estado?

 

E. G.: Claro, un proceso serio de búsqueda de la verdad debe tener conclusiones en un sentido doble, como el mencionado; la posibilidad de asignar responsabilidades y una consecuencia transformadora, es decir, encontrar en la verdad una plataforma para reflexionar sobre por qué han ocurrido las cosas y qué hacer para que no vuelvan a ocurrir. Un país con un proceso de violencia tan largo, extendido y complejo tiene esa violencia porque está institucionalmente preparado para tenerla. Una pregunta que la CV debe hacerse es qué instituciones debe tener el país para que deje de estar preparado para la violencia y, más bien, esté preparado para la paz.

 

Á. J.: ¿Y plantear cambios a las Fuerzas Armadas?

 

E. G.: Yo creo que tiene que plantear cambios de todo tipo. Cambios y transformaciones en la doctrina militar, si es que, en efecto, se logra la paz y no se necesita el pie de fuerza que hay. No solamente eso, porque la doctrina militar o las actuaciones de las instituciones armadas son solamente un factor dentro de un proceso de violencia tan estable, como el que tiene Colombia. El sistema de justicia tiene que ser estudiado y el proceso educativo debe ser visto también con profundidad. Ciertamente, temas que tengan que ver con la distribución de la tierra, los recursos y la gobernabilidad a nivel local son áreas de reforma institucional en las que un proceso de búsqueda de la verdad puede dar aportes.

 

Á. J.: ¿Qué debe ocurrir con las recomendaciones? ¿Deben ser vinculantes?

 

E. G.: Por definición, las recomendaciones no pueden ser obligatorias, probablemente esto no toleraría un análisis constitucional, pues se invadirían funciones del legislador. Lo que sí debe ocurrir es que se dote a las recomendaciones de cierto procedimiento de respuesta formal de parte de las instituciones del Estado. Por ejemplo, en lugar de escribir un artículo en la ley sobre la obligatoriedad de las recomendaciones, podría haber uno en que se obliga a las instituciones del Estado a responder sobre la forma en que se implementarán o a explicar por qué no se pueden aplicar.

 

Á. J.: ¿Qué periodo debería investigarse?

 

E. G.: La pregunta del periodo la deben responder los colombianos. Pero hay dos criterios importantes: el primero, de amplitud y extensión, que tiene que ver con la necesidad de no excluir víctimas, en el que las víctimas vivas sientan que tienen un sitio donde pueden ir a hablar y a ser escuchadas. El segundo criterio es de escala de practicidad y posibilidad real de investigación. Hay que asumir que mientras más amplio sea un periodo, más recursos requerirá la CV, más compleja la metodología y más difícil será su trabajo.

 

Á. J.: ¿La CV debe responder a hechos históricos y políticos o a un criterio relacionado con la permanencia de un tipo específico de violencia?

 

E. G.: Ambos elementos son importantes. En la CV peruana nos preguntamos si debíamos hacer una investigación sociológica y antropológica que explicara las causas y contextos de la violencia o una investigación liderada por abogados que reconstruyera patrones de violencia o casos concretos. Conversamos con colegas de otros países, por ejemplo, los chilenos nos decían: ustedes lo que tienen que hacer es presentar casos concretos y datos, esos no se podrán debatir. Mientras, colegas de Guatemala nos decían: los datos resultan en una comisión jurídica lejana a la compresión, entendimiento y popularización de los hallazgos, hagan un enfoque más histórico que explique las razones, como manera de prevenir. Lo que hicimos fue algo ecléctico: una narrativa que intenta situar políticamente el conflicto peruano y reconstruir las lógicas políticas de los distintos actores, pero también hubo una reflexión jurídica sobre la existencia de patrones de violación de derechos humanos (DD HH) y la necesidad de aplicar ciertos estándares de Derecho y de hacer justicia.

 

Á. J.: ¿Se deben limitar las conductas que se van a investigar?

 

E. G.: Sobre la competencia material, la CV chilena incluyó tres conductas: ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y desapariciones forzadas. La CV peruana hizo una lista de siete conductas, una de las cuales es abierta. Otras CV han hecho listados más amplios. La de Kenia lista las graves violaciones de DD HH reconocidas por el Derecho Internacional Humanitario y la corrupción, crímenes económicos e históricos, dentro de un periodo que comienza en los años sesenta. Acá de nuevo aparece la cuestión del balance: qué preguntas tienen que ser estudiadas para que el informe sirva a su propósito de prevención, análisis y comprensión de temas. En Kenia, la corrupción estaba ligada a la violencia, pero el hecho es que si la comisión investiga cosas tan distintas, está, prácticamente, poniéndole un reto técnico invencible. Hay que resistir a la tentación de pensar que puede haber una institución capaz de hacer una historia omnisciente de todo el conflicto y su contexto social.

 

Á. J.: ¿La CV se debe basar exclusivamente en el testimonio de las víctimas o puede citar a funcionarios y acceder a documentos oficiales?

 

E. G.: En principio, todas las formas de información y documentación son necesarias. Una CV que solamente trabaje con el testimonio, probablemente, no llegaría a toda la información. Debe tener la capacidad de revisar archivos, de obtener información y citar personas. Sin embargo, hay que resaltar que la fuente oral es importante no solo porque otorga información, sino porque el testimonio da la oportunidad de reconocimiento y dignificación de la víctima y de superar la estigmatización.

 

Á. J.: ¿Los testimonios deben ser transmitidos?

 

E. G.: Con las limitaciones básicas, sí deberían ser públicos. Puede haber restricciones que tengan que ver con la intimidad de las personas, con la protección de la víctima, para que no sea “revictimizada”. Si va a haber testimonios de menores de edad o de violencia sexual, deben tomarse precauciones.

 

Á. J.: ¿Qué estructura debe tenerse para recibir testimonios?

 

E. G.: Habrá un manejo de enormes cantidades de datos que necesitará sistematización y cruzamiento de información. Lo primero es la entrevista, proceso en el cual la víctima se reúne con representantes de la CV y habla de su memoria, reconstruye hechos. En el caso peruano, se consiguió información directa de 17.000 personas, en poco menos de dos años. El otro proceso es el de las audiencias públicas, allí lo importante no es la información específica de la víctima. No se trata de una mímica de lo que ocurre en un proceso judicial. Allí lo importante es el elemento simbólico de reconocimiento de la víctima, en donde se sienta frente al país, frente a miembros del Estado y está siendo escuchada con respeto. En el primer caso importa la sustancia; en el segundo, la forma. La CV debe tener un proceso de dignificación, recibimiento, empatía y reconocimiento de las víctimas.

 

Á. J.: ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para su conformación?

 

E. G.: La CV debe ser independiente de las partes del conflicto. Si es percibida como una continuación de las negociaciones de La Habana, la gente no confiará. El primer valor de una comisión debe ser su independencia. Personas concretas que sean fieramente independientes, con la capacidad, el prestigio y el reconocimiento que les permita decir las cosas como las ven, sin responder a presiones.

 

Tienen que identificarse competencias básicas, que pueden incluir la experiencia de relacionamiento con víctimas, investigación sobre violaciones de DD HH, análisis social complejo, una vinculación a la causa de la paz. Otro criterio importante es garantizar que los colombianos se sientan reflejados. Creo que no puede ser vista como una comisión de la capital, sino que debe mostrar la integralidad de la experiencia colombiana, que no sea de hombres solamente, sino que incluya a mujeres, y otros criterios.

 

Á. J.: ¿Podría tener miembros extranjeros?

 

E. G.: La lógica de plantear comisionados que no son nacionales se da cuando se considera que el país no tiene competencias y capacidades para hacer la investigación, o cuando se considera que comisionados nacionales no garantizan objetividad. Creo que ese no es el caso de Colombia.

 

Á. J.: ¿Qué medios se deben aprovechar para transmitir a la sociedad las conclusiones?

 

E. G.: Hay que tomar conciencia de que una CV no puede quedarse solamente en la ciudad letrada. No debería dirigirse a las personas que tienen el tiempo, la capacidad, la formación y el capital intelectual para leerse un libro muy largo, de miles de páginas. Tiene que ser un proceso educativo con distintos medios de diseminación. Por un lado, hay que hacer una distinción entre medios orales y escritos. Me parece un hecho ineludible que Colombia tiene que considerar las voces de las poblaciones indígenas y afrocolombianas y, por lo tanto, recoger la rica expresión de transmisión oral de las memorias. Por otro lado, debe vincularse a otros medios, más allá del texto físico. Me parece que cuando uno se enfrenta a las fotos de Jesús Abad Colorado recibe cierta narrativa de la violencia que ayuda a la verdad. La CV tendrá que pensar en el relato visual, además de las redes sociales y hasta el relato musical.

 

Á. J.: ¿A propósito de los 10 años de la CV en Perú, quisiéramos saber qué dificultades afrontó su creación?

 

E. G.: En el proceso peruano, a diferencia del colombiano, la transición se vive como un momento de gran voluntad política convergente entre distintos sectores políticos, desde la caída de Fujimori, hasta las nuevas elecciones. Entonces, la creación de la CV no fue difícil, pues había una gran movilización y demanda por sacar adelante medidas que significaran una ruptura total con el pasado fujimorista. Esto ocurre porque la transición se da sin ninguna negociación. Sendero Luminoso y el MRTA habían sido derrotados y sus líderes encarcelados o dados de baja. En el otro caso, el enemigo de la búsqueda de la verdad y la justicia, el régimen fujimorista, se había desplomado.

 

Á. J.: ¿Cuáles han sido los resultados para destacar de la CV del Perú?

 

E. G.: La CV abrió la discusión sobre un tema suprimido. Aunque el final del conflicto armado fue mediante una “solución militar”, los costos humanos de esa victoria habían sido sistemáticamente acallados. No se hablaba de la experiencia de las víctimas, de patrones de violencia cometidos por el Estado, y la comisión abre la puerta para que se hable de eso. Así, mostró que los actores no estatales causaron violaciones, crímenes y atrocidades de enorme escala y absoluta brutalidad. Perú era una sociedad ultraconservadora, asustada por 20 años de conflicto armado; una sociedad militarizada en el sentido en que la institución militar utilizó el prestigio político de haber derrotado a Sendero Luminoso para tener un poder fáctico. Entonces, la CV plantea la verdad sobre todos los hechos, incluidos los de la corporación militar, algo demasiado radical para el país, pero su mandato era contribuir a la verdad y hacer lo moral y éticamente necesario.

 

Es un informe que señala amplísimos espectros de responsabilidades y, por lo tanto, enfurece a muchos sectores. Por eso tiene muy pocos dolientes. Es una verdad que ofende a muchos. Con la verdad uno siempre ofende, la verdad siempre es incomoda. Los miembros de la CV han sido enjuiciados, ridiculizados, amenazados. Una comisión que haga su trabajo va a decir cosas incomodas, porque la verdad sobre hechos tan complicados es una verdad dolorosa.