En el marco del esquema de priorización de casos, la Fiscalía General de la Nación informó que los guerrilleros Elda Neyis Mosquera, alias Karina, y Eli Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, de las FARC, y Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal, del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), serán juzgados por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que dejaron más 4.500 víctimas.

En las audiencias, que iniciarán el próximo 3 de diciembre de este año, Karina tendrá que responder por las 2.500 víctimas que dejó su actividad delictiva. “Para la desmovilizada del Frente 47 del Bloque Noroccidental de las FARC o Bloque José María Córdoba, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, entre otros hechos, por sus incursiones en los municipios de Tierra Alta y Valencia, en Córdoba, y en Juradó, Riosucio y Cármen de Bajira, en el Chocó, así como también en los municipios de Samaná, Pensilvania, Marulanda, Aguada, Pacora, Salamina y Manzanares, en el departamento de Caldas”, señaló la entidad.

Por su parte, a Martín Sombra se le imputarán las tomas armadas a los municipios de Mitú (Vaupés), Miraflores (Guaviare), Puerto Rico y La Uribe (Meta) y El Billar (Caquetá), ocurridas entre los años 1998 y 1999, con una saldo de 1.500 víctimas directas e indirectas.

En el caso de Cristóbal, quien delinquió entre los años de 1986 y 2008, primero en las filas del ELN y, luego, como segundo comandante del ERG, se juzgarán 38 casos de desaparición forzada, 46 de secuestro, 42 de desplazamiento forzado, 21 de reclutamiento ilícito y 21 de delitos de género.

Estas imputaciones hacen parte del plan de priorización de máximos responsables de grupos paramilitares y de subversión que adelanta la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

Precisamente, el julio pasado, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que el esquema de priorización de casos permitirá imputarles cargos por 11.000 graves violaciones de derechos humanos a 231 vinculados de las FARC y las AUC, algunos de ellos considerados como los máximos responsables.

El funcionario precisó que se trata de 16 macroinvestigaciones, con cerca de 30.000 víctimas, por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia de género, aborto, prostitución y esclavitud sexual, entre otros.