Conciliada reforma a la justicia penal militar

La reforma constitucional a la justicia penal militar fue conciliada y será votada esta tarde por las plenarias del Congreso.

El proyecto de acto legislativo tiene seis artículos, uno de ellos crea un tribunal de garantías penales, que servirá de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso contra miembros de la fuerza pública y dirimirá los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar.

Por otra parte, se hace explícito que la justicia castrense no conocerá crímenes de lesa humanidad, ni delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura o desplazamiento forzado. Las infracciones al derecho internacional humanitario, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por tribunales militares.

Además, se determinó que la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la justicia penal militar, tendrá un año para identificar los procesos que se adelantan contra miembros de la fuerza pública y determinar cuáles deben ser de conocimiento de la justicia ordinaria y cuáles de la justicia castrense.

“Ese periodo de un año es suficiente, porque en marzo del 2013 presentaremos al Congreso, con mensaje de urgencia, los proyectos de ley ordinaria y estatutaria que definan la estructura independiente y autónoma de la justicia militar”, afirmó el ministtro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Así mismo, explicó que buena parte de los casos que estudiará la Fiscalía ni siquiera pasarán a la justicia penal militar, porque forman parte de las conductas o delitos excluidos en la reforma.

“Ocho debates en el Congreso y cuatro audiencias públicas con interesados en el tema demuestran la participación democrática que ha tenido esta reforma constitucional que define con claridad un marco legal para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan actuar comprometidos en defensa de los derechos humanos, de la Constitución y de los colombianos”, agregó Pinzón.

Vale la pena recordar que el pasado 15 de noviembre, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de los numerales 4º, 5º y 6º del acto administrativo “Apoyo a la Justicia Penal Militar”, expedido el 14 de junio del 2006 por la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

Según la Sección, atribuirle a la Fiscalía General de la Nación la facultad de investigar preventivamente posibles delitos cometidos por miembros de la fuerza pública atenta contra el fuero militar.