Los presos que “encarcelaron” la tutela

¡Que se pudra en la cárcel! Esta expresión popular sale a flote, cada vez que condenan a un secuestrador, a un homicida, a un violador de niños, a un político corrupto, a un ladrón de celulares.

 

Pues bien, en la mayoría de los casos, este clamor ciudadano se ha cumplido a cabalidad. Porque a eso van muchos presos a las cárceles de Colombia: a pudrirse, no a rehabilitarse. No es exageración. La propia Organización de las Naciones Unidas reveló, en su informe de visitas a las cárceles latinoamericanas, que lo que había visitado era el infierno.

 

Y en ese infierno estaban las cárceles colombianas, superadas por las prisiones brasileñas, ecuatorianas, peruanas, bolivianas y venezolanas. La Defensoría del Pueblo, que tiene una oficina delegada para las cárceles, ha sido testigo del estado de salvajismo que se vive en ellas.

 

Sin embargo, el programa institucional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se transmite por televisión y las fotos que se encuentran en la página web de esa entidad muestran un panorama completamente distinto: un paraíso, en contraste con las denuncias públicas y privadas de hacinamiento, condiciones insalubres, corrupción, discriminación, violencia y, en términos generales, de afectación de los derechos fundamentales de los reos.

 

No en vano, en 1998, la Corte Constitucional, alarmada por la cantidad de tutelas en las que presos de diferentes cárceles del país exigían un mejor trato penitenciario, declaró el estado de cosas inconstitucional, figura que ha sido utilizada en pocas ocasiones y que se configura cuando hay una vulneración histórica, estructural y lo suficientemente grave de los derechos fundamentales de una población, como ocurrió con los desplazados.

 

Tan inhumana como la vida de estos es la de los encarcelados. Aunque el castigo impuesto por la ley penal es la privación del derecho a la libertad, en especial a la libre locomoción, la vida real de la cárcel amplía el catálogo punitivo. Como lo llevan diciendo criminólogos y penalistas a lo largo del último siglo, más allá de las penas legales, hay otras ocultas e implícitas en la vida de las cárceles. Son las penas ilegales.

 

Pero en medio de este trágico panorama, en las dos últimas décadas, los presos han encontrado una luz que les ha permitido luchar por hacer más soportable su condena: la acción de tutela.

 

Los pequeños logros

Las reiteradas sentencias de tutela sobre los derechos de los reclusos proferidas por la Corte Constitucional reflejan varias situaciones: la vulneración de los derechos fundamentales de los presos; el grado de intervencionismo asumido por la Corte, ante la relativa ineficiencia del Ejecutivo frente al complejo tratamiento penitenciario, y el apego que los reos le tienen a esa acción constitucional.

 

Lo desafortunado es que la realidad no indica que la tutela haya sido el remedio para el mal endémico de la tragedia carcelaria.

 

Los únicos datos judiciales disponibles y de fácil acceso son los de la Corte Constitucional. Al igual que las tutelas contra las entidades promotoras de salud, son habituales las interpuestas contra el Inpec o contra alguna de las 145 cárceles del país. Pero no hay un registro exacto de la cantidad de tutelas interpuestas contra el sistema carcelario.

 

Los hechos por los que se tutela son diversos (ver gráfico Derechos más vulnerados): problemas de salud física y emocional, producto del encierro, el hacinamiento y el maltrato; ausencia de servicios médicos; mala alimentación; discriminación, pues, entre más pobre sea un recluso, más posibilidades tiene de pagar su condena en los peores patios y en las peores condiciones; arbitrariedad en los traslados, lo que aleja más al recluso de su familia; complicaciones por tener una religión diferente a la católica; requisas invasivas e intimidantes a los familiares; crueles y absurdas reglas de disciplina, que van desde el garrote hasta la prohibición del ingreso de revistas pornográficas.

 

 

Este es apenas un pequeño listado de las denuncias que los jueces tienen que resolver en las acciones de tutela. En la cúspide, la Corte Constitucional ha demostrado tener una especial sensibilidad por intervenir en la solución de esta problemática: ha evidenciado ser más benefactora de los derechos de los reclusos que protectora del régimen penitenciario, pues, en la mayoría de los casos, ha fallado a favor de sus pretensiones (ver gráfico Decisiones de la Corte Constitucional).

 

 

De esta forma, gracias a la tutela, los presos ahora están afiliados al régimen subsidiado de salud y reciben atención médica gratuita, se han construido nuevas cárceles con mejores condiciones arquitectónicas, pueden profesar y celebrar ritos religiosos diferentes a los católicos, reciben un mejor trato de los funcionarios de las prisiones y sus familias se quejan menos de los abusos en las requisas.

 

Estos y otros pequeños logros han sido impulsados por órdenes judiciales, antes que por una política pública.

 

Apenas un paliativo

Pero la tutela no es todopoderosa. Ha sido apenas un paliativo para la gran crisis carcelaria, como lo ha sido para casi todos los problemas nacionales. Esa es una de las conclusiones de Libardo Ariza, profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes y un destacado investigador del tema de prisiones.

 

Ariza, que lleva más de 10 años estudiando la situación carcelaria del país, afirma que a pesar de tantas tutelas, esta ha empeorado. Y si bien reconoce esos pequeños logros individuales obtenidos por algunos presos, es muy crítico del papel que ha jugado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya visión califica como pobre.

 

En su estudio Los muros de la infamia, de reciente publicación, asegura que la Corte asume la cuestión penitenciaria como una operación matemática, en donde el cociente resultante de dividir el número de personas encerradas por la cantidad de cupos señala el grado de violación de los derechos fundamentales.

 

Además, concluye que la jurisprudencia del alto tribunal ha legitimado y prolongado un sistema penal injusto e inconstitucional que no cumple con ninguna función, salvo la represión de las clases menos favorecidas.

 

Entre las visiones positivas y apocalípticas, lo cierto es que la tutela ha demostrado ser un mecanismo judicial del cual se han apropiado estratégicamente los grupos más vulnerables de la población para luchar por sus derechos.

 

Entre ellos están las mujeres embarazadas que son despedidas de sus trabajos, los ancianos de escasos recursos que no reciben a tiempo su pensión, los usuarios del sistema de salud que no pueden pagar medicina prepagada, los homosexuales que son discriminados en distintos ámbitos de sus vidas, los indígenas y los negros que sienten irrespetadas sus costumbres.

 

A ellos hay que sumar los 85.000 presos, entre condenados y detenidos, que sobreviven en las inhumanas cárceles de este país. Lo dijo un preso de la cárcel La Modelo de Bogotá: “Por pura necesidad, nos tocó encarcelar a la tutela”.