La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que los municipios pueden demandar al Estado, a través de acciones de reparación directa. A pesar de que se trate de dos instituciones estatales, el Consejo aclaró que en materia de seguridad y orden público existe una jerarquía que permite asignar y dividir responsabilidades entre las alcaldías y la fuerza pública del orden nacional. Por esta razón, cuando las fuerzas armadas del Estado omiten proteger a los municipios de los ataques de grupos armados al margen de la ley, la Nación le causa un daño antijurídico a las alcaldías, el cual debe ser indemnizado por el Ministerio de Defensa (C. P. Enrique Gil Botero).