La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de examinar de fondo la demanda contra algunos de los apartes de la reforma a la Ley de Justicia y Paz (artículos 19 y 35, parciales, de la Ley 1592 del 2012). La acción ataca, principalmente, los términos establecidos para revertir las medidas de aseguramiento a quienes pertenecieron a organizaciones armadas ilegales. Según el concepto del Ministerio Público, en la demanda no se explican con suficiencia las razones que hacen incompatibles la reconciliación nacional con los proyectos particulares de los exmilitantes de grupos armados y no se precisa por qué se limitaría el acceso a la administración de justicia con la norma que determina que la sustitución de la medida privativa de la libertad para el desmovilizado sería exigible después de los ocho primeros años de decretada. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Mauricio González.