Si bien el legislador no alude a aportes en efectivo, los mismos no escapan al espíritu de la norma, de eliminar la barrera creada por el impuesto sobre la renta a las contribuciones a las sociedades.
Los artículos 10 y 11, sobre el servicio social para la paz, se mantienen.
El principio de especificidad se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen.
Ingresos de actividades ordinarias por cuenta propia comprenden el valor bruto susceptible de aumentar el patrimonio.
En junio del 2023 se vencerían más de 4 millones de licencias, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Anti Trámites.
Entre las iniciativas se encuentran las reformas tributaria, política y a la Ley de Orden Público. Descargue los últimos textos.
Una de las razones que puede motivar a un consumidor a adquirir un servicio va atada directamente a la ubicación de la sede.
En el caso bajo estudio, el escrito no cumplió con la mínima carga procesal de sustentar lo pretendido.
La declaratoria se ejecutará con los recursos sobrantes del presupuesto del 2022 que los diferentes ministerios ya no ejecutarán.
Esta ley tendrá una implicación positiva y relevante en el tráfico económico entre los países miembros (Colombia, Chile, México y Perú).
Las palabras confieren poder, pueden estructurarlo y perpetuarlo. Empero, también pueden subvertir el poder que invisibiliza vivencias, experiencias y saberes.
No está dentro de sus facultades tomar ese tipo de determinaciones sobre las vacantes a proveer cuando hay lista de elegibles.
La autonomía e independencia judicial inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto señalando una determinada tesis o interpretación del contexto jurídico.
Depósitos a través de los cuales se captan recursos pueden estar asociados a uno o más instrumentos o mecanismos.
Se entregaron casas incompletas e incapaces de proteger a los habitantes ante un nuevo huracán.
Normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas.
Varios estudiantes habrían acudido al fraude con la ayuda de un funcionarios de la universidad.
Directrices, pautas, medidas o sanciones previstas en el manual de convivencia deben responder al derecho de defensa.
El daño acaecido obedece a la vulneración de la dignidad y la violación a la intimidad.
Las normas de reenvío que sean de naturaleza administrativa deben ser expedidas por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental con competencias regulatorias.
Para el momento en que el accionante estuvo vinculado a la comunidad como religioso no se había determinado la obligación de afiliar como trabajadores independientes a los miembros pertenecientes a iglesias o comunidades religiosas.
En un encuentro reciente, Martha Lucía Olano Guzmán, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, conversó con Enrique Gil Botero, ex ministro de Justicia de Colombia y actual secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).
No desconocen el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.
Ayer miércoles, se radicó ante la Cámara la solicitud, firmada por 35 representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.
Al verificar la aptitud de los cargos presentados en las dos demandas acumuladas, la Sala Plena encontró que tenían ineptitud sustantiva.
Se debe analizar en cada caso si los servicios puntuales implican la construcción de un bien inmueble.
El trabajo es el motor de una sociedad próspera y uno de los mecanismos más fuertes para disminuir las brechas sociales que tanto daño nos hacen.
La producción de libros especializados ha sido uno de los principales legados de la compañía en estos 70 años de crecimiento.
La expresión acusada genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria.
Este tipo de violencia de género se encuentra naturalizada y normalizada, razón por la cual se torna invisible y termina siendo frecuente.
El proyecto radicado por los senadores Humberto De La Calle, Fabián Díaz, Iván Name y Angélica Lozano busca eliminar gradualmente esta obligación.
La regla fijada garantiza el derecho de acceder a cargos públicos, el principio de eficacia del voto y el principio ‘pro homine’, sin renunciar al deber de realizar los objetivos que se adscriben al régimen de inhabilidades.
La regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado, es decir, correcto, riguroso o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.
Si a la fecha prevista para un pago el municipio no cuenta con recursos, puede acudir a los créditos y honrar sus obligaciones.
Empleados de carrera tienen derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal.
Aún no se ha regulado la aplicación de dicha prueba de conocimientos, ni se han programado fechas.
Cuando la información que se encuentran en documentos genera un daño al derecho a la intimidad de una persona está exceptuada de publicarse.
Si bien la regla general es la inembargabilidad, tiene excepciones cuando se trata de sentencias judiciales con miras a garantizar la seguridad jurídica.
Debemos terminar con esa visión de que lo único importante es imponer sanción tras sanción.
¿Por qué no extirpar el mal de raíz y sancionar de manera drástica a estos jueces violadores de los derechos humanos de los más vulnerables?
El tiempo para contabilizar la duración de la sociedad patrimonial de hecho se cuenta a partir de la disolución de la sociedad conyugal anterior.
Sin perjuicio de otras actuaciones administrativas como la suspensión y corte del servicio y/o la terminación del contrato.
En tanto su rol por sí mismo y de manera individualizada no es susceptible de caracterizarse como una obra.
También debe dar contestación a las peticiones que eleven los sujetos procesales o intervinientes en las actuaciones judiciales.
Esta compañía se ha convertido en un referente de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en el país.
Aunque esta figura se considera un arma más para luchar contra prácticas corruptas, pretender aplicarla sin entender sus características e implicaciones puede resultar contraproducente.
Será necesario corroborar en cada caso particular, para expedir certificados de retención en la fuente.
De acuerdo con el Decreto 560/20, se debe agilizar la recuperación y conservación de la empresa.
Estos servidores administran justicia por mandato legal.
Todo el sistema de registros prediales del país, incluyendo los registros catastrales y de propiedad, tiene profundas dificultades en materia de seguridad jurídica.
Fue aprobada en primer debate la iniciativa que busca la paridad en cargos de dirección de todas las ramas del poder público.
Las ideas que defiendo como socialdemócrata no se inspiran en el acontecer político de nuestro país, pues acá estamos acéfalos intelectualmente y en poder de la corrupción.
Nuevamente se tramita en el Legislativo un proyecto con estas características.
En la enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o de interés social no cabe la rescisión del contrato por lesión enorme.
Este beneficio se otorgará por única vez y no se aplicará a quienes hayan incurrido en delitos graves.
Se deben analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las 50 semanas.
Este libro busca darles un especial reconocimiento a todas las víctimas de crímenes atroces, para lo cual parte de estándares internacionales que tienen como objetivo el respeto por la dignidad de las víctimas.
Tal cómo está concebido, la empresa que pierda el régimen franco va a ser sancionada por haber creído en el Estado.
Continúa investigándolo por los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado.
Las facultades del juez encuentran un límite fundado en el respeto del debido proceso y el derecho de defensa.
Suele olvidarse que una condena obtenida con prontitud e impuesta a una persona de carne y hueso vale más que una pena formalmente alta, pero que no se aplica.
Funcionarios de la Contraloría están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos en general.
Constituye un acto discriminatorio sobre el origen familiar y la orientación sexual.
Consejo de Estado vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Colpensiones, debido a que desconoció la jurisprudencia vinculante sobre topes pensionales.
Cuando la persona ya no se encuentra vinculada al proceso penal puede acceder a la anonimización.
No por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dada las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación.
La junta especial de calificación de invalidez de aviadores es competente para calificar el origen de la pérdida de capacidad laboral (PCL) de los aviadores civiles.
De acuerdo con el actor, la norma acusada viola el derecho al debido proceso, a la justicia y trasgrede el principio de independencia e imparcialidad judicial.
El “pase jurídico” no es el único medio para dar fe de la autenticidad del documento, pues los internos tienen a su alcance posibilidad de enviar la correspondencia por otros cauces.
El principio de solidaridad que le asistía al Estado para con su servidor público desaparecido forzadamente, específicamente, se trata de un delito de lesa humanidad.
La muerte digna es entendida como un derecho autónomo, compuesto por dos dimensiones: la dignidad humana como presupuesto esencial del ser humano y la autonomía personal.
Habrá delitos que sobren, otros que falten. Es nuestro deber elaborar racionalmente un derecho penal humano.
De acuerdo con el actor, la norma es discriminatoria porque entiende por compañero o compañera permanente a la persona de sexo diferente que haya hecho vida marital con el funcionario durante un lapso no inferior a dos años.
Esto significa que por medio de la utilización de agentes encubiertos no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas.
Dicha responsabilidad puede configurar la responsabilidad civil de la Administración y la del mismo funcionario.
Una interpretación contraria llevaría al absurdo de privilegiar al empleado provisional sobre los empleados con derechos de carrera.
La Corte Constitucional exhortó al Gobierno y al Legislativo para que regule la reproducción humana asistida con un enfoque de género.
De acuerdo con el actor, se vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo.
Contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán realizar de manera libre un aporte voluntario.
Ante los presidentes de la Cámara y el Senado, el Gobierno presentó el proyecto de ley con el que cumpliría una de sus promesas de campaña.
La Ley de Garantías Mobiliarias no derogó la prelación legal de créditos, pero sí creó una nueva especie de acreedor.
La falta de proposición oportuna de los medios de impugnación diseñados para las correspondientes actuaciones constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la acción de tutela.
El Senado de la República acaba de elegir al remplazo de Gloria Stella Ortiz Delgado.
En consideración a que dicho principio no puede sobreponerse sobre la buena fe objetiva y el deber de respetar los mandatos imperativos que establece la ley.
La medida es efectivamente conducente y necesaria, pues satisface eficazmente el fin que persigue y, por otra parte, no existen otros medios menos lesivos que conlleven el cumplimiento del aludido fin.
Tal comportamiento desconoció el deber de honradez que le era exigible en su relación profesional con el quejoso.
Irregularidades en su vinculación y desvinculación justifican que como mínimo se le brinde una protección básica de la estabilidad laboral reforzada por su accidente.
Precisan el verbo injuriar en las faltas contra el respeto debido a la administración de justicia.
Es hora de cumplirle a las personas con discapacidad mediante el uso de un lenguaje sencillo o claro.
De acuerdo con la cartera, aún no se ha adelantado nada sobre este tema, ya que espera realizarlo de manera concertada con la comunidad y uniformados.
El recurso garantiza el derecho al debido proceso al asegurarse que una decisión proferida por un juez de lo contencioso administrativo sea ajustada a la ley
La normativa también modifica los plazos para la inscripción en el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería jurídica
Reiteran el exhorto a regular ampliamente el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en casos de este tipo de violencia.
Esta sanción desestimula la interposición de un recurso para controvertir decisiones judiciales relativas a los derechos de los trabajadores: Corte Constitucional
Corte Suprema aclara el sentido del artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia, acerca de la exclusión por inimputabilidad del menor entre 14 a 18 años.
Según informó el Ministerio del Trabajo, los congresistas demócratas se mostraron satisfechos frente a los planteamientos.
Se acusa el artículo 179 del Código General del Proceso, por infracción al principio de igualdad.
Previo otorgamiento de facultades extraordinarias, el Presidente de la República también lo puede hacer.
Corte Constitucional enfatiza la procedencia de la estabilidad laboral reforzada cuando la disminución en la salud impida o dificulte desempeñar un trabajo.
Hay que consolidar un modelo de aseguramiento que ha hecho honor a la salvaguarda del goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
El IBC de aportes al sistema de seguridad social únicamente lo componen los factores constitutivos de salario.
A la iniciativa le restan siete debates adicionales para convertirse en ley.
Los servidores cobijados por los regímenes de transición tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto.
Corte cita a sesión que pretende lograr posibles respuestas y soluciones que conduzcan a la garantía efectiva de los derechos de esta población.
Así como existen ventajas en relación con el uso de estas herramientas automatizadas, también son evidentes algunos riesgos.
Corte Constitucional advierte que las fuerzas militares no pueden desvincular a sus integrantes por una pérdida de capacidad laboral menor al 50 %, sino que deben ser reubicados.
La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios citó para hoy martes a la primera reunión.
Lina Marcela Muñoz Ávila, abogada experta en Derecho Ambiental, explica la importancia de su contenido para el fortalecimiento de la justicia ambiental en el país y en el mundo.
Advertir a la ciudadanía que haga tales averiguaciones cuando contrate a un abogado ofende severamente la profesión y constituye un abuso inaceptable.
Los nuevos contextos sociales han hecho que el legislador y las altas cortes se empiecen a pronunciar sobre esta materia.
En la inmensa mayoría de los casos, esta práctica facilita la cosificación de los cuerpos de las gestantes.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 (parcial) de la Ley 100 de 1993.
Obligación del Estado de aplicar un enfoque diferencial para la protección de los derechos de los líderes y lideresas sociales, por su condición de sujetos de especial protección constitucional.
A la respectiva entidad le asiste la carga de demostrar que los ingresos percibidos corresponden a fondos provenientes del régimen contributivo o subsidiado.
La congresista Lina María Garrido, al ser hija de padres colombianos y, además, haber sido registrada en Arauca, es colombiana por nacimiento.
Por el contrario, el abuso de esa posición de dominio sí puede constituir una práctica anticompetitiva.
Recientemente, se realizó, en Villa de Leyva, el XVII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Todos somos Jurisdicción Constitucional.
La regla general es que las modificaciones no pueden ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial.
Se afecta la función de la justicia cuando no se cumplen oportunamente los objetivos y las obligaciones que la Constitución le impone a los funcionarios de la Rama Judicial.
En alerta máxima está toda la justicia frente a las ansias de la clase política y en lo que originaría un franco retroceso institucional y lesionaría el Estado de derecho.
Más allá de las consideraciones de gasto público, no se debe nombrar a las primeras damas embajadoras en misiones especiales, por las posibles inhabilidades en que incurrirían.
Los “presupuestos nivelados” era la tesis de Emilio Castelar, estadista español. Aquí no es posible ese equilibrio, porque la deuda externa devora más de la tercera parte de los ingresos nacionales.
Es el dictamen que se realice conforme al manual de calificación vigente a la data de evaluación y cuyo contenido debe observar lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 1253 del 2013.
En estos escenarios, el DIH renueva su vocación de futuro. Esta vez, en lógica de una verdad humanizante.
La disposición estará disponible para comentarios hasta este domingo 9 de octubre.
La vigilancia fiscal es de carácter oficioso, mientras que el control concomitante y preventivo es excepcional.
El funcionario se apartó del sentido material de la justicia, por una decisión desprovista de sustento legal, probatorio y jurídico.
De acuerdo con el actor, la norma en controversia es contraria a los artículos 14 y 96 de la Constitución Política.
No existe una equivalencia entre sentencias y laudos, no hay una identidad de decisiones.
Bonificaciones tienen naturaleza salarial y están sujetas al límite del 40 %, en virtud del acuerdo de desregularización salarial.
Corte Constitucional resaltó la necesaria protección de la mujer sobre todo tipo de violencia.
La Fundación Universitaria Konrad Lorenz cuenta con la Especialización en Psicología Forense desde el 2012 y, en el 2019, cambió su denominación a Psicología Forense y Criminal.
El ente de control solicitó retirar dos artículos de una reciente sentencia de la JEP, tras considerar que viola los derechos de las víctimas.
El trámite de cumplimiento de tutela puede usarse de forma simultánea o independiente al desacato.
Asonal Judicial expresó su inconformidad frente a este fallo de tutela y aboga por el derecho a la desconexión laboral.
El incremento patrimonial previsto en el artículo 236 del Estatuto Tributario parte de la presunción legal de que la diferencia entre el patrimonio líquido con la del periodo inmediatamente anterior constituye renta.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 46 (parcial) de la Ley 2200 del 2022.
Los demandantes presentaron un cargo único sobre la norma cuestionada por la supuesta omisión legislativa relativa, por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.
Las promociones deberán indicar que se trata de educación informal y que no conducen a título o certificado de aptitud ocupacional.
Los mensajes de datos remitidos a través de este tipo de espacios semiprivados y por el propio abogado disciplinable puedan ser incorporados en forma lícita a la actuación disciplinaria.
Es necesario que el interesado acepte ser notificado de esta manera, otorgando la debida autorización expresa.
Conceden amparo de los derechos a la alimentación y a la igualdad de una niña, vulnerados por el colegio al prohibirle consumir el almuerzo que lleva desde su casa.
De los 96 artículos que establece el proyecto, 27 de ellos, fueron ajustados en la ponencia
Explican flexibilización de los requisitos para presentar una acción de tutela cuando el accionante es una persona privada de la libertad.
El ministerio ordenó garantizar la prestación de los servicios relacionados con la salud para la IVE en los términos definidos por la Corte Constitucional
La persona debe reembolsar lo pagado cuando desaparece la fuente del pago.
Las autoridades de los pueblos indígenas tienen competencias jurisdiccionales, pero dicha competencia no es absoluta, pues encuentra algunas limitaciones de orden constitucional y legal.
La omisión de la Registraduría de expedir el documento en el que conste nombre es un abierto desconocimiento de su derecho lingüístico a poder usar el nombre propio de su lengua.
Advierten que les corresponde a las autoridades administrativas competentes definir las medidas necesarias para superar asuntos como una emergencia sanitaria.
Corte Constitucional explica el defecto fáctico del juez al dejar de valorar elementos probatorios en un proceso de reparación directa.
Las zonas francas ya no solo están en el objetivo de la reforma tributaria, sino que el Gobierno ya dictó sentencia anticipada para la terminación de este régimen.
El proceso de masificación de la tokenización puede facilitar o aumentar la liquidez de ciertos activos ilíquidos, mejorando con ello su comercialización.
La existencia de criterios de mérito no sujeta la facultad de elección de las autoridades nominadoras, las cuales podrán elegir a cualquiera de los miembros de la terna.
Las entidades deberán aclarar la información reportada y realizar los ajustes a los que haya lugar
Se presume que su transferencia, a cualquier título, se hace en bloque o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran.
En caso de cuestiones técnicas complejas, la anulación de la decisión adoptada solo será viable en la medida que el acto demandado sea abiertamente irrazonable, desproporcionado o arbitrario.
Las acciones que presentó tenían identidad de partes, hechos y pretensiones.
Un grupo de ciudadanos demandó la Ley 2099 del 2021.
Corte Suprema resaltó que para comprobar la constitución de una sociedad de hecho entre concubinos el trabajo doméstico es considerado aporte.
Las ventas brutas, por su parte, representan el total de las ventas en un periodo determinado, sin ninguna deducción.
Los animales son seres sintientes con especial protección constitucional y legal, y cuentan con normas que permiten dilucidar principios y deberes sobre ellos.
El pago de la remuneración del servidor público corresponderá a servicios efectivamente prestados.
En una jornada de dos días, la Corte Constitucional, en Villa de Leyva, llevó a cabo el encuentro de la jurisdicción constitucional.
Los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar proyectos estratégicos de inversión.
Se declara la legalidad de la doctrina de la DIAN relacionada con la excepción al límite de deducción de intereses por créditos entre vinculados económicos.
El alto tribunal, en un fallo sobre una mesada pensional para un menor de edad, explicó al menor cómo se protegieron sus derechos.
Al ser demandado un acto que no es uno administrativo, que crea, modifica o extingue una situación jurídica, ni es vinculante, se debe declarar probada de oficio la excepción de falta de jurisdicción.
Solo se exige la factura para determinados bienes susceptibles de contrabando masivo, como televisores o neveras.
Sesiones ordinarias y extraordinarias pueden ser más de 140, lo cual dependerá de que el edil haya asistido a todas.
A muchos nos ha pasado que duramos más de una hora en la sala de espera de la EPS mientras nos llaman para asistir a una cita médica, pero cuando entramos nos atienden en menos de 10 minutos.
Ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones y la entidad no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieren generado.
OMS y OIT piden medidas concretas que permitan abordar problemas de salud mental en el entorno laboral.
Se advirtió la configuración de defecto sustantivo, por la indebida aplicación del Acuerdo 049 de 1990, dada la exigencia de requisitos no previstos.
El tratamiento exceptivo debe aplicar a todas las personas cuya situación encuadre dentro de los supuestos.
Precisan que como el crédito reconocido a la demandante se encuentra en proceso de pago no existe prueba del menoscabo patrimonial.
El error de tipo implica un problema de conocimiento sobre los hechos constitutivos del tipo penal.
Así mismo, anunció que busca apuntarle a penas no privativas de la libertad como penas principales.
La Corte Suprema precisó el término para proferir decisión de segunda instancia, si afectó o no una acción popular.
Esta figura se puede invocar para suspender la actuación cuando una decisión brinda mayor certeza sobre el fallo.
Al juez de tutela le está vedado pronunciarse de fondo sobre materias que involucren derechos inciertos y discutibles.
La inexistencia de norma especial imperativa es la que permite que las partes sean las que establezcan el momento desde el cual debe cubrirse el pago de bienes y servicios médicos.
Pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por estas instancias.
La Corte Suprema revisó una decisión con perspectiva de género y anuló las capitulaciones.
De acuerdo con el actor, las normas acusadas vulneran los principios y derechos consagrados en los artículos 1º, 11, 46 y 49 de la Constitución Política.
El objetivo es conocer la participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo durante la vigencia 2022.
Los conceptos pueden convertirse en un verdadero acto administrativo cuando contienen una decisión capaz de producir efectos jurídicos.
El Consejo de Estado explicó situaciones excepcionales para su reconocimiento y la vigencia del artículo 35 transitorio constitucional.
Luis Ferney Moreno Castillo, experto en Derecho Minero Energético, despeja varias inquietudes que, en los últimos días, se han suscitado debido al acontecer nacional.
Villa de Leyva es la sede del XVII encuentro de la jurisdicción constitucional.
Mientras nuestra razón y conciencia nos deben llevar al altruismo, la noción de derechos nos precipita de cierta forma hacia lo contrario.
El conocimiento, la comprensión, la difusión y la enseñanza del Acuerdo Final de Paz, así como el Informe Final de la Comisión de la Verdad, hacen parte de esta pedagogía.
Una mirada global permite concluir que los dos sistemas funcionan, pero teniendo en cuenta en cada caso la cultura, el proyecto histórico y el temperamento de cada país.
Consejo de Estado aclaró que el recurso se estudia con sujeción a los argumentos de las partes, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral.
La secuestre conocía que su actuación era contraria a derecho y no obstante trasgredió la ley disciplinaria.
En un fallo reciente, la Corte Constitucional varió su posición sobre el alcance del artículo 7º de la Ley 819 del 2003.
La Corte Suprema explica la configuración del delito en el evento en que el sujeto activo deriva su conducta de un adoctrinamiento religioso
Lo contrario sucede con la extensión de la convención colectiva de los sindicatos mayoritarios.
Los diferentes actores de los sectores privado y público deben incorporar tales avances para que esta población supere las barreras que generalmente le dificultan la toma de decisiones.
Para el Consejo de Estado, no conviene concentrar todas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
