La función de investigar no solo se traduce en practicar pruebas, sino en extraer todo lo que estas aportan al proceso en ese camino hacia la verdad que exige la ley.
“Miremos el tema de Perú, ¿no hay allí un presidente preso sin sentencia judicial?”, comentó el mandatario colombiano.
Derecho al trabajo supone tanto la garantía de recibir una remuneración como la de ejercer profesión u oficio.
Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.
Consejo de Estado precisó cómo se condicionan el uso, explotación y disponibilidad de los inmuebles que integran el parque nacional natural.
El Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla fue suspendido por tres meses, sin derecho a remuneración.
Debe demostrarse un traslado del riesgo por parte del verdadero empleador de la persona que sufrió una contingencia: Corte Constitucional.
De acuerdo con la demanda, la norma vulnera los principios de progresividad tributarias, equidad y eficiencia.
Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.
La competencia está atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de los factores subjetivo y funcional.
Conozca las novedades de literatura jurídica que presentará Legis en la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Si la Administración no lo tiene en cuenta vulnera el artículo 29 de la Constitución Política.
La publicación parcial impide la consulta íntegra para que sea oponible, se afecta el principio de publicidad y el debido proceso: Consejo de Estado.
El Estado debe velar por la protección de la integridad física, mental y moral de los niños, niñas y jóvenes.
El juez constitucional no puede intervenir si el trámite ordinario previsto por la ley para proteger el derecho al ‘habeas data’ se encuentra en curso.
Las competencias del alcalde en materia presupuestal se encuentran altamente restringidas en virtud del principio de legalidad del gasto.
Juez no puede apartarse del conocimiento del proceso cuando la competencia le ha sido asignada por la resolución de conflicto de competencia.
De la cual solo podrá exonerarse el demandado demostrando la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o una causa extraña.
La CNDJ confirmó la exclusión de la profesión de un abogado por infringir el deber descrito en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007.
En el caso bajo estudio no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contarse con la solicitud de revisión e insistencia ante la Corte Constitucional.
El disciplinable superó el término de 10 días que fija la jurisprudencia constitucional para resolver el incidente de desacato de un fallo de tutela después de su apertura.
Todo lo que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
La celebración de contratos con las cooperativas de trabajo asociado no puede ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo.
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-054 del 2023, determinó la inexequibilidad de los artículos 6° y 151 de la Ley 2200 del 2022.
Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, relativo a la inaplicabilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito cuando la inactividad proviene de una omisión del juzgado.
Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra el artículo 42 de la Ley 2199 del 2022.
Causa gran incertidumbre jurídica el hecho de permitirle al servidor público interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio del trámite del control automático de legalidad.
La alta corporación condenó al entonces secretario general de una empresa electrificadora por asediar sexualmente a dos de sus subalternas.
La ordenación del territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que confluyen en la materia competencias nacionales, regionales, departamentales, municipales y distritales.
Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas procede únicamente en condenas por delitos que hubieren afectado el patrimonio público.
En este tipo de casos, se justifica la condena por la falta de actuación o la actuación tardía o deficiente, cuando otro comportamiento era esperable y racionalmente realizable.
La Universidad del Rosario graduó, por primera vez en Colombia, a una persona no binaria con título profesional.
Sin embargo, los actos contractuales, al igual que ocurre con los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se deben demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. (C.P: Alberto Montaña
Corte Constitucional admitió demanda en contra del artículo 6° de la Ley 2283 del 2023.
Para que la acción popular resulte procedente, es necesario que el demandante, en el transcurso del debate judicial, demuestre que la amenaza invocada cuenta con una connotación colectiva.
La información que puede entregarse a una autoridad administrativa sin la autorización del titular de los datos personales es aquella que corresponde a datos públicos.
No todas las afirmaciones pueden ser cobijadas por el derecho a la libertad de expresión cuando estas transgreden el buen nombre y la honra del funcionario: CNDJ.
Después de analizar el material probatorio, el despacho concluyó que no ocurrió el hecho generador del ICA frente a la percepción de dividendos.
En última instancia, la cuestión se reduce a conseguir el equilibrio adecuado entre anonimato y responsabilidad.
Los invitamos a verificar que en materia digital sus productos sean creados y puestos a prueba siguiendo las tendencias de protección de privacidad.
La sentencia tiene que ser congruente con el objeto del litigio y los hechos esgrimidos por el accionante para amparar el derecho a la defensa del acusado en el proceso: Consejo de Estado.
La alta corporación protegió los derechos de una mujer indígena a tener una vida libre de violencia de género y a la libertad de expresión.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada es flagrante y manifiestamente inconstitucional, pues, en principio, la Constitución impone la aplicación del debido proceso que integra en sí los principios de culpabilidad y de imputación.
En el caso concreto, el fiscal revictimizó a la accionante al momento de acudir a solicitar información sobre el estado de su denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su expareja.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.
La Corte Suprema explicó que la conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales abarca las fases de tramitación, celebración y liquidación del contrato.
En el concepto se señaló que no existe una razón suficiente para otorgarle un trato diferenciado a los individuos con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa.
De acuerdo con la demandante, en el Registro del Estado Civil de las personas debe estar lo relacionado con el estado civil que se adquiere cuando se declara la unión marital de hecho.
Minvivienda presentó los cambios de este subsidio para el 2023.
En el caso concreto no se logró demostrar que la víctima participara en un enfrentamiento contra los uniformados.
Las transferencias de bienes inmuebles no han sido ajenas a la acumulación de impuestos.
El Consejo de Estado señaló que la conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal.
La reunión duró alrededor de dos horas, y fue considerada "provechosa y cordial".
De acuerdo con la demanda, las normas acusadas dejan de lado y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas no binarias.
Corte admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 del 2018.
Incurre en el delito de prevaricato el servidor público que, con conocimiento y voluntad, profiere resolución, concepto o dictamen manifiestamente contrario a la ley: Corte Suprema.
La DIAN emite concepto general sobre derogatorias de la última reforma tributaria, teniendo en cuenta diferentes interrogantes planteados.
De acuerdo con la demanda, las disposiciones acusadas atribuyen competencias al Fiscal General de la Nación que implica que no se observe las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia.
El derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.
Confiamos en que la financiación de las campañas del 2023 y el cumplimiento de las obligaciones legales tributarias sean, al menos un poco más que en las pasadas elecciones, “como deben ser”.
Solo pueden ser objeto de investigación disciplinaria las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico: CNDJ
Ninguna norma tributaria prevé la suspensión del procedimiento de fiscalización o de determinación tributaria por la eventualidad de la pérdida de los libros de contabilidad.
El desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del IDU consistió en adelantar un incidente cuando el proceso ya se había terminado mediante sentencia.
El tribunal constitucional protegió el derecho a la salud de los menores, pues las demandadas no indagaron si era posible un tratamiento con enfoque ABA en el colegio, como se pidió a partir de recomendación médica.
Fue acertada la decisión de la autoridad administrativa, ya que el accionante no demostró que su invención representara un salto cualitativo en relación con la técnica existente: Consejo de Estado.
No es real o verídico y no está atado necesariamente a la determinación de un menor impuesto a cargo o de un mayor saldo a favor.
Esta inhabilidad busca impedir que la contratación con el Estado favorezca la campaña del contratista que aspira a dicho cargo: Consejo de Estado.
En el análisis sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento deben apreciarse en conjunto todos los medios de convicción de los que se disponga: Sala Penal.
De acuerdo con la demanda, la norma no tiene en cuenta los derechos de las víctimas.
Trabajadores que se desvinculen del servicio y no han gozado de sus vacaciones tienen derecho a la compensación en dinero.
No existen los elementos médicos suficientes para determinar si el procedimiento solicitado por la accionante es funcional o está relacionado con la salud: Corte Constitucional.
Rechazar la consulta no transgrede los derechos del disciplinado, ni constituye violación del debido proceso o exceso de rigorismo jurídico.
Sí, siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligación de resarcimiento y que la producción del daño reclamado por quien lo haya padecido pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos.
Se protege la confianza legítima y buena fe del administrado de las conductas contradictorias e intempestivas de la Administración.
Aproximadamente, el 1 % de los residuos sólidos que se disponen en el país van a botaderos y, al menos, 78 municipios colombianos los utilizan como sistema de disposición final.
El alto tribunal precisó las dos posturas adoptadas por las salas de la Corte para resolver estas controversias.
El título del libro proviene del intento de revivir la antigua conexión entre el Estado de derecho y la razón, y de rechazar su asociación con las ideas que establecen una especie de certeza mecánica en su aplicación.
El experto procesalista Jairo Parra Cuadros compartió su opinión frente a algunas de las más recientes discusiones procesales y probatorias.
¿Puede la ley, sin considerar las circunstancias concretas, calificar automáticamente que ciertas relaciones laborales se consideren subordinadas (‘riders’ y ‘pickers’)?
La cabeza genera el drama y, con frecuencia, también su resolución para restablecer el propio sentido de estabilidad personal con el entorno.
Los operadores del sistema de justicia no pueden utilizar ChatGPT como si fuera un oráculo de las normas o de la jurisprudencia aplicable.
Aunque los nombramientos pendientes son importantes, casi nunca son urgentes y ese podría ser el pretexto para decir que no hay prisa.
Para hacer justicia a los animales, deberíamos comenzar por repensar las categorías que nos ha legado el liberalismo decimonónico.
El catastro multipropósito permite ver la complejidad de las relaciones con el territorio como un bosque, sin acotarse a un único dato que sería el árbol meramente fiscalista.
Estas posibilidades sirven para estimular buenos comportamientos a riesgo de perderlos y para diezmar los negocios oscuros de los celulares secretos.
Las leyes estatutarias vienen a ser unos cofres especiales donde se guardan las joyas más preciadas del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y otras materias esenciales.
La normativa entró en vigencia desde el 31 de marzo del presente año.
La presunción prevista en el artículo 263 del Estatuto Tributario admite prueba en contrario, por lo que el contribuyente puede aportar pruebas para demostrar que no contaba con la posesión a efectos tributarios de bienes.
¿Qué lectura, entonces, puede tener la primera y segunda parte del artículo 6º del E. C., junto a los referidos numerales 5º del artículo 5º, el artículo 10 y el artículo 20, también del E. C.?
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.
El Ministerio Público manifestó que las disposiciones demandadas violan la Constitución, porque su indebida formulación lleva escenarios que están en contravía de los mandatos superiores.
El juez de paz debió permitir el ejercicio de la defensa antes de declarar el incumplimiento de la conciliación por una de las partes.
En principio, el transporte intermunicipal no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Asociados del año 2023.
El coronel Rodrigo Mezu-Mina presentó la obra Sable sin vainas.
A los congresistas nadie los castiga por su pobre desempeño. Pueden dormirse en las sesiones, no tener ideas, no leer los proyectos, no participar en los debates y decir barrabasadas.
Las herramientas institucionales y una democracia guiada por una ciudadanía activa y crítica, e instituciones fuertes, pueden hacer funcionales el diseño constitucional de control sobre el poder público.
El libro explora esos campos que, de alguna manera, el legislador ha regulado en favor de los amantes.
La publicación incluye una completa introducción acerca de los orígenes del conflicto armado, sus actores y momentos hitos en los que se transitó entre la negociación y la guerra.
Esta obra forma parte de la colección Derecho y Sociedad, que difunde aportes novedosos a los estudios interdisciplinarios sobre el Derecho y las instituciones.
Las leyes estatutarias vienen a ser unos cofres especiales donde se guardan las joyas más preciadas del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y otras materias esenciales.
La restricción cobija a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
La exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial debe ser analizada en cada caso concreto, en atención a la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de que su debate sea objeto de conciliación.
Los saldos insolutos que se generen entre el trámite de la liquidación y la aprobación de la partición estarán a cargo de la sociedad: Corte Suprema.
El aumento de precios en las matrículas de las instituciones de educación superior (IES) privadas en Colombia ha generado debates y polémicas que se acentuaron a finales del año pasado y a comienzos del 2023.
Solo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que emite el acto podría ser juzgado.
La sola denominación de cerveza no significa que se genere automáticamente el gravamen, porque el hecho generador del tributo lo constituye únicamente el consumo de bebidas alcohólicas.
Si se emiten fallos contra el Presidente de la República, las entidades deberán ponerse en contacto inmediato con el Dapre.
Si bien el instituto educativo tiene la posibilidad de retener algunos documentos cuando se presenta una falta de pago, ello no lo exonera de analizar las circunstancias del núcleo familiar del niño.
No se encontraron los presupuestos de la causal de inhabilidad para ser congresista por celebración de contratos con entidades estatales.
Por ende, el medio procesal para conocer sobre los conflicto originados en actos jurídicos que gestionan el objeto social de entidades regidas por el derecho privado es la reparación directa.
Se trata de solicitudes que cuentan con un término especial, el cual se podrá ampliar cuando se haya requerido la práctica de pruebas.
La meta de la administración es aumentar la conectividad fija y móvil de internet en un 85 % para 2026.
La negligencia del investigado privó a la quejosa de acceder a la administración de justicia: CNDJ.
Se estima que, en Colombia, 3,5 millones de mujeres viven con esta enfermedad.
Se trata de los lineamientos que ministerios y departamentos administrativos deben seguir a la hora de responder ante acciones públicas de inconstitucionalidad.
En el soborno en la actuación penal debe mediar entrega o promesa de dinero u otra utilidad al testigo para que se abstenga de concurrir a declarar: Corte Suprema.
De acuerdo con el demandante, la medida viola el principio de equidad tributaria y el de certeza tributaria.
En la práctica, la justicia digital para la época de los hechos mostraba falencias objetivas, lo cual condujo a que el implicado no pudiera conectarse a la diligencia judicial.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió un conflicto negativo de competencia para que defina cuál es la autoridad que deberá investigar disciplinariamente a tres auxiliares de la justicia.
Esta distorsión, que, a mi modo de ver, tendría un origen involuntario y podría ser más atribuible a un descuido o a una falencia en la aplicación de la técnica legislativa.
Los excedentes pueden ser apropiados como reservas por disposición expresa o por aprobación de la asamblea de propietarios.
Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no solo debe ser asociado a las relaciones laborales de carácter dependiente (contratos de trabajo, vinculaciones legales y reglamentarias), sino que debe ser extensiva a los contratos de prestación de servicios.
Una de las razones para los cambios es el incremento del índice de precios al consumidor (IPC).
Se causa independientemente de la calidad, pública o privada, del propietario o poseedor, puesto que la norma no hace ninguna distinción al respecto.
Avanza en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política que establece la jurisdicción agraria y rural.
Para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 37 de la Ley 2277 del 2022.
Concepto de contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil aplica en el ámbito mercantil.
La jurisprudencia constitucional ha definido la responsabilidad de las administradoras de pensiones y ha rechazado que al afiliado se le trasladen cargas desproporcionadas: Corte Constitucional.
Dado que no existe cambio de empleo, las funciones siguen iguales y el empleado no debe posesionarse nuevamente.
Generalmente se aplica la exclusión de la figura de la solidaridad patronal para el ICBF en el marco de contratos de aportes.
Los jueces deben incorporar criterios de género y analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad: Corte Constitucional.
En abril del 2022 se había fijado en $ 10.581 diarios, ahora será de $ 16.691.
Corte declara inconstitucionales artículos que regulan la imposición de multas y los beneficios por colaboración en procesos de investigación y sanción de conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.
El Gobierno creará mesas para dialogar sobre regulación justa, transformación territorial, incidencia internacional, entre otros temas.
La renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición: Consejo de Estado.
Es desproporcionado obligar a la accionante a acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para una controversia que no recae sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, sino sobre la simple activación como afiliada.
De acuerdo con la demanda, la configuración de la base gravable solo resulta inconstitucional mientras se construya partiendo de un patrimonio bruto que incluya propiedades inmuebles.
Así lo anunció el coordinador ponente de la iniciativa, el representante Alfredo Mondragón.
La Corte Constitucional explicó los requisitos que debe cumplir la respuesta a este mecanismo.
Tanto el deber de reparación o remplazo como la sanción debe estipularse en el respectivo contrato de condiciones uniformes.
Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.
Corresponde a las autoridades adoptar medios tecnológicos y alternativos para el trámite y resolución de PQR.
Se logró establecer que el procedimiento de su elección se rigió por lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma que resultaba aplicable.
Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.
Con el fin de evitar una amenaza contra el ejercicio de la profesión y la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra del inciso 3° (parcial) del artículo 52 de la Ley 599 del 2000.
De acuerdo con los demandantes, las sanciones de prisión dispuestas en los apartes acusados violan la prohibición de censura del artículo 20 de la Constitución Política.
El proyecto normativo regularía nuevas modalidades de crédito para financiar proyectos productivos en zonas rurales aisladas.
Por medio del comunicado 315, la FGN dio a conocer esta decisión, reiterando su compromiso desde sus competencias y apoyando las decisiones que beneficien la obtención de la paz.
El consentimiento de una persona en situación de discapacidad, incluso la declarada interdicta, debe ser valorado igual que el de todos los ciudadanos: Corte Constitucional.
El actuar de los disciplinables no se tradujo en una lesión a la integridad moral, intimidad o buen nombre de la empleada de la Fiscalía.
Corte Constitucional resolvió si se vulneran los derechos de un PPL que padece de un trastorno de ansiedad al trasladarlo a sus citas médicas con restricciones de manos y pies.
Se comprobó que el actor tuvo plenas garantías de derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida en que fue citado a descargos y, en general, pudo ejercer adecuadamente su defensa.
Cuatro expertos analizan el caso Metabirkin, los límites a la libertad creativa y los NFT.
Las pruebas clasificatorias no buscan evaluar los conocimientos impartidos en el marco de un proceso educativo, sino definir un punto de partida para dar inicio al proceso: Corte Constitucional.
Los vehículos deben ser de propiedad del prestador de servicios turísticos o estar bajo la figura de arrendamiento financiero o ‘leasing’.
Se reduce a si el trabajador debe pagar por transportarse, sin importar si lo hace en servicio de transporte público, informal o privado.
Corte Suprema aclaró expresiones relacionadas con la eficacia y vigencia de los beneficios pensionales estipulados en convenciones.
Duque Gutiérrez será el remplazo de William Hernández Gómez.
Evidenciarían que los tomadores de unos seguros, sus abogados y dos jueces usaron el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos en detrimento de la aseguradora.
A través de otrosí o con conductas que demuestren la intención de revocar la prohibición.
La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales en eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles.
Por encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado en el año 2012 a 36 meses de prisión.
Los gastos de afiliación a clubes sociales que se hacen para cumplir estrictamente las labores de la compañía y no para temas personales de los socios deben ser deducibles.
Corte declara constitucional la ineficacia de las estipulaciones contractuales que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor.
Es importante recordar que los principios tributarios constitucionales deben ser transversales en la legislación fiscal.
Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que impulsen, tramiten y expidan una ley orgánica para la conformación de entidades territoriales indígenas, la cual debe ser previamente consultada.
Las autoridades desconocieron la situación socioeconómica específica de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su participación en las clases virtuales.
La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.
El sistema de facturación electrónica es una nueva realidad de las compañías, que impacta directamente los procesos de preparación de las declaraciones tributarias.
Los beneficiarios también recibirán capital para crear un proyecto productivo viable.
Es fundamental reconocer la importancia que tienen las comunidades indígenas y negras en la conservación de los bosques y los recursos naturales renovables.
De acuerdo con los demandantes, el aparte es inconstitucionales porque regula una exclusión tributaria y no una exención.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 2145 del 2021, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre importación temporal, hecho en Estambul, Turquía.
Otras actividades en desarrollo de objeto múltiple no pueden poner en riesgo la prestación eficiente y continua de los servicios públicos.
El Consejo de Estado admitió la acción, que indica que el Gobierno violó los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.
El debate está abierto, la discusión democrática debe propiciarse, pues los asuntos diversos que llegan a los jueces por falta de regulación normativa allanan el camino a la inseguridad jurídica.
La práctica jurídica en materia de asesoramiento de los casos de concurrencia de parejas se ha vuelto cada vez más compleja.
Prohibir la minería significa prohibir la minería legal, dejar las minas a merced de ilegales, una decisión por la cual el presidente no debería dejar de asumir responsabilidad política.
La violación a la prohibición legal de adicionar los contratos estatales en más del 50 % de su precio inicial debe verificarse en el momento en el que surgen las obligaciones.
Los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalan que la Rama Judicial está salvaguardando los principios de la Carta de 1991.
En cualquier Estado soberano el presidente está obligado a proteger a la sociedad y a sus propios agentes del orden; y si, tácticamente, decide no atacar al enemigo, ya liberados los policías secuestrados está obligado a detener y a castigar a los subversivos.
Señalan los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación de los topes máximos de financiación.
Dos temáticas absolutamente relacionadas y complementarias se están tramitando por vías diferentes y excluyentes entre sí.
En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.
La satisfacción es doble al haber logrado este cambio jurisprudencial tan importante en el área del derecho tributario y, a su vez, haber obtenido un beneficio económico notable para el manejo tributario de nuestro cliente.
Se deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias correspondientes.
No se puede establecer responsabilidad fiscal sin gestión fiscal.
El incumplimiento de uno redunda en los demás y ello habilita al consumidor a perseguir el cumplimento de uno o de otro.
Actos administrativos que contienen decisiones relativas a la expropiación administrativa son atacables en vía judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Consejo de Estado.
Las comisiones económicas conjuntas revisarán la ponencia y debatirán el articulado.
La decisión llega justo en el momento que la entidad investiga a algunos de sus funcionarios por presuntos casos de acoso laboral y sexual.
La Corte encontró que eran tipos penales en blanco, en los cuales se encontraba justificada la remisión normativa a la regulación ambiental.
La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.
La medida constituía una reforma funcional de la estructura de la Administración, por lo que estaba sometida a la regla de iniciativa gubernamental exclusiva.
