Aprobado presupuesto general de la Nación 2023 por más de $ 405 billones
El monto aprobado tuvo un aumento del 15,1 % respecto al presentado por el Gobierno Duque.
El monto aprobado tuvo un aumento del 15,1 % respecto al presentado por el Gobierno Duque.
De acuerdo con el actor, se vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo.
Para la CNDJ, además de la censura, al abogado se le debió fijar un término de prohibición para ejercer la profesión.
Ante los presidentes de la Cámara y el Senado, el Gobierno presentó el proyecto de ley con el que cumpliría una de sus promesas de campaña.
La Ley de Garantías Mobiliarias no derogó la prelación legal de créditos, pero sí creó una nueva especie de acreedor.
El Senado de la República acaba de elegir al remplazo de Gloria Stella Ortiz Delgado.
Revisores fiscales deben observar normas de ética profesional y aquellas relacionadas con posibles causas de conflictos de interés.
Demostrar la desviación de poder implica probar que en la expedición del acto se tuvieron finalidades ocultas.
La ausencia de firma manuscrita no permite rechazar la oferta, pues es una formalidad no necesaria para comparar propuestas.
En consideración a que dicho principio no puede sobreponerse sobre la buena fe objetiva y el deber de respetar los mandatos imperativos que establece la ley.
Exigencias normativas y jurisprudenciales no pueden instrumentalizarse como un pretexto para la trasgresión del derecho de acceso a la administración de justicia.
Tal comportamiento desconoció el deber de honradez que le era exigible en su relación profesional con el quejoso.
Expiden reglamento técnico para sistemas de frenado de motocicletas.
Se protegen los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia vulnerados por la autoridad judicial.
Se anularon apartes de la Resolución 13004 del 2017, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
No puede existir desconocimiento de una confianza fundada en una cláusula que tenía una clara interpretación y que se contrarió por error durante toda la actividad contractual.
Deben incluir en la liquidación únicamente aquellos que se encuentran descritos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.
La disposición estará disponible para comentarios hasta el martes 18 octubre.
Irregularidades en su vinculación y desvinculación justifican que como mínimo se le brinde una protección básica de la estabilidad laboral reforzada por su accidente.
Precisan el verbo injuriar en las faltas contra el respeto debido a la administración de justicia.
Cuando existe acta de liquidación bilateral suscrita sin salvedades el cumplimiento de las obligaciones del contrato no puede verificarse en la fase poscontractual.
Este documento certifica que existe un aplazamiento dentro del proceso de definición de la situación militar.
De acuerdo con la cartera, aún no se ha adelantado nada sobre este tema, ya que espera realizarlo de manera concertada con la comunidad y uniformados.
El recurso garantiza el derecho al debido proceso al asegurarse que una decisión proferida por un juez de lo contencioso administrativo sea ajustada a la ley
Pertenencia denegada por ausencia de término prescriptivo no impide que se invoque nuevamente el lapso reconocido en un trámite posterior.
Reiteran el exhorto a regular ampliamente el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en casos de este tipo de violencia.
Esta sanción desestimula la interposición de un recurso para controvertir decisiones judiciales relativas a los derechos de los trabajadores: Corte Constitucional
Dichas modificaciones le ahorrarían a Colombia, solo en este 2022, más de $ 20 mil millones.
El proyecto establece que la Agencia Nacional de Seguridad Vial será la encargada de efectuar el seguimiento y monitoreo de la efectividad de este reglamento técnico.
Corte Suprema aclara el sentido del artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia, acerca de la exclusión por inimputabilidad del menor entre 14 a 18 años.
Según informó el Ministerio del Trabajo, los congresistas demócratas se mostraron satisfechos frente a los planteamientos.
Se acusa el artículo 179 del Código General del Proceso, por infracción al principio de igualdad.
Previo otorgamiento de facultades extraordinarias, el Presidente de la República también lo puede hacer.
Corte Constitucional enfatiza la procedencia de la estabilidad laboral reforzada cuando la disminución en la salud impida o dificulte desempeñar un trabajo.
La llamada en garantía rembolsará a Ecopetrol lo que pague a los actores con ocasión de la indemnización.
Cuando se presenta una reclamación por fuera de los tres años se configura la prescripción extintiva, pero se deben excluir los aportes al sistema de seguridad social que inciden en el derecho pensional.
A la parte actora le asiste la obligación de delimitar el alcance del estudio de validez que pretende plantear ante el juez.
El DAFP unificó su posición doctrinal en relación con el disfrute del día de la familia y su compensación.
Aunque el precio global es una modalidad de precio que usualmente se emplea en los contratos de obra, ello no implica que sea excluyente respecto de otras figuras contractuales.
El IBC de aportes al sistema de seguridad social únicamente lo componen los factores constitutivos de salario.
El infractor tiene 60 días para solicitar el reconocimiento de la construcción ante la autoridad competente.
Aplica la ley vigente al momento en que se habría causado el derecho, es decir, la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.
A la iniciativa le restan siete debates adicionales para convertirse en ley.
Uno de los puntos de concentración más importantes será la ciudad de Medellín, donde participará el superintendente (e).
Los servidores cobijados por los regímenes de transición tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto.
Corte cita a sesión que pretende lograr posibles respuestas y soluciones que conduzcan a la garantía efectiva de los derechos de esta población.
El exfuncionario, junto a seis guardianes, habría facilitado y hasta colaborado en la fuga del recluso.
El gasto puede ser clasificado dentro de la sección correspondiente del presupuesto como de inversión o de funcionamiento.
Se presenta inobservancia de reglas técnicas en la casación cuando en el reparo no se expuso la forma en que el juzgador tergiversó, cercenó, supuso o pretermitió las pruebas.
Deberá ser distribuido mediante correo electrónico a cada integrante de la fuerza pública del territorio nacional.
La iniciativa ahora pasará a conciliación de la Cámara y el Senado, para su posterior sanción presidencial.
Por su parte, la prescripción extraordinaria será de cinco años y se cuenta desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Corte Constitucional advierte que las fuerzas militares no pueden desvincular a sus integrantes por una pérdida de capacidad laboral menor al 50 %, sino que deben ser reubicados.
La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios citó para hoy martes a la primera reunión.
En el caso bajo estudio las afirmaciones consignadas por el abogado poseían la capacidad de dañar, o menoscabar la honra de la autoridad judicial.
Consejo de Estado estudió si se presentó una mora judicial para decretar el embargo de un bien inmueble dentro de un proceso ejecutivo laboral.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 (parcial) de la Ley 100 de 1993.
Obligación del Estado de aplicar un enfoque diferencial para la protección de los derechos de los líderes y lideresas sociales, por su condición de sujetos de especial protección constitucional.
La congresista Lina María Garrido, al ser hija de padres colombianos y, además, haber sido registrada en Arauca, es colombiana por nacimiento.
Por el contrario, el abuso de esa posición de dominio sí puede constituir una práctica anticompetitiva.
Los documentos enviados a las direcciones que los abogados registran como lugar de domicilio profesional se presumen recibidos por el destinatario, independientemente de quien reciba el documento.
Pago de incapacidades se realiza a afiliados cotizantes al régimen contributivo de salud con mínimo cuatro semanas de cotización.
La regla general es que las modificaciones no pueden ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial.
Se afecta la función de la justicia cuando no se cumplen oportunamente los objetivos y las obligaciones que la Constitución le impone a los funcionarios de la Rama Judicial.
El acuerdo posibilitará la compraventa de tres millones de hectáreas de tierras fértiles para entregar a los campesinos y avanzar en la reforma agraria integral.
La vigilancia fiscal es de carácter oficioso, mientras que el control concomitante y preventivo es excepcional.
Las tarifas aplicarán desde el primero de enero del próximo año.
De acuerdo con el actor, la norma en controversia es contraria a los artículos 14 y 96 de la Constitución Política.
No existe una equivalencia entre sentencias y laudos, no hay una identidad de decisiones.
Las entidades y organizaciones territoriales tendrán plazo hasta el 12 de octubre para presentar sus ternas.
Corte Constitucional resaltó la necesaria protección de la mujer sobre todo tipo de violencia.
La Fundación Universitaria Konrad Lorenz cuenta con la Especialización en Psicología Forense desde el 2012 y, en el 2019, cambió su denominación a Psicología Forense y Criminal.
El ente de control solicitó retirar dos artículos de una reciente sentencia de la JEP, tras considerar que viola los derechos de las víctimas.
Si no se dispone de las denominaciones necesarias, el reintegro deberá corresponder a la cifra superior más cercana.
El trámite de cumplimiento de tutela puede usarse de forma simultánea o independiente al desacato.
Para probar el desequilibrio económico se impone acreditar, primero, cuáles eran las condiciones de equilibrio propias del acuerdo de voluntades.
Asonal Judicial expresó su inconformidad frente a este fallo de tutela y aboga por el derecho a la desconexión laboral.
El incremento patrimonial previsto en el artículo 236 del Estatuto Tributario parte de la presunción legal de que la diferencia entre el patrimonio líquido con la del periodo inmediatamente anterior constituye renta.
Con esta iniciativa, si el denunciante está inmerso en la investigación podría obtener beneficios fiscales, penales y disciplinarios.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 46 (parcial) de la Ley 2200 del 2022.
Corte Suprema precisa el requisito de convivencia para configurar violencia intrafamiliar.
El deber cuya inobservancia se le imputó a la abogada fue el de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales.
Las promociones deberán indicar que se trata de educación informal y que no conducen a título o certificado de aptitud ocupacional.
Las peticiones, los hechos y las partes que se incluyan en una posterior actuación deben sujetarse a los mismos requisitos de oportunidad que se imponen para las pretensiones que inicialmente se formulen.
Los mensajes de datos remitidos a través de este tipo de espacios semiprivados y por el propio abogado disciplinable puedan ser incorporados en forma lícita a la actuación disciplinaria.
Conceden amparo de los derechos a la alimentación y a la igualdad de una niña, vulnerados por el colegio al prohibirle consumir el almuerzo que lleva desde su casa.
Se vulnera el derecho al debido proceso al negar la devolución de los bienes incautados basándose en la limitación temporal de la competencia de los jueces de control de garantías.
El ministerio ordenó garantizar la prestación de los servicios relacionados con la salud para la IVE en los términos definidos por la Corte Constitucional
Las autoridades de los pueblos indígenas tienen competencias jurisdiccionales, pero dicha competencia no es absoluta, pues encuentra algunas limitaciones de orden constitucional y legal.
La omisión de la Registraduría de expedir el documento en el que conste nombre es un abierto desconocimiento de su derecho lingüístico a poder usar el nombre propio de su lengua.
Advierten que les corresponde a las autoridades administrativas competentes definir las medidas necesarias para superar asuntos como una emergencia sanitaria.
La NIIF 16, incluida en el anexo 1 del DUR 2420 del 2015, contiene directrices que permiten identificar un arrendamiento.
Corte Constitucional explica el defecto fáctico del juez al dejar de valorar elementos probatorios en un proceso de reparación directa.
La existencia de criterios de mérito no sujeta la facultad de elección de las autoridades nominadoras, las cuales podrán elegir a cualquiera de los miembros de la terna.
Las entidades públicas y privadas ahora tendrán plazo de reportar dicha información hasta el 31 de octubre.
Es necesaria la falla probada del servicio para configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica y hospitalaria: Consejo de Estado
Se presume que su transferencia, a cualquier título, se hace en bloque o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran.
Corresponde a la garantía legal la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte.
En materia parafiscal el sujeto pasivo debe demostrar los pagos al Sistema General de Seguridad Social.
En caso de cuestiones técnicas complejas, la anulación de la decisión adoptada solo será viable en la medida que el acto demandado sea abiertamente irrazonable, desproporcionado o arbitrario.
Las acciones que presentó tenían identidad de partes, hechos y pretensiones.
El empresario será responsable de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información.
Corte Suprema precisó sobre pérdida de beneficios del postulado y la ponderación de la entidad del hecho punible cuando es mínima.
Corresponde al jefe de la unidad de personal verificar los requisitos para el desempeño del respectivo cargo.
Un grupo de ciudadanos demandó la Ley 2099 del 2021.
Corte Suprema resaltó que para comprobar la constitución de una sociedad de hecho entre concubinos el trabajo doméstico es considerado aporte.
Esta disposición aplica tanto para vehículos con o sin seguro todo riesgo, en casos de accidentes en los que solo se causen daños materiales.
El pago de la remuneración del servidor público corresponderá a servicios efectivamente prestados.
En una jornada de dos días, la Corte Constitucional, en Villa de Leyva, llevó a cabo el encuentro de la jurisdicción constitucional.
Los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar proyectos estratégicos de inversión.
Sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación, implique que ella no pueda ser cobrada.
El alto tribunal, en un fallo sobre una mesada pensional para un menor de edad, explicó al menor cómo se protegieron sus derechos.
Solo se exige la factura para determinados bienes susceptibles de contrabando masivo, como televisores o neveras.
Es inadmisible que active la jurisdicción disciplinaria para impugnar la decisión que es consecuencia lógica de la aceptación de la imputación.
Sesiones ordinarias y extraordinarias pueden ser más de 140, lo cual dependerá de que el edil haya asistido a todas.
Consejo de Estado explica la verificación de existencia de un contrato estatal.
Además de ser contradictorio con los fines de la negociación colectiva para los trabajadores, conllevaría al desconocimiento del mínimo derechos que ya tenían adquiridos.
Consejo de Estado hace precisiones sobre los bienes que integran y se excluyen de la masa de liquidación.
Ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones y la entidad no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieren generado.
OMS y OIT piden medidas concretas que permitan abordar problemas de salud mental en el entorno laboral.
Se advirtió la configuración de defecto sustantivo, por la indebida aplicación del Acuerdo 049 de 1990, dada la exigencia de requisitos no previstos.
No es procedente el reajuste de salarios que devengaba el demandante en servicio activo, ya que la modificación con fundamento en el IPC solamente procede respecto de asignaciones de retiro.
El tratamiento exceptivo debe aplicar a todas las personas cuya situación encuadre dentro de los supuestos.
Precisan que como el crédito reconocido a la demandante se encuentra en proceso de pago no existe prueba del menoscabo patrimonial.
La condena se dio en razón a la pérdida de más de 8.000 unidades de palma de aceite durante una jornada de fumigación con glifosato que se adelantó en Tumaco (Nariño).
La Corte Suprema precisó el término para proferir decisión de segunda instancia, si afectó o no una acción popular.
Esta figura se puede invocar para suspender la actuación cuando una decisión brinda mayor certeza sobre el fallo.
Al juez de tutela le está vedado pronunciarse de fondo sobre materias que involucren derechos inciertos y discutibles.
La Corte Suprema revisó una decisión con perspectiva de género y anuló las capitulaciones.
Si el empleado está en casa desarrollando actividades familiares y personales no procedería pago de disponibilidad.
De acuerdo con el actor, las normas acusadas vulneran los principios y derechos consagrados en los artículos 1º, 11, 46 y 49 de la Constitución Política.
Es nulo el acto cuando el siniestro declarado no corresponde a un riesgo amparado por el seguro de seriedad de la oferta.
El objetivo es conocer la participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo durante la vigencia 2022.
Los conceptos pueden convertirse en un verdadero acto administrativo cuando contienen una decisión capaz de producir efectos jurídicos.
Este hecho no desconoce el mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores, por el contrario, le resulta favorable.
El Consejo de Estado explicó situaciones excepcionales para su reconocimiento y la vigencia del artículo 35 transitorio constitucional.
Villa de Leyva es la sede del XVII encuentro de la jurisdicción constitucional.
En el caso bajo estudio, la autoridad judicial incurrió en vía de hecho.
Consejo de Estado aclaró que el recurso se estudia con sujeción a los argumentos de las partes, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral.
La secuestre conocía que su actuación era contraria a derecho y no obstante trasgredió la ley disciplinaria.
Divisiones de fiscalización no deberán proferir un acto para declarar como no válida una declaración que es ineficaz.
Para el Consejo de Estado, no conviene concentrar todas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Solo el legislador es quien puede definir las causales para declarar la nulidad de un negocio jurídico.
Con un proyecto de decreto se bajaría la distribución y giro del 40 % al 35 %.
No se logró demostrar el carácter creativo, artístico y original de los materiales objeto de registro.
Las expresiones contra la Vicepresidenta de la República nos recuerdan que en Colombia existen leyes que castigan penalmente la discriminación.
Desde la creación del Régimen Tributario Especial los procesos de fiscalización de la DIAN en contra de las entidades sin ánimo de lucro se han incrementado, algunas entidades se estaban utilizando como vehículo para la evasión y elusión fiscal.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron por inconstitucional la totalidad de la Ley 2220 del 2022.
El ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del servicio o actividad.
Corte Constitucional se pronunció sobre aplicación retrospectiva de la ley y del principio favorabilidad en el caso de las pensiones de sobrevivientes por muertes de soldados.
Con fundamento en los principios generales del derecho, los de la función administrativa, a la finalidad del pliego y sobre todo a la protección del interés general.
En el RAIS, la edad es relevante para tener acceso a la garantía de pensión mínima y la redención de bonos pensionales, pero no para acceder a la pensión.
No pueden las instituciones negar la atención médica prenatal requerida por una menor de edad en estado de gestación debido a su permanencia irregular en Colombia.
Opera el retiro inmediato y es responsabilidad de la autoridad correspondiente producir una nueva designación.
Vulneración del derecho al debido proceso con decisión de magistrada ponente de Tribunal de otorgarle carácter vinculante al comunicado de prensa de la Corte Constitucional.
Contratistas deberán entregar el RUT vigente y actualizado, con una fecha de expedición no superior a cinco días de la radicación de la cuenta.
Se tiene derecho a la preferencia arancelaria teniendo en cuenta el origen de la mercancía: Consejo de Estado.
Se le ordena a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en un término máximo de 15 días dicte sentencia de fondo.
Si bien existen diferencias técnicas en los ritos entre las distintas jurisdicciones, lo cierto es que en su estructura algunos trámites guardan similitudes en fases fundamentales.
Corte Suprema expresó que la resocialización es función y fin primordial de la pena en un Estado social de derecho a la hora de abordar el estudio de la libertad condicional.
Más de $ 909 millones aprobados serán distribuidos en consignaciones de hasta un millón de pesos cada una.
Corte Constitucional declara la improcedencia de acción de tutela por no configurarse defecto fáctico, ni violación directa de la Constitución.
El contrato debe regirse por las normas vigentes al momento de su celebración
De acuerdo con el demandante, la norma cuestionada es inconstitucional, por violar normas superiores y por invadir la competencia del legislador estatutario.
La posibilidad de trasladarse y de escoger libremente qué entidad de salud va a prestar los respectivos servicios es una garantía que debe ser protegida como parte del derecho a la salud de las comunidades indígenas.
Esta conducta afectó la correcta administración de justicia como servicio público esencial.
El hecho de que el accionante esté en desacuerdo sobre las pruebas no implica que haya incurrido en violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.
Así lo determinó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de una acción de tutela.
Cuando el tiempo servido en entidades públicas ya se empleó o sirvió para estructurar un derecho pensional no es dable que se pueda utilizar nuevamente para conservar el régimen de transición y obtener así otra prestación diferente.
El objeto debe ser posible y es un elemento esencial del contrato, en tanto constituye la razón de ser del negocio.
De ser así, solo estarán gravados con la contribución parafiscal recaudada por el Ministerio de Cultura para los municipios.
La estrategia articula a las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía para mejorar las condiciones de seguridad de los colombianos.
Ninguno de los cargos formulados de manera particular cumplía con los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia.
El ministro Néstor Osuna aseguró que la mitad de sentencias de tutelas proferidas por jueces ordinarios no se cumplen
La norma acusada prevé un requisito para la procedencia de la deducción de una expensa que se suma a los tres enlistados en el primer inciso del artículo 107 del Estatuto Tributario: la licitud.
El pasado martes 20 de septiembre, fue aprobado el proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes, ahora se estudiará en el Senado.
La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.
Consejo de Estado explicó cómo las condiciones en las que se realiza el vuelo son determinantes para atribuir responsabilidad.
Subrogación de obligaciones y derechos hace inoperante el principio de universalidad del régimen de liquidación de entidades públicas.
Entidades públicas que recauden rentas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas obligaciones a su favor.
El ministro también destacó la necesidad que la jurisdicción tenga una policía judicial.
De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.
Un alcance contrario a la norma no solo significaría trasgredir el ordenamiento jurídico, sino vulnerar el derecho de asociación sindical.
La Corte Constitucional estudió la historia clínica de tres personas y acumuló los expedientes en contra de las entidades promotoras de salud.
Esta iniciativa busca acabar de raíz el clientelismo electoral, con más transparencia y participación política.
Proceden aportes a salud, pensión y riesgos laborales, aunque haya completado requisitos para pensión de jubilación.
Se vulnera el derecho al debido proceso al revocar la sentencia anticipada por falta del interrogatorio de la parte demandante.
La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.
Sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Una autoridad administrativa desconoció el derecho de audiencia y de defensa por omitir etapas del procedimiento adelantado.
Quien no paga una multa está sujeto a que se le embargue el inmueble y de esa forma lo puede perder.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021.
El proyecto sustituye la firma mecánica por la firma autógrafa mecánica en el trámite.
Salvo que se justifique de manera estricta la necesidad y proporcionalidad de dicha medida, a la luz de la mejor información técnica disponible.
Villa de Leyva será la sede del XVII Encuentro de la jurisdicción constitucional.
La norma dispone que es necesario que se apruebe en dos debates, celebrados en distintos días.
En este lugar el estudiante desarrolla su personalidad y se forma en el respeto a los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia envío al Senado de la República la terna de candidatos para remplazar a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
Consejo de Estado explicó que la acción disciplinaria se interrumpe con la expedición y notificación del acto inicial que resuelve la actuación administrativa disciplinaria.