La causal legal de disolución por pérdidas que reducen el patrimonio por debajo del 50 % del capital suscrito está derogada.
Reconsideran oficio del 2022 según el cual la compensación resultaba aplicable por parte de sociedades y no de sus sucursales.
Al juez de la acción popular no le correspondía tomar decisión de anular contrato porque era competencia del tribunal de arbitramento.
Actualmente existen posiciones tanto jurisprudenciales como doctrinales que respaldan dos tesis distintas: la nulidad absoluta y la inexistencia.
Contribuyentes que excedan esta fecha deberán pagar intereses diarios por mora sobre las facturas, además de sanciones e intereses.
¿Qué avances y retos reflejan los litigios promovidos en Latinoamérica para revertir los efectos ecológicos y sociales de la crisis climática?
La profesional no fue notificada a ninguna de las direcciones que aparecían en el Registro Nacional de Abogados.
¿Cuándo es obligatoria la conciliación de la sentencia condenatoria en lo contencioso administrativo?
De lo contrario, se configuraría un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.
Si el demandante se aparta del proceso, la coadyuvancia seguiría su suerte.
La diferencia temporal entre la causación y generación al momento de su venta permite verificar causales de exclusión.
Al no precisar el término de las notificaciones, la comunidad aduanera estaba en desventaja para reaccionar a tiempo frente muchos casos de decomisos y multas onerosas.
El Consejo Superior de la Judicatura anunció la convocatoria pública para proveer cuatro cargos en las secciones Segunda, Tercera, Quinta y de Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
La Corte Constitucional declaró inexequibles los apartes de la Ley 734 del 2002 que permitían estas anotaciones.
No son nulos por falta de competencia los actos administrativos si a través de ellos no se había resuelto de manera previa una situación semejante a la que ahora se reprocha: Consejo de Estado.
La norma no prevé que la consecuencia de la omisión de envío del memorial al correo electrónico de la contraparte constituya causal de inadmisión del recurso.
Los funcionarios judiciales deben propender por garantizar las prerrogativas fundamentales de quienes se encuentran vinculados a una actuación judicial: Corte Suprema.
CNDJ resalta que debe prevalecer lo sustancial sobre lo formal en la administración de justicia.
El guía turístico designado les informó que para poder ingresar a la playa debían dejar sus pertenencias bajo su cuidado.
El hecho de que se envíe un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales no significa que esta actuación corresponda a una notificación por medios electrónicos o personal.
Consejo Superior de la Judicatura implementó el SIUGJ en Pereira.
Se le exige conocimiento de la normativa por la cual se creó la jurisdicción.
Tratándose de campañas presidenciales, el artículo 32 dispone la prohibición de hacer vinculaciones en la nómina.
Antes del registro, la capacidad es limitada y los actos permitidos son aquellos relacionados con la liquidación de la sociedad.
Los obligados a cancelar la contribución de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud pagarán dicho tributo por cada tipo de vigilado entre el 20 de junio al 21 de julio del 2023.
Está previsto que en los eventos irregulares que implican incumplir el contrato de servicios públicos se deriva en la suspensión del servicio.
La moneda evoca la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y tendrá un valor de 10.000 pesos.
La suspensión provisional deberá ser decretada mediante acto administrativo motivado y generará la vacancia temporal del empleo.
No se puede interrumpir un término de prescripción que ya se encuentra consumado.
Además, tendrá que abstenerse de negar o limitar a los sujetos procesales tener acceso al expediente de responsabilidad fiscal, particularmente cuando hay medidas cautelares decretadas.
El solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva: Consejo de Estado.
El argumento de la cuestionada era que los solicitantes no eran los titulares de las líneas o que estaban en mora.
Quienes concurran en alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella.
La Comisión archivó una investigación disciplinaria contra una magistrada, ya que enmendó el error que había cometido al resolver un recurso.
La ley tributaria avala el testimonio como medio de prueba válido en los procesos tributarios, sujeto a los principios generales de contradicción de la prueba.
Sobre 22 artículos se declaró la constitucionalidad condicionada.
El rechazo fue de plano por presentación extemporánea de la recusación contra la magistrada Rocío Araújo Oñate.
Desconocer lo previsto sobre edad de retiro forzoso podría acarrear consecuencias disciplinarias y de responsabilidad fiscal.
Una vez cumplida la condición suspensiva surgía la obligación de pagar la comisión de éxito pactada: Consejo de Estado.
Notificaciones electrónicas pueden hacerse directamente, para lo cual demandante debe acreditar que se surtió a través del correo electrónico de notificaciones del accionado.
Además de presentar tres dimensiones, es decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con otros tres requisitos.
Omitir claridad con sus clientes al momento de suscribir el contrato de mandato es faltar al deber de honradez profesional.
La presentación de la demanda principal no interrumpe el término de caducidad frente a la de reconvención porque son instrumentos procesales autónomos.
Con el fin de mitigar el impacto de la inflación en la canasta familiar, el Gobierno otorgó este beneficio por otros 12 meses.
Se acuerda la reestructuración y reorganización ante nominador y promotor, quienes concurren ante la asamblea de acreedores.
Los partidos Conservador, Liberal, Mira, Colombia Justa y Centro Democrático, decidieron no firmar la propuesta.
Se espera que la corporación resuelva la demanda presentada contra algunos artículos de la Ley 599 del 2000.
No se comprobó una falla del servicio pues no resultó posible establecer un nexo causal que vincule el accidente con alguna actuación de la entidad demandada.
Cuando la suspensión recaiga en personas o bienes de especial protección constitucional los prestadores no podrán suspenderlos.
No hacerlo puede generar una irregularidad insaneable.
Inaplicó, con efectos inter partes, los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 del 2021, por considerar que son contrarios al ordenamiento jurídico superior.
¿Aplica la inhabilidad del artículo 95, ordinal 2, de la Ley 136 de 1994 a los personeros municipales?
Las inhabilidades e incompatibilidades deben interpretarse de manera restrictiva, no admiten una interpretación amplia, extensiva o analógica.
La CNDJ absolvió a una abogada que se le reprochaba falta a la honradez al no entregar a la mayor brevedad posible dineros recibidos en virtud de la gestión profesional.
La CNDJ confirmó la sentencia que declaró responsable disciplinariamente a un secuestre.
No existe norma que consagre los casos de suspensión del contrato, en especial por la licencia de maternidad de la contratista.
Son temas que solo pueden ser materia de disposición por parte de la junta directiva y no a través de pactos privados.
Es necesario demostrar cinco años de convivencia inmediatamente anteriores al deceso del pensionado para adquirir la calidad de compañero permanente.
El juez disciplinario debe respetar las formalidades y ritualidades propias de cada juicio: CNDJ.
La reposición de aportes busca recobrar el valor económico de los aportes efectuados al capital social.
Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de un docente estatal por incumplimiento de las obligaciones contractuales académicas.
El incumplimiento de una unidad habitacional no implica el incumplimiento y consecuente suspensión para todas las demás.
Se podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia de pruebas, diligencia en la que podrá ser interrogado sobre su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen rendido.
Cuando el contradictorio no se encuentra debidamente integrado se configura la excepción prevista en el numeral 10 del artículo 100 del Código General del Proceso.
Suspensión provisional puede ser solicitada y resuelta en cualquier etapa procesal, lo que no constituye prejuzgamiento.
Debe existir prueba de la autorización verbal que de forma expresa permitiera al jurista destinar el dinero de las costas procesales al abono de sus honorarios: CNDJ.
Ante el cumplimiento tardío en la presentación y pago de las declaraciones tributarias, el contribuyente pierde el beneficio de progresividad consagrado en el artículo 4 de la Ley 1429 del 2010.
Para cumplir su función, la distintividad debe indicar el origen empresarial, calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor: Consejo de Estado.
El término de caducidad es un presupuesto procesal que debe cumplirse y no constituye una simple formalidad.
El mecanismo ordinario para controvertir el proceso de revocatoria del mandato es la nulidad electoral, que se dirige en contra del acto administrativo que declara los resultados de las votaciones públicas.
Al declarar la inexequibilidad de un inciso del artículo 53 de la Ley 1922 del 2018, la Corte Constitucional ratifica la competencia privativa de las secciones de revisión y de apelación.
El profesional debe informar cualquier particularidad que pueda afectar el resultado del proceso.
El trámite de reconstrucción del proceso previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente.
El arbitraje es mucho más rápido que otros procesos judiciales y también ofrece una solución efectiva.
A empleados que ocupan cargos en plantas temporales no se les debe dar tratamiento de servidores de carrera administrativa ni de libre nombramiento y remoción.
Causa gran incertidumbre jurídica el hecho de permitirle al servidor público interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio del trámite del control automático de legalidad.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada es flagrante y manifiestamente inconstitucional, pues, en principio, la Constitución impone la aplicación del debido proceso que integra en sí los principios de culpabilidad y de imputación.
La CNDJ decretó la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos con el propósito de que se ajuste la pretensión disciplinaria.
No siempre los funcionarios pueden procurar el estricto cumplimiento a los términos previstos por la ley para resolver o realizar una actuación en concreto: CNDJ.
El proceso acusado de irregularidades llegó a la CNDJ en segunda instancia y la decisión tomada dentro de aquel fue confirmada en unanimidad en Sala al encontrarlo acertado.
Cuando el abogado asume una representación judicial se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión.
Los saldos insolutos que se generen entre el trámite de la liquidación y la aprobación de la partición estarán a cargo de la sociedad: Corte Suprema.
Si el empleado en provisionalidad no superó el concurso de méritos puede ser retirado del servicio por la provisión definitiva del empleo.
Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
La pretensión procesal disciplinaria se manifiesta a través de la calificación jurídica provisional efectuada por el juez: CNDJ.
Una de las opciones es solicitar la reliquidación de pensión, que usualmente se utiliza para lograr un aumento en la mesada.
La inexigibilidad de otra conducta supone que el agente no estaba en condiciones de ser motivado por la norma penal: Corte Suprema.
Si decide voluntariamente seguir hasta la edad de retiro forzoso, debe seguir contribuyendo al régimen de seguridad social integral.
Antes de presentar su declaración y realizar el pago, los agentes retenedores deben haber recuperado su contraseña.
A menos que el acreedor prescinda de cobrar su crédito dentro de la ejecución correspondiente, precisó la Superintendencia de Sociedades.
Se comprobó que el actor tuvo plenas garantías de derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida en que fue citado a descargos y, en general, pudo ejercer adecuadamente su defensa.
La agente interventora designada reconoció a 193.302 personas afectadas por la actividad de recaudo no autorizado.
Evidenciarían que los tomadores de unos seguros, sus abogados y dos jueces usaron el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos en detrimento de la aseguradora.
La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales en eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles.
Se debe analizar cada caso concreto y, de acuerdo con las pruebas existentes, determinar quién ha omitido el deber de cuidado.
El escrito de excepciones debía presentarse en una etapa procesal y dentro de un lapso específicamente fijado por el legislador.
Siempre que se alegue la aplicación de la legislación extranjera, es deber de los jueces comparar si ésta, por lo menos, no desconoce los principios y derechos mínimos de los trabajadores.
La Secretaría de Hacienda informó que todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios.
La ejecutiva debió revelar la vinculación de empresas colombianas a un conglomerado que presuntamente involucra a 30 entidades.
Tratándose de procesos laborales, se rige por las normas del trabajo y de la seguridad social y no admite la aplicación normativa de otras ramas del Derecho: CSJ.
La Dian recuerda que todos los interesados pueden descargar la copia certificada del documento en la página web de la entidad.
Comunicación de la sentencia debe surtirse por notificación personal, por lo que el edicto, al ser subsidiario, solo puede practicarse cuando no haya sido posible practicar la notificación principal: CNDJ.
Para definir a los potenciales beneficiarios del programa se utilizarán los datos del Sisbén IV.
En la apelación no se reiteran los trámites del proceso principal sino que se fijan unos distintos que buscan determinar la exactitud o la falta de ella en el proceso que la originó.
La expresión “si es del caso” significa que la norma no impone a todas estas entidades la obligación de contar con revisor fiscal.
Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.
Basta con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.
Consejo de Estado se pronunció sobre la expresión “y su reglamento”, incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 2013.
La licencia temporal faculta para actuar sin haber obtenido el grado como apoderado o defensor en casos excepcionales y trámites procesales taxativamente señalados en el Decreto 196 de 1971.
El término para la revisión de las autoliquidaciones previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario era aplicable a los denuncios presentados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607/12.
El ‘habeas corpus’ procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
Entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar la tutela con fines ilegales, en perjuicio de la aseguradora.
El comportamiento del abogado vulneró el principio de celeridad en la administración de justicia.
El desistimiento de la demanda procede aun cuando no se ha admitido la misma y aun cuando el efecto es el de cosa juzgada.
La omisión afecta el derecho al debido proceso y, más concretamente, los derechos de defensa y contradicción.
En una reunión con el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación le planteó nueve observaciones al proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
Los actos administrativos que deciden sobre responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso sobre daño patrimonial y responsabilidad del investigado.
No agotar debidamente los recursos de la actuación administrativa hace imposible que el asunto sea estudiado de fondo: Consejo de Estado.
La decisión del juez de conocimiento de resolver en audiencia la solicitud de nulidad presentada por el accionante no vulnera el derecho al debido proceso: Corte Suprema.
La alta corte puso énfasis en sentencias de segunda instancia susceptibles de casación.
La mora del funcionario judicial para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, no es una causal de libertad: Sala Penal.
La prerrogativa probatoria de los terceros se limita a las oportunidades ofrecidas a las partes, como garantía del debido proceso y, en especial, del derecho de defensa que asisten a cada uno de los extremos procesales.
Para garantizar la doble conformidad, procederá la impugnación de todas las sentencias que declaren la responsabilidad en la acción de repetición: Corte Constitucional.
El Tribunal Administrativo del Magdalena analizó una solicitud de la parte demandante para realizar la audiencia inicial de manera virtual en el metaverso.
Los ciudadanos con correo electrónico registrado las recibirán por ese medio y también podrán obtenerlas en la página web de la entidad.
Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.
Explicó el Consejo de Estado que estas causales deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y concretar el principio de selección objetiva.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019.
Se decreta la terminación y el archivo del proceso, porque, para esta área del Derecho, la responsabilidad es personal e individual, entendiéndose esta situación como un hecho generador de total imposibilidad de proseguir con la acción disciplinaria.
En caso de no disponibilidad del producto, el consumidor puede resolver o terminar, según el caso, el contrato unilateralmente.
La legitimación en la causa les asiste a los sujetos sobre los cuales recayeron los derechos y las obligaciones pactados en el contrato que suscitó la controversia: Consejo de Estado.
Causales de recusación en el proceso arbitral laboral tienen una regulación especial en el Decreto 017 del 2016.
El acto de radicación será a las 5 p.m. y podrá verse vía streaming o a través del Canal Institucional.
Con el propósito de evitar la paralización del servicio, realizar los fines estatales, asegurar la primacía del interés general, lograr el funcionamiento eficiente y democrático de la Administración y garantizar la observancia de los deberes del Estado.
No todos los homicidios de mujeres son susceptibles de ser calificados como feminicidios.
Corte Suprema se pronunció sobre la carga al demandante de notificar a su contraparte para interrumpir el término prescriptivo.
Las acciones definidas en los PAF deben encontrarse armonizadas con la política pública del Gobierno Nacional.
La suspensión y el corte del servicio son dos medidas diferentes. La primera corresponde a una acción temporal o transitoria.
No se puede condenar al Estado al pago de unos perjuicios por la privación injusta de la libertad de unas ciudadanas sin haber realizado el examen de razonabilidad de la medida de aseguramiento impuesta.
Un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones.
Se busca que puedan tomar decisiones informadas, planear inversiones o elegir entre las múltiples opciones que ofrece el mercado.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer las necesidades por las que se adquirió.
Procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.
El disciplinable contó con las oportunidades procesales para solicitar y suministrar las pruebas que consideraba pudieran servirle de soporte en su tesis defensiva.
Se puede acordar con el contratista incluir estipulaciones que propendan por el cumplimiento efectivo del objeto contractual.
Se debe tener en cuenta si guardan relación de causalidad y necesidad con la actividad productiva.
A través de la comunicación del inicio de las actuaciones administrativas se logra la efectividad del principio de publicidad y del derecho de defensa: Consejo de Estado.
El Consejo Superior de la Judicatura abrió el proceso para proveer un cargo de magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por tratarse de una atención esencial y de carácter urgente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se debe garantizar en todo el territorio nacional.
Esta información, así como la pérdida de la calidad de comerciante, se inscribirá en el registro mercantil como una mutación.
El signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que, además, el consumidor le atribuya un origen empresarial.
La CNDJ confirmó la sanción al encontrarla debidamente motivada y responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
No es viable para sucursales integradas patrimonialmente pertenecientes a sociedades extranjeras objeto de fusión.
No estuvieron en vacancia judicial los juzgados promiscuos de familia, penales, municipales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues son del régimen individual de vacaciones.
Ante la omisión de la abogada se terminó el proceso por desistimiento tácito.
El Consejo de Estado recordó las causales de irregistrabilidad de acuerdo con la regulación comunitaria.
Corte Suprema explicó las causales de improcedencia cuando la persona posee un especial deber de vigilancia o cualquier otra función de control.
También se analiza la solidaridad para responder por el fuero de estabilidad laboral reforzada por embarazo.
Se modifica la Resolución 629 del 2018.
Se debe analizar cada caso concreto y, de acuerdo a las pruebas existentes, determinar quién incumplió la normativa.
Las empresas que sufren crisis financiera pueden ser preservadas acudiendo al trámite concursal, pero siempre que se trate de viabilizar su estabilidad: Corte Suprema.
Cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los términos para realizar determinada actuación también es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante.
Se desestiman las pretensiones de la demanda porque la norma procesal previó su aplicación a los trámites en curso.
Se prohíbe el acuerdo, exigencia u obtención de emolumentos que superen el beneficio que recibirá el poderdante, para evitar un aprovechamiento antiético en el ejercicio de la abogacía.
Renunciar al cargo de diputado para concretar la aspiración a la Cámara de Representantes no implicó el desconocimiento automático del artículo 40 de la Constitución.
Consejo de Estado explica la procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.
La CNDJ comprobó que en el proceso disciplinario no se acreditó que el reconocimiento de las costas del proceso estaba pactado en favor del profesional del derecho.
Corte Suprema unificó su postura sobre la notificación personal por medios digitales y también debe empezar a correr el término que de la providencia notificada proceda.
De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.
De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.
La falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial constituye un aspecto sustancial necesario para dictar sentencia de mérito.
Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Si se pretende la exclusión de responsabilidad en la actuación disciplinaria debe comprobarse la configuración de la insuperable coacción ajena: CNDJ.
El mecanismo procesal idóneo cuando el sujeto procesal advierte que el funcionario está incurso en una causal que lo inhabilita para conocer del asunto es la recusación: Corte Suprema.
Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.
Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.
Consejo de Estado precisa el término que las partes tienen para instaurar una acción judicial en contra de la decisión de la amigable composición.
Corte Suprema se pronuncia sobre un exceso ritual manifiesto al momento de verificar la recepción de un memorial.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Pueden designar a un apoderado o, en su defecto, un defensor de familia, en los términos del Código de Infancia y Adolescencia.
Corte Suprema explica si puede calificarse como herramienta tecnológica esta aplicación para tramitar actos.
Para establecer responsabilidad en condiciones de calidad e idoneidad se debe demostrar el defecto del producto.
El principio de favorabilidad legal está contemplado a nivel constitucional y legal: Corte Suprema.
La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.
Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.
Ello implica que por fuera de las enlistadas expresamente por el legislador en cada caso no puede agregarse ninguna otra, ni siquiera por avenimiento de las partes.
Verificación de la información aportada por el proponente es potestativa, pues se exige que los interesados actúen de buena fe.
Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó las medidas que prohibían a Apple vender Iphone y Ipad con tecnología 5G en el país.
En razón a que son personas destinatarias de especial protección por razón de su identidad de género y de la privación de su libertad.
Régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 del Decreto 806 es aplicable a las notificaciones personales relacionadas con el fallo de tutela de primera instancia.
El convocante del llamamiento en garantía tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar las actuaciones que estén a su disposición para lograr la notificación por parte del juez.
La convalidación alude a que se debe examinar la conducta del interesado en el momento a la ocurrencia de la irregularidad, para verificar si la ratificó expresamente o guardó silencio frente a ella.
Quedarían gravados con una tarifa del 10 % en el 2023, del 15 % en el 2024 y del 20 % en el 2025.
Según el mandatario, durante este primer mes de reapertura solo han pasado 2,5 millones de dólares en productos por el puente Simón Bolívar.
La normativa que deroga la Resolución 105/20 estará vigente durante dos años.
Cuando la información que se encuentran en documentos genera un daño al derecho a la intimidad de una persona está exceptuada de publicarse.
