Una excepción prevista no faculta a la superintendencia para que incluya cualquier costo o gasto en la base de liquidación de la contribución especial.
Todo se reduce a si el trabajador debe pagar por transportarse, independientemente de si lo hace en servicio público, privado o informal.
Pese a existir registro de nacimiento que acreditaba a la demandada como hija del fallecido, no se probaron los elementos de la posesión notoria del estado civil de hija.
La caja de compensación familiar debe dar una oportunidad previa al moroso para que se ponga al día o corrija las inconsistencias.
Se publicó la evaluación Peer review of the automatic exchange of financial account information.
Si los planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió el ‘a quo’ no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno.
No obstante, la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo permite su terminación especial.
La Corte Constitucional precisó sobre el cumplimiento de los deberes de debida diligencia y de transparencia en los contratos de seguros.
En este sentido, no les resulta viable el proceso de responsabilidad fiscal, pues es competencia exclusiva de la Dian recuperar dineros.
Corte Suprema se pronunció sobre quien recae la competencia para autorizar la visita cuando la víctima ha sido un menor de edad.
Se debe tener en cuenta que la orden de entrega del vehículo debe ser emitida por la autoridad competente.
Su actuar iba en contra de los deberes de debida diligencia profesional: CNDJ.
La idoneidad probatoria de esos certificados depende de su grado de detalle y de la calidad de los comprobantes que los acompañen: Consejo de Estado.
En persona diagnosticada con enfermedades crónicas también se suma la capacidad laboral residual.
Consejo de Estado precisó los aportes al sistema de seguridad social por incapacidad, licencia de maternidad, vacaciones y permiso remunerado.
Si la pensión fue reconocida antes del 17 de octubre de 1985, salvo disposición convencional expresa en contrario, son compatibles.
Hizo un llamado a la Registraduría para que releven de la obligación de comparecer como jurado de votación a quienes demuestren oportunamente practicar el Sabbat.
Los canales oficiales para operaciones transaccionales son www.dian.gov.co o la App DIAN.
Los importadores usuarios titulares de depósitos de transformación y ensamble podrán presentar la declaración de importación tipo anticipada y la declaración de modificación a través de servicios digitales.
La cartera de este sector económico asciende a $ 1,11 billones.
El recaudo por tributos asociados a la actividad económica suma $ 152,20 billones, mientras lo recaudado por tributos de comercio exterior alcanza los $ 39,52 billones.
El juez de tutela no puede inmiscuirse en las competencias propias de la Administración, indica el salvamento de voto.
La sanción por la no entrega puede ser impuesta tanto al importador como al declarante y propietario.
Para que proceda la sustitución no se requiere demostrar por parte de los beneficiarios una dependencia económica frente al afiliado fallecido.
Se configura un defecto sustantivo por indebida aplicación normativa al ordenar el comiso del vehículo utilizado en el delito cuando el propietario no es el declarado penalmente responsable.
Hoy, la mayoría de los procesos administrativos se tercerizan y digitalizan, como resultado del surgimiento de modelos de negocio innovadores.
No solo de la imputación fáctica y jurídica, también de los requisitos o presupuestos de validez previstos en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la remoción del cargo de un juez de paz.
Analizó la constitucionalidad de la Ley 2106 del 2021, aprobatoria de tratado internacional.
Incumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento da lugar a multas, suspensión o cancelación de la habilitación.
En la información de la parte inferior del producto se excluye uno de los elementos anunciados en la mezcla.
Consejo de Estado explicó que no desconoce el principio de precaución el acto que impone una medida preventiva cuando se definió el mínimo requerido para ordenar tal medida.
La CNDJ confirmó la censura para un abogado que por descuido omitió informarle a su cliente opciones sobre un proceso que ya se encontraba archivado.
Ello para evitar que los trabajadores resulten afectados en su derecho pensional por insuficiencia de semanas.
En este evento, el acreedor no podrá quedarse con el dominio pleno de la propiedad, pues el bien posee una limitación.
La Corte Constitucional declaró exequible el inciso 2° del artículo 147 del Estatuto Tributario.
La presunción de buena fe se encuentra prevista en el artículo 83 de la Constitución Política.
Instan a todos los países a ratificar el Convenio 190, que reconoce el derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso.
No hay certeza de que el acceso a circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privados por prevención contribuya a disminuir conductas delictivas: Corte Constitucional.
Corte Suprema explica si puede calificarse como herramienta tecnológica esta aplicación para tramitar actos.
Para el momento de su expedición, la contralora municipal había sido suspendida temporalmente de su cargo.
Consejo de Estado confirma decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de cancelar por no uso la marca Juriscol.
Esta situación administrativa no rompe el vínculo laboral y por lo tanto no se pierde la calidad de servidor público.
El 30 % se cumple nombrando dos mujeres, por lo que la renuncia de Carolina Soto se debió proveer con el nombramiento de otra mujer.
Se declaró la nulidad del acto administrativo que negó la compensación económica en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Reconocidos juristas analizan las declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá en las que responsabiliza a los jueces del país por la impunidad e inseguridad en las ciudades.
Consejo de Estado se pronunció sobre los elementos del contrato de fiducia mercantil.
No se presentaron situaciones que justificaran el retardo en el asunto, quedando demostrada la responsabilidad por no asumir con diligencia el asunto.
Son instituciones financieras que solo están habilitadas para desarrollar ciertas transacciones.
En los casos de responsabilidad objetiva el demandado solo puede exonerarse acreditando una circunstancia que rompa el nexo de causalidad.
La renuncia voluntaria del acusado al cargo o su destitución antes de la culminación del proceso penal no impide imponer la pena accesoria en la sentencia: Corte Suprema.
Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que, previamente, el asunto haya sido objeto de estudio y se haya adoptado una decisión de fondo.
En caso de repetirse la falla se procederá, a elección del consumidor, a una nueva reparación, devolución del precio o cambio.
El movimiento de personal no puede implicar condiciones menos favorables para los empleados, entre ellas la remuneración inferior.
Diputado no incurrió en indebida destinación de dineros públicos por haber participado de la deliberación, votación y aprobación que creó una tasa pro deporte y recreación departamental.
La Comisión de Disciplina en aplicación del principio in dubio pro disciplinario fallo a favor de un abogado al no poder estructurar la comisión de la conducta atribuida.
Se tutelaron derechos de un menor de edad vulnerados por la autoridad judicial ante irregularidades en el proceso de restablecimiento de derechos.
Es importante mencionar todos los elementos que son objeto de la transacción, así como su fácil identificación.
Exhortan a la Policía Nacional para que tengan en cuenta la perspectiva de género en sus decisiones.
Cuando quien destina el bien a actividades ilícitas no es su propietario no procede la extinción de dominio solo con constatar la realización de la actividad: Sala Penal.
La cuestionada incurrió en fallas en el servicio posventa, afectando la calidad de los bienes y servicios ofrecidos.
No existe disposición legal que permita acceder a una pensión de forma temporal y hasta que se cumplan los requisitos: Corte Suprema.
Dicho porcentaje se determina por la cantidad de socios en la sociedad y no por el valor de su aporte social.
En el caso bajo estudio, transcurrió un término que superó el máximo legal, lo que genera mora y vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
La magistratura no agotó la etapa de calificación provisional de la conducta, por cuanto no formuló cargos a los disciplinados.
El precio es la contraprestación conmutativa por un servicio, concepto en el que encaja la tarifa del servicio de transporte.
Algunas lesiones no pueden considerarse como ajenas a los riesgos que asumen voluntariamente quienes se vinculan a la Policía Nacional.
Consejo de Estado se pronunció sobre la solicitud de una docente sobre el reconocimiento de la indemnización de pérdida de la capacidad laboral.
Son prestaciones compatibles porque dichos reconocimientos provienen de distintos supuestos y requisitos legales.
Para establecer responsabilidad en condiciones de calidad e idoneidad se debe demostrar el defecto del producto.
Consejo de Estado recordó el deber del Estado de garantizar la libre y leal competencia dentro del mercado de servicios de salud.
Es permitido a los jueces adoptar cualquier medida que consideren necesaria y ajustada a derecho para garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer.
No tiene expresamente asignada tal competencia en la Constitución, pues existe un fuero para su investigación y juzgamiento.
Se vulnera el derecho al debido proceso por motivación insuficiente al excluir del haber social un contrato de ‘leasing’ habitacional familiar sin analizar si se podía incorporar las rentas.
La Sala Plena del Consejo de Estado lo eligió como nuevo magistrado de la Sección Cuarta, en remplazo de Julio Roberto Piza.
Según la DIAN, no es claro si estos festivos tributarios se justifican en mayores beneficios frente a sus posibles costos.
No es posible al afiliado que se quiere pensionar cambiar, modificar o escindir la forma en que se determina el cálculo para acceder a la pensión.
La Ley 344 de 1996 consagró una excepción en la edad de retiro forzoso respecto a la generalidad de los servidores públicos.
El Consejo de Estado reiteró la responsabilidad Estado por privación injusta de la libertad cuando precluye la investigación por atipicidad de la conducta.
Si no se exige el pago de las sanciones durante el término de tres años, la acción prescribe y se extingue el derecho de cobro.
Consejo de Estado precisó el debido proceso en un recurso presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no ha sido resuelto.
En orden a determinar si sus providencias se comunicaron de manera legal, ajustadas a la forma ordenada o al régimen que se escoja para esa finalidad.
El contador público fijará sus honorarios según capacidad científica y/o técnica y circunstancias de cada caso a cumplir.
La entidad optó por no reconsiderar el traslado del servidor, a pesar de que el accionante manifestó que afectaría sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar.
Cobro de servicios de saneamiento básico, alcantarillado y aseo se realiza de manera conjunta con aquellos que pueden ser suspendidos.
Se planea vincular en plantas temporales a quienes trabajan por prestación de servicios con criterio meritocrático y vocación de permanencia.
Se trata del régimen de apoyos que garantiza los derechos al derecho al debido proceso y a la igualdad de las personas con discapacidad en el marco de procesos judiciales.
El daño derivado de un acto terrorista es causado por el hecho de un tercero, por lo que en principio no es imputable al Estado. Sin embargo, el Estado debe responder si se demuestra su omisión frente a hechos que eran previsibles y resistibles.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
La Corte Constitucional explicó que el legislador invadió las competencias del Gobierno para hacer una adaptación dinámica y flexible de estos porcentajes.
Se suspendió provisionalmente del cargo a la jueza con función de control de garantías Heidy Vivian Polanía Franco, por tres meses, sin derecho a remuneración.
Siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor.
Su instalación debe permitir a los actores viales seleccionar la acción o maniobra apropiada.
Corte Suprema precisó el proceso expropiación, sus elementos y a quiénes se dirige.
Recuerde que puede acceder a una indemnización por incapacidad total y permanente cuando presente lesiones graves en un accidente de tránsito.
Se calculó con la variación acumulada del IPC para ingresos medios, entre el 1 de octubre del 2021 y el 1 de octubre del 2022.
Corte Suprema precisó sobre el proceso expropiación sus elementos y a quiénes se dirige.
En el contexto nacional, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido pionero en la implementación de la mediación como un medio idóneo para resolver conflictos relacionados con diferentes ámbitos.
Con la primera se deben remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que con la segunda da lugar a la terminación del proceso.
La liquidación de las vacaciones se realiza teniendo en cuenta el salario devengado al momento de iniciar el disfrute.
El consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado al momento de adquirir y/o contratar el servicio.
El ponente explicó la importancia de la discusión sobre la protección de los derechos a la información, libertad de expresión e intimidad, por las particularidades de las TIC.
La eliminación de la información no tiene como presupuesto el pago de la obligación en mora o que esta se haya extinguido.
El principio de favorabilidad legal está contemplado a nivel constitucional y legal: Corte Suprema.
Será en el proceso contravencional donde el presunto contraventor tendrá la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa.
Los principios de solidaridad e interés superior del menor obligan a brindar atención médica prenatal sin imponer barreras.
La Ley de Seguridad Ciudadana modificó el Código Nacional de Tránsito y estableció una alternativa para vincular agentes de tránsito.
Consejo de Estado precisa si se configuró responsabilidad del Estado por indebida identificación del sujeto activo de la conducta punible.
Se obtiene de la fórmula general sobre equivalencia de semanas de cotización a los puntos adicionales a los límites mínimos de la pensión.
La Corte Constitucional se pronunció sobre el desconocimiento del pueblo raizal en la consulta previa para la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina.
Para que se configure la repetición de la falla es necesario que la segunda guarde relación con la primera.
La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.
La CNDJ remitió reportes de prensa relacionados con presuntas faltas disciplinarias a la Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander.
Si bien el signo objeto de controversia es una marca débil, resulta registrable, pues posee la suficiente distintividad.
En el primer caso se vulneran las normas de tránsito, mientras en el segundo, el debido proceso del presunto contraventor.
En el caso objeto de estudio se determinó que en el 2021 el gabinete de departamentos administrativos estaba conformado por cinco hombres y una mujer, lo que incumplió la cuota mínima exigida.
La conducta prohibida es la designación o la nominación, acción que no pudo ejecutarse antes de asumir el cargo.
La carga de la prueba del ingrediente subjetivo, como presupuesto de la tipicidad y de la responsabilidad penal en general, corresponde a la Fiscalía General de la Nación: Corte Suprema.
Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.
Se encontró que la manera en la que se está prestando el servicio de transporte escolar vulnera el derecho a la educación en el componente de accesibilidad y es una amenaza a los derechos a la vida, integridad física de los menores de edad.
Además de tratarse de una persona jurídica sin ánimo de lucro, no está expresamente excluida por la Resolución 164 del 2021.
La carta de porte y el conocimiento de embarque tienen como negocio fundamental el contrato de transporte.
La prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia.
La medida se mantendrá hasta que quede en firme el acto que decida sobre la responsabilidad contravencional.
Entes territoriales se encuentran habilitados a establecer la tarifa de las tasas y contribuciones para recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen.
Precisan la pertinencia de condicionar la práctica de una prueba como, por ejemplo, el testimonio de un profesional.
Cuando en un proceso de reparación directa se alega la propiedad de un bien inmueble respecto del cual se reclamen perjuicios la parte actora debe acreditar esa condición.
El transporte no fue suministrado por la empresa, luego no se puede hablar de la ocurrencia de un accidente de trabajo.
Funciones del empleo de almacenista no implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa.
Luego de intensas sesiones, la Cámara y el Senado aprobaron el texto conciliado, que ahora pasará a ser sancionado por el presidente para convertirse en ley.
Ello implica que por fuera de las enlistadas expresamente por el legislador en cada caso no puede agregarse ninguna otra, ni siquiera por avenimiento de las partes.
La autoridad de tránsito impone las multas con independencia de que se trate o no del propietario del automotor.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.
La iniciativa se discutirá en la subcomisión de reforma pensional instalada ayer, de la que hacen parte representantes del sector gremial, de los sindicatos y del Gobierno.
Los documentos que se presenten para tratar de ocultar su verdadero origen no hacen parte del tipo penal objetivo: Corte Suprema.
Consejo de Estado se pronunció frente a la petición de un apoderado de una entidad territorial que no le canceló los honorarios originados en un contrato de mandato.
Se trata de una consignación o depósito que no corresponde estrictamente a un pago, sino la disposición de recursos.
Verificación de la información aportada por el proponente es potestativa, pues se exige que los interesados actúen de buena fe.
La Sala Penal también se pronunció sobre el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.
No se puede llegar al extremo de entender que se ha superado el concurso en su integridad, por cuanto cada etapa es de obligatorio agotamiento, según la estructura del proceso de selección.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó las medidas que prohibían a Apple vender Iphone y Ipad con tecnología 5G en el país.
Solamente pueden disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos de acuerdo con la naturaleza de sus tributos.
Independientemente de si el trámite es simultaneo o no, lo que se requiere es verificar la vigencia del examen.
La captura de Ardila atendió lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley 600 de 2000 y se le respetaron sus garantías y derechos fundamentales.
El aparte acusado compromete el derecho fundamental al debido proceso porque nadie puede ser sancionado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa.
Se pueden definir áreas optativas que se consideren pertinentes para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional.
La necesidad de interpretar la demanda supone que esta no sea clara, sino ambigua o ambivalente: Corte Suprema.
Supeditar la prescripción de las acciones orientadas a disolver y liquidar la sociedad patrimonial a la declaración judicial previa de esa unión podría afectar la seguridad jurídica y derechos de terceros.
En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB creció 1,6 %.
La Fiscalía informó que 10 personas serán imputadas, entre ellas tres ciudadanos brasileños, dos españoles, un uruguayo y un fiscal delegado ante tribunal.
Cuando está acreditado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no fue ni ilegal, ni arbitraria y ni desproporcionada.
En razón a que son personas destinatarias de especial protección por razón de su identidad de género y de la privación de su libertad.
Esta clase de información pasa a ser de interés público con base en el principio de publicidad de la función administrativa y el deber de información del que son titulares las entidades públicas.
Bienes comunes esenciales son aquellos indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto.
Derecho a la salud no puede ser entendido únicamente en el sentido de contar con unas condiciones básicas para garantizar la mera existencia de la persona.
Será responsabilidad de cada contribuyente o responsable determinar la naturaleza de la operación efectuada.
Rentabilidad mínima de los portafolios de cesantías y DTF pensional para el mes de septiembre, entre las disposiciones publicadas por la entidad.
Las instrucciones deben ser acogidas por los emisores de valores, entre los que están las entidades financieras.
El vínculo matrimonial no puede imponer sobre la mujer deberes conyugales que sometan su voluntad: Corte Suprema.
Con este proyecto el comité ejecutivo de estas zonas pasaría de 19 a cinco integrantes.
Sin la autorización expresa, previa e informada de los titulares usuarios del aplicativo no se debería recolectar y tratar esa información.
El prestador beneficiario, a cambio de una remuneración, la transporta y/o distribuye y comercializa entre sus usuarios.
El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, fue quien anunció las nuevas tres medidas que se tomarán.
Si no se cumple con este requisito, la entidad deberá continuar con la segunda en orden de elegibilidad y así sucesivamente.
De acuerdo con la Procuraduría, tres entidades del Gobierno aún no han liquidado, como se ordenó, todos los contratos suscritos con la Ley de Garantías, los cuales superan los $ 45 mil millones.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que precisar el monto de la condena impuesta al Estado y a Corficolombiana.
Corte Suprema explica que debe acreditarse la identidad de persona, causa y objeto o identidad fáctica para aplicación del ‘non bis in ídem’.
No se podía imputar a Colpensiones responsabilidad alguna por el no cobro de los aportes respecto de una trabajadora que no había sido afiliada.
La Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 2088 del 2021, a través de la cual se habilita el trabajo en casa en situaciones ocasionales, especiales o excepcionales.
Así lo determinó el Consejo de Estado al negar las pretensiones de la demanda que buscaba la declaración de responsabilidad estatal por el atentando en el Club El Nogal en 2003.
La próxima semana la Cámara y el Senado votarán la conciliación del texto, antes de ser sancionado por el Gobierno.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la financiera POR anular CDT de manera unilateral y al Estado por impedir su ejecución a través del proceso ejecutivo.
Teniendo en cuenta el cronograma, los exámenes se desarrollarán el próximo 26 de marzo en calendario B y el 13 de agosto en calendario A.
Por su parte, el gasto es la salida de recursos para desarrollar las actividades relacionadas con la existencia del bien o servicio.
La Corte Constitucional se pronunció sobre norma que limita el nombramiento y ascenso a cargos públicos y la inscripción en concursos por mora en el pago de multas.
Régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 del Decreto 806 es aplicable a las notificaciones personales relacionadas con el fallo de tutela de primera instancia.
La regularidad de la posesión se examina de acuerdo con las condiciones particulares presentes al momento en que inició, ignorando los eventos subsiguientes porque carecen de potencialidad para convertir en irregular una posesión que objetivamente arrancó siendo regular.
La entidad decidió reemplazar en su totalidad lineamientos para las provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo del manual.
No obstante, para poder tomar deducciones por estos gastos, los mismos deben estar debidamente soportados.
No se demostraron los presupuestos necesarios para configurar la modalidad de doble militancia.
La realización de un negocio sin la debida autorización generaría la ineficacia y la nulidad absoluta del mismo.
Tiene la facultad de corregir la actuación administrativa solo hasta antes de proferirse el acto definitivo, es decir, la liquidación oficial de corrección.
La variación mensual del IPC para octubre fue de 0,72 %
El proyecto de norma estará disponible para comentarios hasta el próximo viernes 18 de noviembre.
La prescripción de la acción responsabilidad fiscal debe contabilizarse a partir de la fecha del auto de apertura del proceso hasta la ejecutoria del acto administrativo que la declara.
Esto luego que el Nobel de Paz, Muhammad Yunus, recomendara la creación de bancos que ofrezcan microcréditos a este sector.
El beneficio aplica siempre y cuando los bienes sean exportados dentro de los seis meses siguientes al certificado al proveedor.
Si bien el traslado constituye un acto discrecional de la Administración, debe responder a las necesidades del servicio que demanda el cumplimiento de la misión encomendada.
El aspecto difiere del servicio público de aseo, cuyas tarifas están sujetas a las respectivas metodologías tarifarias.
Así está establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la denominación del objeto social de la compañía.
De acuerdo con la DIAN, representan un avance en el objetivo de mantener la lucha contra la evasión y la elusión fiscal.
Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la norma de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.
Debe decidir en su sano criterio si debe convocar a asamblea, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 del 2001.
El Ministerio de Transporte lanzó la nueva plataforma “Hub de Mapas”.
Se recuerda que el Ejecutivo solo puede dictar normas que guarden relación con el marco normativo que pretendía desarrollar.
El error material deberá corregirse realizando una reexpresión retroactiva de las cifras comparativas en los estados financieros.
Según se comprobó con el material probatorio analizado a la luz de la normativa legal vigente para la época de expedición de los actos acusados.
El costo de todos los exámenes tuvieron un significativo aumento, excepto la prueba Saber Pro, que se redujo de $ 193.500 a $ 134.000
Corte Constitucional rechaza la vulneración de un fondo de pensiones al negar el reconocimiento de la pensión por un hijo en situación de discapacidad.
