La Ley 2101 del 2021 señala, además, que quedarán exonerados de las actividades de recreación ordenadas por la Ley 50 de 1990.
Si la irregularidad advertida por el servidor reprochado respecto de la diligencia de secuestro practicada en el asunto objetado puede ser remediada a través de herramientas distintas a su nulidad, debe conjurarse por otras vías.
La inscripción en el Registro de Información Tributaria o la falta de cancelación del mismo no es un hecho generador del impuesto de industria y comercio.
Deben regirse por el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, mas no por el Decreto 1085 del 2015, sobre entidades de naturaleza no societaria.
Educación superior de calidad, alimentación escolar y cultura de paz son algunos de los pilares que guiarán la gestión de este ministerio en el Gobierno de Gustavo Petro.
El desistimiento de la demanda procede aun cuando no se ha admitido la misma y aun cuando el efecto es el de cosa juzgada.
Se encontró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen de transición en el requisito de las semanas.
La cuestionada no presentó de manera oportuna su dictamen de unos estados financieros del año 2020.
La polémica propuesta plantea abrir una nueva Sala en el alto tribunal con, al menos, 20 magistrados que juzgarían los casos de corrupción más relevantes del país.
Se debe llevar a cabo una diligencia de descargos en la que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse frente a la falta.
Seguridad social e igualdad de condiciones con los conductores de plataformas fueron algunos de los temas acordados entre los taxistas y el Ministerio de Transporte.
El jurista debió guardar respeto y compostura y centrar sus argumentos en atacar jurídicamente el fallo apelado sin utilizar afirmaciones ofensivas e injuriosas: CNDJ.
La medida empezará a regir desde el próximo 31 de marzo y facilita el proceso administrativo para que más instituciones de educación superior accedan a los certificados de calidad.
Entre los nuevos perfiles del manual de funciones, se incluyen profesionales en antropología, artes liberales, diseño, bibliotecología, licenciados en artes, literatura, filosofía y teología.
No toda dilación dentro de una actuación administrativa es vulneradora de derechos fundamentales, solo lo serán las que desborden los plazos razonables y no se adviertan justificadas.
En consecuencia, en estos asuntos solo se permiten las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos ocurridos con posterioridad a la expedición de la providencia.
Se modifican las últimas fechas del calendario tributario 2022 que definía vencimientos para este 24 de febrero.
La interposición de recursos es la herramienta con la que cuenta la persona para debatir la decisión o actuación de la administración antes de acudir la Jurisdicción Contenciosa.
La orden que debe formularse en contra de ellos es el reembolso del pago que la entidad que se sirvió de esa figura tenía que hacer en atención a los resultados de la sentencia.
En el presente caso, se desconoció la diligencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP para cumplir con dicha carga procesal y que el proceso de expropiación se adelanta por “motivos de utilidad pública o de interés social”.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección j (parcial) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993.
Una modificación del juez a la ‘causa petendi’ transgrediría el derecho de defensa de la entidad accionada y conllevaría una sentencia violatoria del principio de congruencia.
No basta con la negativa si frente a la misma no se plantea un análisis técnico juicioso y detallado.
La entidad dicta dos cursos virtuales de 120 horas para empresarios, abogados y demás ciudadanos interesados en el mundo de las creaciones intelectuales y las patentes.
Resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían que primar sobre la indexación cuando se estructura una causa justificante de la tardanza en el pago: Consejo de Estado.
La omisión afecta el derecho al debido proceso y, más concretamente, los derechos de defensa y contradicción.
La finalidad de las vacaciones es que el trabajador recupere su fuerza de trabajo y el desgaste físico por la prestación de sus servicios.
También podrán ser utilizadas como soportes de las transacciones y otros eventos y sucesos reconocidos en el sistema contable.
Consejo de Estado señaló los requisitos para que el peticionario fusione dos o más solicitudes de invención.
Recientemente, Legis abrió sus puertas al nuevo Centro de Experiencia en Bogotá, ubicado en la Calle 70 No. 7-30 piso 1°.
La entidad les recuerda a los ciudadanos que pueden verificar la lista de entidades vigiladas en sus canales oficiales y que está prohibido pedir dinero como requisito para otorgar un préstamo.
Buscan facilitar la transferencia de datos entre responsables partes de un mismo grupo empresarial ubicados en diferentes países.
Comerciantes, microempresarios y emprendedores inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) pueden optar por este nuevo régimen que sustituye el Régimen Ordinario de Renta.
El Plan Sectorial de Turismo contempla descentralizar la oferta del sector, que actualmente concentra un 85 % de la demanda en las principales ciudades del país.
El pago podrá realizarse en dos cuotas anuales y, para generar el recibo, las entidades tendrán que haber reportado sus estados financieros del 2022
Estos son los cargos a los que podrán ser reintegradas las personas que hayan cumplido la edad de retiro forzoso o gocen de pensión de vejez.
De acuerdo con los demandantes, los apartes acusados no tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos en la jurisprudencia constitucional, frente al principio de progresividad y no regresión en materia ambiental.
Este mandatario es la autoridad competente para designar al alcalde distrital encargado en los casos de falta temporal o absoluta.
En ejercicio de su derecho de defensa, pueden interponer no solo las excepciones relacionadas con la relación jurídica sustancial, sino las que se derivan de su condición particular de deudor solidario.
Corte recuerda el análisis que se debe hacer frente a la fecha de estructuración cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas.
En su aclaración de voto, la magistrada Hilda González indicó que existe cosa juzgada constitucional, porque la Corte Constitucional excluyó la acción de tutela de revisión.
La liquidación de la pena pecuniaria de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio causado con el incumplimiento resulta válida.
No es posible exigirle al trabajador evacuar las tareas acumuladas durante su ausencia vacacional y además las que a diario se van generando: Corte Suprema.
La responsabilidad de toda gestión de bloqueo y desbloqueo de equipos terminales móviles recae sobre los operadores.
La libertad de empresa debe entenderse encaminada a otros aspectos económicos y de organización interna.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 19 (parcial), 69, 70, 89, 93 (parcial) y 96 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.
No es jurídicamente válido pretender la nulidad de un acto procesal que no esté consolidado: Corte Suprema.
La calidad de delegado de la organización se deriva de la voluntad del sindicato, y la norma no exige el estatus de trabajador vinculado a la empresa.
Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la propuesta busca que el país transite de una economía extractivista a una basada en el conocimiento, la producción y la sostenibilidad.
El abogado presentó, por lo menos, en 10 oportunidades, incidentes, memoriales, solicitudes, recursos, etc., ante el despacho judicial en donde se tramitaba un proceso ejecutivo.
Consejo de Estado señaló las pautas normativas que permitían laborar en varias entidades de derecho público para evitar doble asignación para los profesionales de la salud.
El objetivo de los congresistas fue mostrar un compromiso con un acceso digno a una IVE.
Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.
Subsanación de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente aplica para las presentadas hasta el 13 de diciembre del 2022.
En una reunión con el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación le planteó nueve observaciones al proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
Aun sabiendo que no tenía derecho de postulación, se presentó y aseguró que la diligencia era ilegal y que no permitiría que se realizara.
Para la contabilización del término de prescripción contenido en el artículo 638 del Estatuto Tributario, se debe tener en cuenta el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable.
Los cambios no pueden obedecer a motivos personales o subjetivos del empleador, pues debe respetar la dignidad de los trabajadores.
La aceptación de las facturas no suple la ausencia de soportes definidos en las normas especiales que regulan el trámite para su pago.
Se niegan las pretensiones de la demanda porque se configuró la culpa exclusiva de la víctima en la imposición de la medida de aseguramiento dictada en su contra.
De acuerdo con la accionante, de conformidad con los artículos 67 del Código Civil y 59 y 60 de la Ley 4ª de 1913, los plazos vencen a la media noche del último día del plazo.
El Consejo de Estado explicó el proceso sancionatorio por devolución o compensación improcedente cuando está demandado el acto administrativo de determinación del tributo.
Los actos administrativos que deciden sobre responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso sobre daño patrimonial y responsabilidad del investigado.
No agotar debidamente los recursos de la actuación administrativa hace imposible que el asunto sea estudiado de fondo: Consejo de Estado.
La titularidad para accionar radica en cabeza de cualquiera de los asociados destinatarios de la oferta o de la sociedad.
La CNDJ se pronunció en un proceso disciplinario llevado contra un juez por la presunta mora en la que habría incurrido al resolver la impugnación y notificarla.
Se corrió traslado a las autoridades vinculadas al proceso (Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, entre otros) para que se pronuncien sobre la solicitud de suspensión de la norma.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la Ley 2103 del 15 de julio de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).
El uso de datos personales con fines de publicidad, marketing o gestión de cobro no puede desconocer el derecho a la tranquilidad.
El arrendamiento vulneró los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de los bienes de uso público.
Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 95 de la Ley 2277 del 2022.
La decisión del juez de conocimiento de resolver en audiencia la solicitud de nulidad presentada por el accionante no vulnera el derecho al debido proceso: Corte Suprema.
El magistrado Octavio Tejeiro Duque salvó el voto e indicó que se debió reconocer el derecho a una asignación a cargo del Estado para que el accionante tuviera una vejez digna.
Se genera si la capitalización de la sociedad emisora de las acciones fue un medio para incurrir en el supuesto de hecho de una norma de desgravación a efectos de capturar un beneficio en el impuesto sobre la renta que está atado a la realización de una finalidad extrafiscal.
En todo caso, el pago será válido solo si el empleador concede simultáneamente en tiempo los días que no van a ser compensados.
Si se considera ilegal el acuerdo, se debe formular la pretensión ante la jurisdicción ordinaria laboral para que se dicte sentencia sobre la anulación del acta conciliatoria.
Corte Suprema señaló que se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia por mora judicial al no emitirse sentencia.
El Ministerio Público sostuvo que el trámite parlamentario de la Ley 2212 del 2022, que aprobó el convenio, se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales.
Resulta inocuo el estudio de la imputación cuando se carece de legitimación en la causa para reclamar el daño sobre un derecho que no se acreditó.
La Corte Constitucional encontró que los tipos penales no irrespetan el principio de legalidad ni el mandato de estricta tipicidad contenidos en el artículo 29 constitucional.
Colpensiones tendrá derecho a cobrar las cuotas partes o el bono pensional correspondiente a la UGPP respecto de la mesada pensional a pagar.
Dicha solicitud debe ser realizada con una anticipación de tres días hábiles a la fecha de vencimiento del período de facturación.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un trabajador que cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación convencional.
Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.
El contador público no puede prestar su concurso a operaciones fraudulentas que tiendan a ocultar la realidad financiera.
De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El documento, llamado ‘Acuerdo de Alcance Parcial 28’, es una nueva versión del texto que regía las relaciones desde el 2011.
Determinación de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo.
Una vez elegido por voto popular y tomar posesión del cargo, el juez de paz debe obrar con rectitud, eficiencia y equidad
Al no encontrarse una resolución debidamente motivada proferida por la Administración en donde se otorga una facilidad de pago no se interrumpe el término de prescripción.
Consejo de Estado explicó la prevalencia en el nombramiento cuando esta ocurre en virtud de una orden judicial de reintegro.
La responsabilidad estatal se materializa por la omisión en el deber de debida diligencia en la protección de la violencia de género frente a riesgos previsibles y cognoscibles.
La falta atribuida al disciplinado es dolosa, pues requiere conocimiento de la situación típica y que aun así se actuó en contravía al deber: CNDJ.
La imposibilidad de acuerdo sobre tarifas no puede privar a los titulares de derechos conexos de obtener la debida remuneración.
El Decreto 0227, del 16 de febrero del 2023, permite al Presidente de la República asumir funciones generales.
Estos recursos se destinarán a la compra de tierras para la Reforma Agraria y a la ampliación de la infraestructura educativa, entre otras.
La elección está estrechamente vinculada al objeto misional de la corporación pública.
Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.
Exhibir el carné de vacunas para poder presentar la prueba de conocimiento implica una restricción significativa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y acceso a cargos públicos.
Si bien se aportó certificado de terapias físicas, no se probó que haya sido por el uso del colchón que debió acudir a las mismas.
Estos hechos, según el tipo penal de que se trate, deben traducir los elementos que componen el delito.
Corresponde a la CNDJ resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales o de las comisiones seccionales.
Pese a las voces que pedían que la iniciativa fuese tramitada como una ley estatutaria.
La alta corte puso énfasis en sentencias de segunda instancia susceptibles de casación.
La demanda fue radicada el viernes 1º de julio de 2022 a las 7:41 p.m., no obstante, el horario de atención de los despachos judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
La demandada decidió cambiar las condiciones del concurso y bajo su propia cuenta entregar bonos a todos los participantes.
Confirman la suspensión de una jurista que no asistió a una conciliación para adquirir un inmueble y también se apropió de una suma de dinero.
La persona que presenta la queja disciplinaria carece de las facultades dispuestas para los intervinientes, entre ellas, la de solicitar la nulidad de la actuación.
El proceso disciplinario no garantizó el debido proceso ni el derecho de defensa, lo cual generó la consecuente vulneración de su derecho fundamental a la educación: Corte Constitucional.
Corresponden a instituciones y asociaciones ciudadanas que surgen de la voluntad popular para la participación política.
El Acuerdo 049 de 1990 se puede aplicar de manera ultractiva para quienes no estaban afiliados al ISS a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y son beneficiarios del régimen de transición.
El título accionario debe contener, entre otros elementos, la cantidad de acciones representadas y el valor nominal de las mismas.
La acción de tutela procede por excepción contra actos administrativos, siempre que concurran ciertos requisitos.
Cuando no se notifica en debida forma al contribuyente la decisión del recurso de reconsideración en el término de un año, contado a partir de la fecha de presentación del recurso en debida forma, opera el silencio administrativo positivo.
En su exposición de motivos, sostienen que “tenemos uno de los sistemas más solidarios y garantistas”.
La mora del funcionario judicial para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, no es una causal de libertad: Sala Penal.
El nominador debe tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, logre reubicar a la empleada que goza de dicha estabilidad laboral.
Existe un debate sobre cómo deberá tramitarse el proyecto de ley radicado en el Congreso.
En principio, una sociedad a la cual solo le resta aprobar la cuenta final no podría hacer tránsito a una liquidación judicial.
La entidad reconsidera oficio según el cual no eran medios de pago para aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables.
Se le imputó responsabilidad a la Armada Nacional, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional a título de falla en el servicio por sus omisiones determinantes en la ocurrencia de la masacre en San Pablo (Antioquia).
Las autoridades administrativas deben acompañar e impulsar los procesos agrarios cuando se pretende la adjudicación de bienes fiscales rurales: Corte Constitucional.
En este caso en concreto no era posible prever o conocer de antemano la ocurrencia del hecho, ni tampoco se demostró la falla en el servicio.
La obligación de salvaguarda de la vida por parte del Estado no declina y en esta obligación reside el fundamento constitucional del delito de ayuda al suicidio.
Si la actuación ha sido violatoria de las normas de ética o se han puesto en riesgo los intereses de la sociedad, se puede presentar queja ante la JCC.
La prerrogativa probatoria de los terceros se limita a las oportunidades ofrecidas a las partes, como garantía del debido proceso y, en especial, del derecho de defensa que asisten a cada uno de los extremos procesales.
En los casos analizados, la Corte Constitucional protegió el derecho a la salud y a la vida digna de los pacientes.
Cuando exista incumplimiento por parte del proveedor, el consumidor puede exigir que se preste el servicio o la devolución del precio pagado.
Mientras estuvo vigente el reconocimiento, podían gozar de la exclusión del IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial.
En un evento realizado en el 2019 se comunicaron al público interpretaciones sin pagar a sus titulares remuneración económica.
La acción de tutela no puede ser instrumentalizada con fines diferentes a la protección de derechos fundamentales: Corte Constitucional.
La CNDJ resaltó la importancia de la acción de tutela y el deber de los abogados de usarla adecuadamente.
El articulado fue radicado ante el Congreso por la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho.
Cualquiera que intervenga en la cadena de comercialización del servicio responde ante el consumidor.
Corte Suprema concedió el amparo al derecho al debido proceso administrativo de la tutelante y ordenó que se pronunciaran respecto a su solicitud de traslado.
Comienza la transmisión en vivo sobre radicación del articulado de la Reforma a la Salud.
Sancionan con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión a abogado que modificó los honorarios a cuota litis que inicialmente eran del 25 % al 50 % sin mediar autorización sobre el particular.
La ministra anunció que la reforma a la salud aboga por crear un régimen laboral especial que garantice las condiciones laborales y las prestaciones de ley a los trabajadores del sector.
Se pretende se declare la exequibilidad condicionada de las expresiones “trabajadora”, “madre” y “mujer” del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, para que lo previsto en dicho artículo se haga extensivo también a los hombres trans y personas de género no binario en estado de embarazo.
Para garantizar la doble conformidad, procederá la impugnación de todas las sentencias que declaren la responsabilidad en la acción de repetición: Corte Constitucional.
El trámite de la medida cautelar se realizara por medio del procedimiento ordinario previsto por el artículo 233 del CPACA, por lo que se le corrió traslado al ministerio demandado del escrito que contiene la solicitud.
Aplicará para quienes decidan trasladarse del Régimen Solidario de Prima Media.
La entidad dio a conocer el porcentaje para los bonos previos y posteriores al 31 de diciembre de 1998.
La rentabilidad mínima llegará hasta el 7,69 % efectivo anual.
La obra debe haber sido creada en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo.
En todo caso, los administradores deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en actividades que generen conflicto.
El demandante puede optar por el juez del domicilio de su contraparte o el del foro contractual.
Se incluirán criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación de las entidades estatales.
Debe contener la fecha límite de pago, la consecuencia de no pagar y los recursos que proceden contra la suspensión.
Se espera que el texto sea radicado ante el Congreso durante la tarde de hoy.
El Tribunal Administrativo del Magdalena analizó una solicitud de la parte demandante para realizar la audiencia inicial de manera virtual en el metaverso.
Si está a nombre de alguien diferente de la entidad, se tendrían que hacer cambios frecuentes de titularidad.
La contabilización de la experiencia de profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares está determinada por el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, norma que no ha sido derogada y se encuentra vigente.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra la norma que regula la desconexión laboral por presunto trato desigual.
El principio de la buena fe no implica desconocer las reglas del proceso de selección: Consejo de Estado.
En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, karina Reyes, presidenta de Fedelonjas, señaló que el valor de la cuota depende de lo que se haya establecido en el reglamento de la propiedad horizontal y de los ingresos requeridos.
Solo los rubros que describe el artículo 8º del Acuerdo de Valor de OMC, en concordancia con el numeral 1º del artículo 18 de la Resolución 846 de 2004 de la CAN, son los que deben formar o integrar el valor de la mercancía en aduana.
Como el quejoso no ostenta la calidad de sujeto procesal o interviniente, le están vedadas las atribuciones de las que gozan estos.
La misma autoridad administrativa que haya dictado el fallo y adoptado la medida de restablecimiento de derechos es quien tiene la competencia para continuar con el seguimiento y definir de fondo la situación jurídica del menor.
Los ciudadanos con correo electrónico registrado las recibirán por ese medio y también podrán obtenerlas en la página web de la entidad.
Archivan investigación contra un magistrado por presunta mora en remisión de expedientes de amparo para revisión de la Corte Constitucional.
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.
De acuerdo con el actor, la norma es inexequible por acoger un hecho generador incompatible con las tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad ciudadana.
Igualmente, se analizan al partícipe determinador y al autor mediato dada su posición de mando en una estructura organizada de poder al margen de la ley.
El empleador debe inscribir en alguna EPS a quienes tengan con él alguna vinculación laboral, verbal o escrita, temporal o permanente.
Calificar dicha cláusula contractual como “leonina o abusiva” es incorrecto, pues esta forma de remuneración es legal y está autorizada en el marco del contrato de mandato.
No existe en el tráfico mercantil y, por ende, no puede seguir actuando, ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones.
Así lo indica el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
La responsabilidad solidaria de la aseguradora se limita al valor asegurado más los intereses de mora que correspondan: Consejo de Estado.
La ley dispone, entre otros, la deducción especial en el impuesto sobre la renta y exención de derechos arancelarios.
No procede la aplicación de multas o cláusulas penales a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios.
El usuario (endosatario) no podrá realizar negocios jurídicos sobre la mercancía, como es la venta a nombre propio.
Sin embargo, existen circunstancias excepcionalísimas que ameritan acudir a un mayor lapso, pero en todo caso dentro de un plazo razonable.
El consumidor financiero debe informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir indagando sobre sus condiciones generales.
Las mejoras efectuadas en bienes de terceros solo son adquiridas si el contribuyente obtiene el derecho a incorporarlas a su patrimonio, circunstancia que se prueba con el título jurídico correspondiente.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se pronunció sobre los inconvenientes presentados en los servicios del portal web de la Rama Judicial.
La nueva presidenta es la magistrada Diana Fajardo Rivera, y como vicepresidente fue elegido el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
El hospital omitió advertir a la paciente sobre los riesgos de la cirugía, por lo tanto, se presentó una ausencia de consentimiento informado para la práctica de la mamoplastia.
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición de todos los empresarios y las empresarias de Bogotá y la región, sin importar su tamaño, su portafolio de servicios gratuitos o de bajo costo.
Pluralidad de personas no es aplicable a las sociedades unipersonales ni a las sociedades por acciones simplificadas.
No obstante, el contrato de condiciones uniformes puede disponer algo diferente, evento en el cual se deberá atender lo dispuesto.
Corte Suprema se pronunció sobre el derecho de las víctimas a una justicia oportuna en un caso de mora judicial frente a investigaciones de la Fiscalía.
Tiene valor probatorio y dado que no se trata de un mensaje de datos aportado en su formato original, debe ser valorado conforme las reglas aplicables a los documentos, mas no como un indicio.
Son tres las situaciones específicas en donde la pensión de vejez es compatible con una indemnización sustitutiva de vejez o devolución de saldos.
Universidad de los Andes invita a la clase abierta sobre protección ambiental y DD HH en la Corte IDH.
Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la funcionaria se encontraba suspendida del cargo e imposibilitada para ejercer la función pública en virtud de una sanción de inhabilidad especial que le habían impuesto por otro caso.
Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.
Corte Constitucional recuerda los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base en la ley 100 de 1993 y la aplicación de su régimen de transición.
El grupo compuesto por exministros y exviceministros piden respuesta a la cartera sobre lo planteado en torno al proyecto de ley.
No se encontró configurada la causal de nulidad referida a la infracción de norma superior (art. 137 de la Ley 1437 del 2011).
El Ministerio de Educación incurrió en una omisión reglamentaria, al excluir de manera injustificada a los abogados: Consejo de Estado.
Así lo confirmó el mandatario a través de sus redes sociales y nombró a Astrid Cáceres en la dirección de la entidad.
La Dian recordó la necesidad de reglamentar la presentación electrónica de peticiones, recursos y demás escritos.
Existe independencia y autonomía entre las normas tributarias y las de contabilidad y de información financiera.
Se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, y no se hacen aportes a la ARL.
Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.
