A desmitificar la imposición objetiva de sanciones tributarias
Actualmente los contribuyentes cuentan con más y mejores herramientas para defenderse de la imposición de sanciones por parte de la administración tributaria.
Actualmente los contribuyentes cuentan con más y mejores herramientas para defenderse de la imposición de sanciones por parte de la administración tributaria.
¿Cuál es el justo precio que en términos de estabilidad institucional y legitimidad democrática se está dispuesto a pagar por alcanzar la denominada ‘paz total’?
Son varios los elementos por considerar en el análisis de las tensiones entre unidad, descentralización y autonomía, en el marco del ordenamiento territorial en Colombia..
Indudablemente, de los diferentes modelos, debemos aplicar el que favorezca a la población y deje de lado la oportunidad de negocio para el sistema financiero.
Es vital resaltar tanto la necesidad como la dificultad de remarcar los límites de la relación juez/litigante.
En algunos casos, los representantes legales y, en general, quienes ostentan la calidad de administradores de personas jurídicas, pueden ser declarados responsables fiscales.
A diferencia de lo establecido por las autoridades colombianas, en EE UU, la Securities and Exchange Commission sí considera que, en ciertos casos, los criptoactivos pueden ser activos financieros y valores.
Los beneficios del narcotráfico enriquecen a una minoría mafiosa, pero empobrecen la mayoría de la población civil. Por tanto, la lucha contra las drogas ilegales, como está planteada, nos está empobreciendo.
Solo en el 2022 se radicaron 663.463 tutelas en el país, según las estadísticas de la Corte Constitucional, es decir, un promedio de 1.817 tutelas por día.
Siguiendo a Cesare Beccaria, lo que no es absolutamente necesario no es proporcional y, por lo tanto, debería ser objeto de descriminalización.
¿Será el 2023 el año en el que las firmas colombianas aterrizarán en España?
Es la hora, hace tiempo, de que la colegiación de abogados se transforme de manera definitiva.
La reforma propuesta por el presidente Gustavo Petro revive el Decreto 2487 de 1973, que fue anulado por el Consejo de Estado, en 1974.
Una fiscalía idónea es garantía para toda la ciudadanía, es la conquista de un Estado social y democrático de derecho.
Este libro se inscribe en la verdadera tradición socrática donde la filosofía coquetea con la autoayuda para probar que la filosofía puede servir para vivir mejor.
Una cosa es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y otra cosa es que se ponga en ejecución, porque de pronto se convierte en un Plan Nacional del Subdesarrrollo.
Los cognados pueden ser útiles para los estudiantes de idiomas, porque facilitan la comprensión y el aprendizaje de nuevo vocabulario.
Mientras unos pocos países trazan el camino y obtienen resultados demostrables, los otros apelan a la retórica y a los cuentos tontos.
No sé si Alberto fue un sociólogo, un antropólogo o un economista en potencia, pero sus análisis siempre trascendieron la órbita del inciso y del parágrafo.
Cuando a una mujer se le mata por no ser la mujer “que debería ser”, se está en sede de un feminicidio.
La educación y las políticas son dos piezas importantes del rompecabezas que deben incorporarse a una estrategia de ciberseguridad plurianual.
Nacido en Sahagún, Córdoba, Fadul recurrió frecuentemente para su producción literaria a los recuerdos del terruño.
La desinformación promovida por un Jefe de Estado nunca estará en el campo de la libertad de expresión ni podrá ser entendida como una opinión o interpretación personal.
El poder doméstico, ni antes, ni hoy en día, es un estándar rígido e igual para cada familia, ni está determinado por la voluntad expresa o presunta de cualquiera de los cónyuges.
Estas aplicaciones van a evolucionar muy rápidamente y van a consolidarse como uno de los saltos más grandes de todos los tiempos para la humanidad.
Los clientes se mueven por dos pautas generales: la fama del abogado o las referencias personales.
La desjudicialización, especialmente en el escenario penal, debe ser mirada como una necesidad que haga parte de las estrategias para generar una cultura de paz.
La proscripción de la prueba de una negación indefinida, inquisitorial o diabólica se erige, entonces, en límite de la carga probatoria.
El resultado de esa ponderación lleva a la conclusión de que un bien jurídico se tendría que sacrificar en alguna medida para salvaguardar el otro.
El incesto, acto abominable, clandestino y vergonzoso, no comporta alternativa diferente a la de penalizarlo de manera ejemplarizante.
Es diciente el interés de los dos países por reactivar sus relaciones comerciales e incrementar el flujo de inversiones recíprocas.
El Banco de la República inició su vida institucional en 1923, sorteando la quiebra del Banco López y el pánico financiero consiguiente.
Afortunadamente, estamos seguros de que un robot nunca podrá lograr, en términos de comprensión, lo que hace un ser humano que se desempeña como abogado.
Es necesario entender con claridad el alcance de los aspectos negativos que se pretenden introducir, en aras de cuestionarlos y rechazarlos contundentemente.
Se cumplen ya 10 años de la muerte del genial Portillo de la Luz, ‘el Grinch’ del bolero cubano que sí que tenía su corazoncito.
Joe Berlinger, en Madoff: el monstruo de Wall Street (Netflix), muestra en formato documental el proceso de este hombre hecho a sí mismo que creó el esquema Ponzi más grande de la historia.
Sigamos formulando utopías, pero no cometamos el error de pensar que son recetas viables de cómo transformar la realidad.
Si bien las fases procesales de la expropiación agraria pueden percibirse como “burocracia”, son la garantía de los derechos de defensa del propietario.
Las pretensiones son la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones “y/o exoneración” de la norma demandada, o subsidiariamente que se declare la constitucionalidad condicionada para que se tenga como una exclusión tributaria.
Si, como en el caso de España, algunas plataformas tienen que dejar de funcionar porque dejamos de subsidiarlas permitiéndoles incumplir la ley, no eran negocios viables para comenzar.
Esta sentencia es muy relevante, pues permite advertir un interés por sancionar penalmente unas conductas violatorias de los derechos de la infancia.
Aunque entre 1996 y el 2022 la población general del país aumentó el 40 %, en contraste, durante el mismo periodo, el número de abogados inscritos aumentó el 472 %.
El esquema que se propone es inviable, desconoce que la huelga como derecho protegido constitucionalmente no es absoluto, que debe estar reglado y tener límites claros.
La economía se mueve al vaivén de la mano invisible de Adam Smith, y mientras escribo este artículo, el bitcóin ha subido a 27.000 dólares.
Una sentencia anticipada elimina el riesgo de decretar medidas de suspensión provisional de normas que después no sean declaradas inexequibles.
Tal parece que las reformas se han venido preparando de manera aislada, sin considerar consecuencias en otros sectores, pues, aparentemente no se han analizado los efectos.
En términos generales, la no entrada en operación de un proyecto solar o eólico tiene consecuencias para el titular del proyecto de generación.
La justicia tiene deudas históricas con las mujeres, por lo cual la Corte viene implementando estándares de protección para garantizar sus derechos.
Si la actuación de la CPI puede disuadir la continuidad de este esquema o, incluso, coadyuvar al retorno y a la reunificación de las víctimas con sus familias, la investigación habrá tenido un primer resultado positivo.
Quizás crecimos con la idea de que las leyes son redactadas por legisladores juiciosos, estudiosos y sabios, pero ya sabemos que no es así, y lo contrario es más probable.
Los ingleses respetan el sistema bipartidista de la Cámara de los Comunes hasta el punto de darle sueldo oficial al jefe de la oposición.
Los días de escribir complejamente han terminado. Bienvenido plain english.
La maravilla de la relectura es encontrar que había partes de lo leído que no nos habían llamado la atención, que pasamos por alto o que simplemente no registramos en nuestra conciencia.
En las sociedades contemporáneas la información y los datos personales son bienes intangibles altamente valorados, al tiempo que también son expuestos, manipulados y almacenados en grandes bases de datos con fines comerciales.
Sin una aplicación ecléctica o, por lo menos, razonada del artículo 868 del Código de Comercio a los negocios de régimen especial frente al EGCAP, se prevé una cascada de contratos paralizados o inacabados.
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-054 del 2023, determinó la inexequibilidad de los artículos 6° y 151 de la Ley 2200 del 2022.
Sea el 27 de abril del 2023 la oportunidad para agradecer y exaltar a las mujeres del Derecho Tributario de Colombia.
La inteligencia artificial representa una oportunidad de progreso y mejora en la gestión documental y la facilitación de la administración de justicia.
Los invitamos a verificar que en materia digital sus productos sean creados y puestos a prueba siguiendo las tendencias de protección de privacidad.
¿Cómo subir costos laborales podría ayudar a nuestros campesinos a tener empleos formales? ¿A quién se le ocurre buscar cambios que solo beneficiarían a una minoría?
Las transferencias de bienes inmuebles no han sido ajenas a la acumulación de impuestos.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia introdujeron en el argot procesal, desde antes de la expedición del Código General del Proceso (CGP), la expresión “medidas cautelares innominadas”.
Confiamos en que la financiación de las campañas del 2023 y el cumplimiento de las obligaciones legales tributarias sean, al menos un poco más que en las pasadas elecciones, “como deben ser”.
Aproximadamente, el 1 % de los residuos sólidos que se disponen en el país van a botaderos y, al menos, 78 municipios colombianos los utilizan como sistema de disposición final.
El título del libro proviene del intento de revivir la antigua conexión entre el Estado de derecho y la razón, y de rechazar su asociación con las ideas que establecen una especie de certeza mecánica en su aplicación.
¿Puede la ley, sin considerar las circunstancias concretas, calificar automáticamente que ciertas relaciones laborales se consideren subordinadas (‘riders’ y ‘pickers’)?
La cabeza genera el drama y, con frecuencia, también su resolución para restablecer el propio sentido de estabilidad personal con el entorno.
Los operadores del sistema de justicia no pueden utilizar ChatGPT como si fuera un oráculo de las normas o de la jurisprudencia aplicable.
Aunque los nombramientos pendientes son importantes, casi nunca son urgentes y ese podría ser el pretexto para decir que no hay prisa.
Para hacer justicia a los animales, deberíamos comenzar por repensar las categorías que nos ha legado el liberalismo decimonónico.
El catastro multipropósito permite ver la complejidad de las relaciones con el territorio como un bosque, sin acotarse a un único dato que sería el árbol meramente fiscalista.
Estas posibilidades sirven para estimular buenos comportamientos a riesgo de perderlos y para diezmar los negocios oscuros de los celulares secretos.
¿Qué lectura, entonces, puede tener la primera y segunda parte del artículo 6º del E. C., junto a los referidos numerales 5º del artículo 5º, el artículo 10 y el artículo 20, también del E. C.?
A ella y a las mujeres que continúan su legado, toda mi admiración y reconocimiento.
A los congresistas nadie los castiga por su pobre desempeño. Pueden dormirse en las sesiones, no tener ideas, no leer los proyectos, no participar en los debates y decir barrabasadas.
Las herramientas institucionales y una democracia guiada por una ciudadanía activa y crítica, e instituciones fuertes, pueden hacer funcionales el diseño constitucional de control sobre el poder público.
Para entender los recientes hechos en materia aeronáutia, hay que revisar los diferentes problemas que se presentan en materia de derecho de la competencia en el mercado aeronáutico nacional.
La inteligencia artificial está lejos de simular la capacidad de crear jueces, de escribir sentencias y de construir doctrina.
Las leyes estatutarias vienen a ser unos cofres especiales donde se guardan las joyas más preciadas del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y otras materias esenciales.
El aumento de precios en las matrículas de las instituciones de educación superior (IES) privadas en Colombia ha generado debates y polémicas que se acentuaron a finales del año pasado y a comienzos del 2023.
Esta distorsión, que, a mi modo de ver, tendría un origen involuntario y podría ser más atribuible a un descuido o a una falencia en la aplicación de la técnica legislativa.
Avanza en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política que establece la jurisdicción agraria y rural.
El Gobierno que se autodefine como el del cambio es el más reacio a reconocer los cambios en las relaciones laborales en el mundo.
El sistema de facturación electrónica es una nueva realidad de las compañías, que impacta directamente los procesos de preparación de las declaraciones tributarias.
Solo queda seguir atento a las nuevas noticias y oportunidades que se van generando en este tema, principalmente por los últimos anuncios de grandes tecnológicos que han entrado a competir.
Es fundamental reconocer la importancia que tienen las comunidades indígenas y negras en la conservación de los bosques y los recursos naturales renovables.
El ordenamiento jurídico colombiano no puede simplemente considerar a los animales de compañía como un bien mueble más.
El debate está abierto, la discusión democrática debe propiciarse, pues los asuntos diversos que llegan a los jueces por falta de regulación normativa allanan el camino a la inseguridad jurídica.
La práctica jurídica en materia de asesoramiento de los casos de concurrencia de parejas se ha vuelto cada vez más compleja.
Prohibir la minería significa prohibir la minería legal, dejar las minas a merced de ilegales, una decisión por la cual el presidente no debería dejar de asumir responsabilidad política.
Los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalan que la Rama Judicial está salvaguardando los principios de la Carta de 1991.
En cualquier Estado soberano el presidente está obligado a proteger a la sociedad y a sus propios agentes del orden; y si, tácticamente, decide no atacar al enemigo, ya liberados los policías secuestrados está obligado a detener y a castigar a los subversivos.
Lo que más impresiona es que en las encuestas sobre privacidad, los humanos parecen muy conscientes de que el acceso a ese tipo de plataformas y servicios afecta severamente su privacidad.
Dos temáticas absolutamente relacionadas y complementarias se están tramitando por vías diferentes y excluyentes entre sí.
Llegó la hora de pelear por nuestros derechos y dar la batalla de frente por una colegiatura obligatoria.
Que la salud es un negocio no debe ser una afirmación escandalosa, pero las consecuencias de la falta de control muestran el lado devastador de ver la enfermedad como una oportunidad de obtener resultados financieros.
La regla general en inglés es que each other se refriere únicamente a dos personas y one another para grupos de tres o más.
¿Qué se necesita para que esa práctica se extienda a todas las compañías? Lo más probable es que se imponga de hecho y luego la siga la legislación.
En lugar de abrir las muñecas para pulir las artes que nos llevan a darle significado al mundo e imponer nuestra voluntad sobre él, podemos verlas sin destaparlas.
Venezuela perdió la capacidad de proveer de salud y educación a sus ciudadanos, dos temas que en materia de cobertura y servicio básicos reportaban buenos resultados a finales del siglo XX.
Colombia modifica sus reglas de fuente nacional para incluir como nuevo nexo la presencia económica significativa de personas o entidades no residentes en transacciones de venta de bienes o prestación de servicios.
El tiempo que puede pasar una persona en un litigio cuando existen divergencias interpretativas es tiempo en el que existe una negación de facto de sus derechos como sujeto.
Uno de los males de esta época es que la percepción pesa más que la información.
No existen parámetros válidos de exclusión del Sistema General de Pensiones por edad, ya sea frente a menores de edad o personas mayores.
Seguimos a merced, al menos desde el Derecho, de una construcción artificial de la naturaleza vía el lenguaje jurídico.
Esto no se hace ni por los ‘papitos’ ni por garantizar la libertad de la mujer. Detrás de esta práctica existe un multimillonario negocio de personas y sociedades.
Acción de responsabilidad civil contractual: una figura clave, aunque poco explorada para la defensa de los recursos públicos.
Toda mi admiración, respeto, agradecimiento y cariño para esas jóvenes mujeres que se cuidan y se apoyan entre ellas y que por fin han entendido que la de al lado es aliada y no competencia.
El ejercicio del derecho a la resistencia va acompañado de una simbología que funciona como herramientas de la memoria y sensibilización del otro, pues, a veces, la realidad parece no ser suficiente.
Aún quedan obstáculos y desafíos en la ruta para que esta decisión se implemente con la integridad que merece, y con las guías que se determinan en la resolución del Ministerio.
El próximo 29 de octubre, Colombia tendrá elecciones regionales, que se convertirán en una importante oportunidad para aumentar la participación de las mujeres en estos espacios.
¿Podríamos declararnos satisfechos con la legislación actual o perdimos otra oportunidad para concretar instrumentos eficaces de política pública que reduzcan de forma material las distorsiones por género del mercado laboral?
La experiencia de la licencia parental compartida es inigualable, permite a los padres conocer, atender, fortalecer los lazos e involucrarse plenamente en el cuidado del niño.
Herramientas tecnológicas de inteligencia artificial podrán apoyar el logro del objetivo de la justicia de género.
El proyecto de ley establece que los recursos del sistema de salud son de destinación específica y, por ello, son de carácter parafiscal, inembargables y tienen naturaleza pública.
La persecución por razones de género se refiere precisamente a conductas que se cometen al amparo de prejuicios y estereotipos sexistas.
A diferencia de lo que sucede con otros temas, el estado actual de la muerte digna en el derecho internacional de los derechos humanos aún es incipiente e, incluso, cauteloso.
No podemos seguir denominando figuras tributarias impropiamente, ni definiendo erradamente los elementos de su obligación tributaria.
Proimágenes debe estar abierto a escuchar y a debatir los cambios que sean necesarios en beneficio del sector.
La doble condición de mujer y discapacidad genera para el Estado y los particulares un sinnúmero de deberes relacionados con la eficacia de sus derechos.
La trata de personas se produce y desarrolla en diversos entornos de vulnerabilidad económica, social, política, jurídica, geográfica, etc.
A pesar de los derechos fundamentales que ha reconocido y salvaguardado la Corte Constitucional, no cesa la violencia de género de la que continuamente es objeto esta población.
Los riesgos ambientales contienen un componente de futuro que es preciso evitar y, por ello, cobra vital importancia la prevención.
Las potestades que se le otorgarían al presidente por virtud del proyecto de artículo 298 del Plan de Desarrollo son demasiado amplias e imprecisas.
Adicional a los retos propios de la traducción, la recepción lingüística de la dogmática penal se confronta a muchos otros problemas.
En una sociedad digitalizada, la rapidez del cambio no puede ser simplemente subestimada, salvo que se acepte una sinonimia imposible entre el saber y contar con información.
El proyecto gubernamental pretende hacer borrón y cuenta nueva para que el sistema de salud sea netamente público, sin prever una transición que evite la improvisación y vele por la salud de los pacientes.
En Colombia, es un buen negocio violar la ley laboral. Quienes lo hacen tienen una alta probabilidad de salirse con la suya.
El 24 de febrero, se cumple un año de este episodio bélico. A la fecha, el Consejo de Seguridad no ha impuesto ninguna sanción económica contra Rusia.
Los poderes judiciales y las fiscalías de América Latina deben asumir que la información de su gestión es pública y no privada.
Es deber del Ministerio de Justicia y del Derecho convocar a los interesados a presentar propuestas innovadoras y discutir públicamente las propuestas.
En nuestro caso, no olvidemos que quienes se embarcan en la aventura de traducir las complejidades del mundo jurídico construyen la doctrina universal.
Necesitamos pistas para pensar el Derecho en una situación constante de crisis, propia de una condición humana incierta en la que habitamos con los fantasmas del cine negro.
Con las mayorías en el Capitolio Nacional por parte del Gobierno Nacional, pareciera que este año será histórico para los animales en Colombia. ¡Por fin!
Las circunstancias a las que nos enfrentamos hoy de altas tasas de mora tendrán amplias repercusiones en el mundo de los negocios.
El camino de la larga movilización de las víctimas dentro de las instituciones de justicia crea evidentes dificultades para culminar el duelo y desapegarse del dolor.
Poco importa si para alguien fue un caso de cogobierno de los jueces: nadie hizo caso. Dos vidas se habrían podido salvar.
Preocupa sustancialmente que la cosmovisión étnica comprometa el uso del suelo de todas las áreas del país.
No confunda el guion sencillo (‘hyphen’) con el doble guion (‘dash’); en inglés, son distintos.
Si bien los panameños deseaban la separación porque se sentían olvidados por el Gobierno central, quienes fueron definitivos en los hechos no habían nacido en el istmo.
El problema es que varias de estas conductas no tienen otro modo de represión, de modo que despenalizarlas implica legalizarlas.
El reto para el Derecho en todas sus dimensiones y facetas ante la emergencia climática es enorme.
Durante años, se han promulgados diferentes normas que han regulado la materia. La más reciente de ellas es la reforma tributaria contenida en la Ley 2277 del 2022.
La Sentencia SP3974 del 12 de diciembre del 2022 emitida por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un trámite correspondiente a la acción de revisión, ha generado varias confusiones.
A punta de gritos, estos nuevos líderes cabalgan con su blindaje mediático devorando la institucionalidad y lanzando sus trizas a las masas de indignados. Ellos sí, en la más absoluta impunidad.
¿Por qué la cárcel sí es un factor tan relevante en delitos contra la administración pública y no en delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas?
Es indudable la necesidad de buscar soluciones a esta problemática tan grande que enfrenta el mundo.
La Misión estuvo encabezada por Edwin Walter Kemmerer, economista estadounidense y profesor de la Universidad de Princeton. Como asesor jurídico se designó a Esteban Jaramillo.
En un Estado social de derecho, el presidente debe abstenerse de esas maniobras intimidatorias contra las otras ramas del Poder Público. Él no puede creer que la voluntad del Estado es su voluntad individual.
Los jueces se ven abrumados por una superestructura de noticias falsas y acusaciones cruzadas que les afecta su habilidad para establecer los verdaderos responsables.
Si cada uno de nosotros recibiera 161.000 pesos mensuales, la RBU costaría 98,6 billones de pesos anuales.
Al amparo de estos desaciertos se dictaron cientos de sentencias condenatorias.
Estamos asumiendo que el único camino hacia negociaciones serias consiste en elevar el costo de la guerra para el agresor.
Falta más debate sobre cómo sería una prueba idónea para seleccionar buenos(as) jueces(zas) y cómo esa prueba podría contribuir a la necesaria diversificación de la rama.
Es necesario que nuestra fracasada política criminal entienda que las nuevas generaciones deben ser incluidas como elemento esencial para la reducción de la criminalidad.
La obra de Gargarella ha dinamizado la discusión constitucional y teórico-política en Iberoamérica quizá como ninguna otra en décadas recientes.
No es posible limitar este derecho, salvo que la expresión artística contraríe los límites propuestos por la Corte Constitucional en sus decisiones.
Por qué en Colombia no ha nacido el gran relato del holocausto violento y la lucha por la justicia que vivimos.
No es un diario, ni un libro de poesía, ni de autoayuda, ni una diatriba, ni una tragicomedia y, al mismo tiempo, lo es.
Está muy equivocado el presidente Petro si cree que puede prevenir, o al menos controlar, el desastre en que se va a convertir el sistema de salud colombiano.
Mi manera de ser formalista está relacionada con reglas y principios jurídicos mínimos que inspiran el proceso de regulación y decisión.
La discusión actual sobre la libertad académica en EE UU puede ser útil para delimitar y precisar el contenido de este derecho en nuestro país y, sobre todo, para estar atentos a las formas y las estrategias en las que se interfiere en su ejercicio adecuado.
Mi invitación es a que dejemos de ver este concepto únicamente como una carga legal y empecemos a verlo como una oportunidad de negocio.
En este artículo comentaré solo tres de las causales generales de disolución de sociedades.
Con luces y sombras, es claro que el proyecto está encaminado a subsanar una finalidad urgente de descongestión y celeridad de la Rama Judicial.
Es imperativo aferrarse a la división de poderes, a los cauces institucionales propios del Estado constitucional y que las iniciativas legislativas se adelanten sin apartarse un ápice de lo que ordena la Constitución.
En mi tesis doctoral dediqué unas líneas para brindar algunas razones por las cuales concluía que la Fiscalía General de la Nación es el mayor ejemplo de antimeritocracia en Colombia.
Los gobiernos anteriores le abrieron la puerta a Nicaragua para que hoy tenga la oportunidad de arrebatarnos parte de nuestra plataforma continental.
Nuestro ordenamiento jurídico debe fomentar un ambiente que minimice los riesgos y facilite el crecimiento comercial en los nuevos esquemas económicos.
Esa traducción es en agradecimiento a Peter, quien, sin saberlo, me dio la mano y me acompañó en un momento definitivo.
Es relevante verificar el cumplimiento, por parte de las instituciones educativas, de lo previsto en la referida Ley 1620 del 2013.
El nuevo año sugiere una coyuntura en materia ambiental, por la preponderancia que en su agenda le ha dado el Gobierno de Gustavo Petro.
Usar ‘i. e.’ es una de las expresiones cotidianas del latín más incomprendidas que tenemos. El error más común es usarla para hacer un ejemplo, no para aclarar.
Es censurable e inconveniente exigir concepto de la Contraloría General de la República sobre si con la conciliación se afecta o no el patrimonio público.
Esta forma de violencia ha estado invisibilizada, pese a sus devastadoras consecuencias y a que contribuye a reforzar y a perpetuar prejuicios y estereotipos en relación con la gestación y la maternidad.
Instamos a la Sala Especial de Instrucción a apegarse a los procedimientos de recolección estadística y buenas prácticas de su homóloga, la Sala Especial de Primera Instancia.
La norma genera muchas inquietudes que surgen de una redacción que pretendió ser minuciosa y resultó muy desafortunada, por decir lo menos.
Se observa a un Gobierno ansioso y precipitado por obtener resultados prontos en su política de ‘paz total’, que, a la postre, pueden resultar contraproducentes.
Para alcaldes y gobernadores elegidos popularmente, cada candidato debe entregar, al inscribirse, su programa de filosofía de la ciudad, gestión y desarrollo social.
Quizás lo que nos salvará no es convertirnos en otras personas distintas a las que somos, sino recordar todo lo que hemos hecho y preservado para poder darle la vuelta al mundo, otra vez más, en 365 días.
Paradójicamente, el arte, que se consideraba la actividad más humana de todas, puede ser la primera en la que la inteligencia artificial desplace al ser humano.
El aspecto motivacional muestra que la violencia del extremismo de derecha tiene un hondo calado sicosocial y hasta puede tener una motivación política.
La nueva política pública del Gobierno en esta materia, como en todas, exige planeación, una ruta de acción progresiva y comunicación acertada.
¿Qué Estado es el ideal para resolver los tres renglones fundamentales de la sociedad: orden, derechos y economía?
El Mintrabajo está perdiendo su rumbo y, en su afán de sancionar, puede que esté enviando a sus inspectores a cometer delitos.
El problema no solo radica en si se admite o no a la inexistencia del acto jurídico civil, sino en la forma para su reconocimiento.
Los lineamientos dispuestos por el Mintrabajo afectan el libre ejercicio de la negociación colectiva, partiendo de supuestos errados, así como el derecho a la libertad de empresa.
La decisión judicial es un vehículo de civilidad, pero no a cualquier costo.
Ni el daño especial ni el riesgo excepcional pueden ser fuentes de responsabilidad estatal por actos de terrorismo de la guerrilla.
Si bien celebramos que nuevamente se discuta esta jurisdicción, preocupa que otra vez vamos a procrastinar dicha demanda ciudadana.