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12 de Mayo de 2024 /
Actualizado hace 14 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

Innovemos en la regulación digital

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Johan Mauricio Caldas García

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana

La economía digital ha cambiado sustancialmente la manera de adquirir bienes y servicios. Ahora el mercado nos ofrece mayor inmediatez, ofertas globalizadas, información abundante, celeridad transaccional y trazabilidad de la operación. No obstante, también supone nuevos riesgos y desafíos para las partes, como la elección de compra sin el contacto directo con el bien elegido o portales de pago inseguros y poco confiables.

Estos desafíos suponen nuevos retos para el Derecho, que debe regular y solucionar las nuevas problemáticas derivadas de las relaciones comerciales de bienes y servicios de la economía digital; situaciones que, además, resultan ser especialmente complejas por la integración de distintos sectores de la economía, los lenguajes de programación, la internacionalización transaccional, la jurisdicción y la competencia, entre otros. A esto se debe sumar que el diseño de una regulación efectiva debe encontrar el equilibrio perfecto entre ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas para fomentar el desarrollo tecnológico y asegurar la protección de los derechos del consumidor digital y los demás usuarios digitales.

No nos podemos permitir modelos regulatorios que desincentiven la consolidación de los mercados digitales, que son determinantes para el progreso social y el desarrollo económico en la era digital. Nuestro ordenamiento jurídico debe fomentar un ambiente que minimice los riesgos y facilite el crecimiento comercial en los nuevos esquemas económicos. Pero tampoco podemos aceptar marcos jurídicos deshumanizantes, que desprotejan a los consumidores digitales y que descuiden la garantía a derechos humanos como el habeas data, la intimidad, la libertad y la dignidad.

En este sentido, es evidente que uno de los mayores retos que tiene que afrontar la economía digital supera el alcance de los desarrollos tecnológicos y se ubica en la esfera del Derecho, que debe garantizar ambientes justos, dignos y favorables al desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Para lograr esto, es necesario abandonar los tradicionales modelos regulatorios legalistas, propios de nuestro sistema jurídico del civil law, bajo los cuales se estructuran preceptos normativos causalistas, los cuales establecen que, ante un supuesto “A”, la solución jurídica deberá ser “B”, con lo cual se busca lograr un perfecto control de todos los supuestos y efectos que se generen en los entornos digitales. Sin embargo, este modelo exige predecir la totalidad de situaciones que podrían darse para dar a cada una de ellas su respectivo efecto jurídico. Esto termina por ser inviable en los entornos digitales, que por su naturaleza resultan ser altamente flexibles, innovadores, impredecibles y cambiantes, ante lo cual el ordenamiento jurídico no tiene la posibilidad de regular a la velocidad que exigiría este modelo.

Esto obliga, entonces, a una profesión tradicionalmente conservadora y rígida como el Derecho a innovar y pensar en alternativas por fuera de la caja, que exige, a su vez, el desarrollo de nuevas competencias profesionales que permitan diseñar soluciones jurídicas efectivas para las exigencias actuales, para lo cual serán necesarios abogados multidisciplinares que aprendamos de transformación digital, analítica de datos, programación, inteligencia artificial, inversiones financieras digitales y blockchain, entre otros. Al tiempo, debemos propender, ahora más que nunca, por modelos jurídicos basados en principios, en preceptos generales y abstractos, que puedan perdurar en el tiempo y dar solución a realidades tecnológicas que aún no imaginamos, que permitan la flexibilización de nuestras estructuras normativas para favorecer el uso de principios como el de equivalencia funcional, para dar respuesta a los nuevos problemas.

Lo cierto es que los abogados debemos innovar para brindar soluciones jurídicas a las necesidades que exige la era digital o, de lo contrario, la tecnología innovará para encontrar la manera de prescindir de nosotros.

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