Plan Nacional del Subdesarrollo

Óscar Alarcón Núñez

No la ha tenido fácil el Congreso en estos primeros meses del año. Además de los esperados trámites de los proyectos de reforma a la salud, a las pensiones y al trabajo, las plenarias del Senado y de la Cámara se ocuparon de debatir el Plan Nacional de Desarrollo. Esos temas son prácticamente nuevos, porque hace cien años la planeación no ocupaba la atención de los gobiernos y de la clase política. Solo a partir de las dos administraciones de López Pumarejo comenzó a debatirse lo que era y para qué servía la planeación. En las reformas constitucionales de 1936 y 1945 –ambas de López– fue cuando se incluyó en nuestra Carta. En la primera se habló de “racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas” y, en la segunda, comenzó a hablarse de “planes y programas a que debe someterse el fomento de la economía nacional”.

En la reforma constitucional de 1968, presentada en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se creó una Comisión Especial Permanente, dentro del Congreso, encargada de dar primer debate a los proyectos que fijaran los planes y programas de desarrollo económico y social a los que debía someterse la economía nacional, vigilar su ejecución y también la evolución del gasto público.

Pensaron en grande los constituyentes de 1968, porque señalaron que la Comisión estaría formada por un senador y un representante de cada departamento y dos más de las llamadas intendencias y comisarias (que ya no existen), todos elegidos por el Senado y la Cámara en la proporción en la que estuvieren representados los partidos en ambas cámaras. Eso era soñar en grande. ¿Cuándo se iban a poner de acuerdo los congresistas para determinar esa proporción? Y así fue: jamás se pusieron de acuerdo y ese organismo, al que alcanzaron a llamar “Congresito”, nunca funcionó. Murió con la Constitución de 1886 y los constituyentes de 1991 le dieron entierro de pobre. Ni siquiera debatieron la posibilidad de modificarla. Si en 1968 había tres partidos, incluida la Anapo, imaginémonos con no sé cuántos partidos y otras tantas agrupaciones para determinar hoy la proporción en que estuvieran representados en el Congreso. Ni Roy Barreras, con todas sus volteretas, habría podido conseguir un acuerdo con esos propósitos. Fueron sabios los constituyentes de 1991 al rechazar ese organismo creado con tan buenos propósitos en 1968.

Hoy, los planes nacionales de desarrollo se tramitan en las plenarias del Senado y de la Cámara, y si no aprueban el proyecto en tres meses, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante un decreto con fuerza de ley. Así se tramitó el que acaba de aprobarse con algunas modificaciones

Otra cosa es que se ponga en ejecución, porque de pronto se convierte en un Plan Nacional del Subdesarrrollo.