El Mintrabajo está perdiendo su rumbo y, en su afán de sancionar, puede que esté enviando a sus inspectores a cometer delitos.

Ingresos obtenidos en desarrollo de la actividad generadora de renta, así como costos y/o gastos, deben ser declarados en el denuncio rentístico.

El Consejo Superior de la Judicatura abrió el proceso para proveer un cargo de magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por tratarse de una atención esencial y de carácter urgente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se debe garantizar en todo el territorio nacional.

El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción: Corte Constitucional.

Indistintamente de si se trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido o pertenecieran a este, o de cualquier otra entidad, sin importar su orden territorial.

Consejo de Estado se expresó sobre la reconstitución de la terna para poder elegir.

El artículo 91 de la Ley 2277 del 2022 establece una tasa de interés transitoria para obligaciones tributarias pendientes de pago.

Corte Constitucional se pronunció sobre tutelas en las que se buscaba la protección del derecho al trabajo de unos jugadores de fútbol.

Sobre este debate, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó sus preocupaciones.

La expresión declarada inexequible genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral.

Se trata de adecuar la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad.

Al tratarse de una autorización, su adopción y recaudo es decisión de las corporaciones administrativas territoriales.

El signo se perfecciona como marca en la medida en que esté unido a un producto o un servicio y que, además, el consumidor le atribuya un origen empresarial.

En aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición para aquellas personas que se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente.

La Corte Constitucional resolvió una demanda contra los artículos 337 y 337A de la Ley 599 de 2000, sobre el derecho de acceso progresivo a la tierra.

Se desconoció el deber de incorporar en su razonamiento probatorio un enfoque diferencial con perspectiva de género de conformidad con la Constitución.

Una de sus primeras actividades será la revisión y retroalimentación sobre el proyecto de ley para la modernización y humanización del sistema penitenciario.

Destrucción de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos es desproporcionada, pues avala la destrucción de la propiedad privada.

La CNDJ confirmó la sanción impuesta a un abogado que dispuso de sumas de dinero de su poderdante a su arbitrio para cobrar gastos en su gestión.

Hospital infringió el deber de custodia que tenía sobre la historia clínica del paciente, generando falencias en la atención médica.

Las normas de carácter especial permiten a las autoridades acceder a la historia clínica de todas las personas sin excepción.

El problema no solo radica en si se admite o no a la inexistencia del acto jurídico civil, sino en la forma para su reconocimiento.

Contestación de la demanda puede ser atacable en casación si la pieza procesal contiene confesión.

El contrato de prestación de servicios se celebró con la Defensoría del Pueblo, evento que impedía desempeñar el cargo de personero.

La CNDJ confirmó la sanción al encontrarla debidamente motivada y responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Deben acatar la metodología tarifaria desarrollada por las comisiones de regulación, donde el consumo es uno de los elementos.

El principio de democratización de la propiedad accionaria estatal no opera en la enajenación de acciones entre entidades estatales.

Existe un anteproyecto de ley con el que se modificaría el marco normativo e institucional en materia penal y de ejecución de las penas, con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos establecidas por la ONU.

Conoce de las controversias que se susciten entre usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras.

La calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas afiliadas al sistema de seguridad social, sin distinción alguna: Corte Constitucional.

Esta regla ha de observarse también cuando sea resultado del apartamiento obligacional de su contraparte, pues aun cuando tal proceder no deja de resultar censurable, no por ello los derechos mutan su condición de ser libremente disponibles por su titular.

Raquel Ceballos Molano, decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle, fue reconocida por la Revista 100 líderes del Valle del Cauca y del Pacífico, en la edición del 2022.

Los lineamientos dispuestos por el Mintrabajo afectan el libre ejercicio de la negociación colectiva, partiendo de supuestos errados, así como el derecho a la libertad de empresa.

La decisión judicial es un vehículo de civilidad, pero no a cualquier costo.

Ni el daño especial ni el riesgo excepcional pueden ser fuentes de responsabilidad estatal por actos de terrorismo de la guerrilla.

Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.

Alrededor de 250.000 ciudadanos de 50 regiones del país contribuyeron a la construcción de la carta de navegación del cuatrienio del actual Gobierno.

Si bien celebramos que nuevamente se discuta esta jurisdicción, preocupa que otra vez vamos a procrastinar dicha demanda ciudadana.

Deben ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados. De lo contrario, la venta estará sometida al IVA.

El plazo de gracia de 30 días es suficiente para entender que una persona se pondría al tanto de las condiciones en que se encuentran los bienes asegurados y en caso de no hacerlo asume las consecuencias adversas.

Es evidente que algunas normas incluidas en la Ley 2277 del 2022 sí podrían desestimular las inversiones y/o donaciones hacia esta industria.

Una parte del pueblo, a través de un referéndum unilateral, no puede alterar el sistema vertical de distribución de competencias establecido constitucionalmente.

El movimiento de independencia de Panamá de España se inició abiertamente en la Villa de los Santos, el 10 de noviembre de 1821.

La Corte Constitucional decretó el incumplimiento del fallo del 2013 frente a la restitución de la Plaza Santamaría como un lugar permanente para realizar espectáculos taurinos.

El diálogo sobre el cese al fuego bilateral se reactivará en el próximo ciclo de conversaciones.

Los símbolos en la factura del servicio no tienen restricción, pero para efectos de la suspensión no son suficientes por sí solos.

Validada la afiliación pensional y una vez produzca efectos el traslado entre entidades administradoras, surge para el nuevo ente administrador la obligación de reconocer las prestaciones económicas.

Lo sucedido con la estratificación socioeconómica ilustra cómo una política pública bien intencionada puede tener efectos contraproducentes.

Consejo de Estado explicó esta calidad para configuración de inhabilidad para el ejercicio de cargo públicos.

Los trabajadores no desempeñarían un trabajo ocasional, no reemplazarían personal en vacaciones o en licencia, tampoco atenderían incrementos de producción por períodos estacionales o por cosechas.

El Ministerio Público señaló que no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de servicios que prestan a la ciudadanía.

La sociedad civil debe defender la independencia de la justicia y exigir que cesen los ataques en contra de ella.

La jurisprudencia puede centrarse en alcanzar un nirvana dogmático u optar por una pretensión más humilde, pero más importante: servir a la gente.

No estuvieron en vacancia judicial los juzgados promiscuos de familia, penales, municipales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues son del régimen individual de vacaciones.

Se trata de un registro interno que contiene, entre otros temas, el seguimiento de la conducta o aspectos disciplinarios del alumno.

El cambio de gobierno a mediados del 2022 marcó el rumbo y las políticas públicas que fueron tendencia en el año que recién culmina. ÁMBITO JURÍDICO les recuerda las noticias más importantes.

La normativa incluye órdenes relacionadas con el uso de bloqueo de vehículos con cepos.

Quien se dedica al cuidado del hogar permite que su consocio se dedique a la generación de rendimientos, sin desmedro de la unidad familiar.

Es necesario un mínimo de argumentación que le permita al juez constitucional definir los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia: Consejo de Estado.

Jueces están en la obligación de realizar el control oficioso de convencionalidad cuando estén en presencia de la posible comisión de delitos de lesa humanidad: Consejo de Estado.

Se encontró que los accionados no vulneraron los derechos del accionante y que actuaron de conformidad con la normativa que regula el servicio social obligatorio.

Derechos fundamentales son vulnerados al no realizar exámenes médicos especializados ordenados por el profesional de la salud tratante: Corte Constitucional.

Quien es designado como funcionario ‘ad hoc’ para una función específica no debería estar incurso en inhabilidades; de lo contrario, su nombramiento podría estar afectado de nulidad.

Son actos unilaterales cuya función es tender un puente hacia la celebración del contrato, pero que de su emisión y comunicación no surge la celebración del contrato sino con el advenimiento de su aceptación.

Más de 30 años hablando sobre lo que pudo ser y aún no ha sido convierten al Estatuto del Trabajo en un ser mitológico.

El Gobierno busca facilitar la detención domiciliaria y la libertad de personas condenadas.

La legislación educativa colombiana prevé la gratuidad de la educación entre los grados transición y undécimo.

Las entidades responsables omitieron remitirla a alguna institución con la capacidad para garantizar la realización de los procedimientos ordenados.

El presidente Gustavo Petro anunció que será creado el Viceministerio de la Juventud.

Corte Suprema resalta la importancia de la aplicación del precedente jurisprudencial como garantía del debido proceso.

Acto administrativo que niega la renovación de la licencia de funcionamiento de una empresa de vigilancia y seguridad privada debe estar motivado: Consejo de Estado.

El Concepto 9295/15, que precisó que las cervezas sin alcohol de procedencia extranjera introducidas al territorio aduanero nacional se encuentran gravadas con el impuesto nacional al consumo, fue declarado nulo.

La Corte Constitucional concluyó que en este caso se configuró un defecto fáctico.

El Consejo de Estado explicó sobre la renuncia a cargo directivo del partido o movimiento político con doce meses de antelación a las inscripciones a un cargo de elección popular.

Los demandantes no ofrecen argumentos contundentes ni cuentan con el respaldo normativo para derivar un vicio de ilegalidad en el acto por cuenta de un deber de correspondencia con la ideología socialdemócrata adoptada en los estatutos del partido.

La reglamentación permite entrar en cese de hostilidades con cinco estructuras armadas.

Corte Constitucional rechaza tutela a persona que alega el pago del saldo insoluto del crédito hipotecario a una compañía de seguros.

Le correspondió a la Corte resolver una acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de nulidad electoral.

Corte Suprema se pronunció sobre la relación entre los establecimientos penitenciarios y carcelarios y la población interna LGBTIQ+.

El ICA grava la actividad comercial, mas no la actividad de comercio, y se requiere que el contribuyente asuma con carácter empresarial su participación en el mercado.

Se acreditó la vulneración del procedimiento eleccionario por desconocimiento de la regla de mayoría simple.

Así mismo, el alto tribunal precisó la competencia para resolver una doble conformidad y la apreciación del testimonio.

También se analiza la solidaridad para responder por el fuero de estabilidad laboral reforzada por embarazo.

El formato E-6CT registrado por la coalición del Pacto Histórico, aun cuando constituye un documento de naturaleza electoral, no corresponde a aquellos que son emitidos durante las etapas electoral y poselectoral de una elección por voto popular.

La Ley 80 de 1993 dispone que para que proceda el restablecimiento de la ecuación contractual se requiere que el valor intrínseco de la remuneración se vea afectado por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista.

Con ello también se extingue la responsabilidad sobre deudas tributarias ajenas, por ser deudas tributarias garantizadas

Toda solicitud de marca debe someterse al análisis de registrabilidad.

Adicionalmente, el accionado deberá asumir el costo de las terapias o los procesos de rehabilitación necesarios para que el accionante recupere la función que perdió luego del accidente laboral.

El cambio se dará a partir del 11 de enero de 2023.

Es un buen momento para acrecentar la solidaridad, revisar la función de la pena, integrando las aspiraciones y fines de esa sociedad urbana y rural constituida por personas diversas.

Deberán implementar las medidas necesarias para ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal que correspondan.

Esta decisión surge a partir de la finalización del periodo de la actual directora de la UBPD.

La CNDJ resaltó que la ausencia de antecedentes se encuentra prevista pero como condicional.

Puede encontrar justificación tanto en la necesidad de recaudo, análisis y valoración de material probatorio como en la complejidad del asunto o la existencia de otras circunstancias imprevisibles o ineludibles.

La SIC tiene la obligación de hacer un análisis de patentabilidad independiente, acorde con la normativa vigente y relacionado con los aspectos y pruebas que obran en cada trámite particular.

Sería una intromisión en la competencia de la administración que quebranta la presunción de buena fe de sus actuaciones

La ausencia de una ordenanza en la que se autorizara al gobernador a celebrar la transacción no comportaba la nulidad del contrato.

El abogado no puede revelar actividad sospechosa de crímenes financieros pasados de sus clientes, ni de las armas financieras utilizadas para la comisión de tales delitos.

El plebiscito del 4 de septiembre no solo significó un rechazo explicativo y significativo hacia la propuesta surgida en la Convención Constitucional, sino que intensificó la idea que no de cualquier manera se puede hacer una Constitución.

Corte Suprema explica si cancelar las anotaciones sobre un inmueble afecta el proceso de inscripción de títulos en el registro inmobiliario.

El constituyente de 1991 no tenía ninguna necesidad de emplear el término “estatuto del trabajo” para referirse a la legislación del trabajo y cuando lo hizo pecó de esnobista, al trasplantar inorgánicamente una expresión contenida en la Constitución española de 1978.

Los reparos de las demandantes no desvirtúan el buen crédito de la accionada para ser elegida en tal dignidad.

Le corresponde a la Registraduría motivar los actos administrativos que profiere en el marco del trámite de registro extemporáneo de nacimiento en el registro civil: Corte Constitucional.

La empresa deberá asegurarle a la accionante el acceso a unas condiciones sanitarias mínimas para la recolección, tratamiento y disposición o reutilización de los residuos humanos en espacios higiénicos, seguros y privados.

Consejo de Estado explicó los criterios bajo los cuales se adquiere la condición de sujetos de especial protección constitucional.

Al haberse omitido la licitación había lugar a declarar la nulidad del contrato: Consejo de Estado.

Urge una regulación del ‘sharenting’ de cara a los derechos de los menores de edad, que incluya una labor pedagógica que promueva el uso responsable, adecuado y seguro de las TIC.

Remiten a la Corte Constitucional conflicto negativo de competencias para resolver quién conoce de las faltas de los auxiliares de justicia.

Solo podrá otorgarse el rembolso mediante bonos de servicios si el usuario acepta esta alternativa de manera voluntaria.

Las empresas que sufren crisis financiera pueden ser preservadas acudiendo al trámite concursal, pero siempre que se trate de viabilizar su estabilidad: Corte Suprema.

Corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

Corte se pronuncia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro del estado de salud .

La Corte Suprema se pronunció sobre la exigencia del examen de Estado para poder ejercer la profesión.

Cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los términos para realizar determinada actuación también es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante.

No con la notificación del auto admisorio de la demanda, así se evita que la entidad contratante pueda abusar de su derecho y liquidar unilateralmente el contrato durante el lapso comprendido entre el momento de presentación de la demanda y la fecha de notificación del auto admisorio.

El artículo 1° de la Resolución Externa 3 del 2012, del Banco de la República, cumplió con los criterios de la Sentencia C-955 del 2000.

Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a la vivienda digna de las personas en condición de discapacidad en su componente de accesibilidad.

Si el pago no es salario porque no retribuye el servicio no integrará el IBC, por ende, tampoco está sujeto al límite del 40 % previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 deL 2010.

En principio, el inspector debe tener en cuenta que un trabajador no sindicalizado no está en la misma situación de uno que sí lo está.

Consejo de Estado explicó sobre obligaciones, las variaciones sociales y ambientales que rodean una actividad económica sometida a licenciamiento ambiental.

La educación no se reduce a que los estudiantes reciban contenidos académicos, porque hay elementos como lo son la socialización, el juego y la interacción.

Los sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos de la carrera judicial en provisionalidad son titulares de estabilidad laboral relativa, no reforzada: Corte Constitucional.

Las exenciones en el impuesto sobre la renta no son trasladables al impuesto complementario de ganancias ocasionales.

La Corte explica la importancia de la identificación del presunto autor o partícipe del delito.

La matrícula debe ser en el servicio particular, pues de lo contrario debe habilitarse ante la autoridad competente.

Corte Constitucional precisó que se debe acreditar una imposibilidad real de pagar por parte del deudor, pero una voluntad para hacerlo.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993.

Improcedencia de la acción para ordenarle a la Fiscalía General de la Nación abstenerse de prestar apoyo a las autoridades indígenas.

En el caso bajo estudio se ordenó a la Contraloría que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales.

De lo contrario, se tomará el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo si fuere menor.

De acuerdo con el actor, las normas cuestionadas contemplan vicios de procedimiento en su formación y desconocen el estándar constitucional y jurisprudencial de protección de los derechos de las víctimas.

Para la Procuradora General, la definición de compañero permanente que contiene la norma desconoce el principio de igualdad.

Consejo de Estado aclaró que la legítima defensa como causal exonerativa de responsabilidad no puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

Renunciar al cargo de diputado para concretar la aspiración a la Cámara de Representantes no implicó el desconocimiento automático del artículo 40 de la Constitución.

Consejo de Estado explica la procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.

Quien alega debe acreditar supuestos de un yerro que era conocido o debió ser conocido por un consumidor medio.

La preclusión guarda lógica cuando la parte llamada a actuar dentro del término está en condiciones para hacerlo.

De acuerdo con los accionantes, la libertad testamentaria que requieren las personas con discapacidad, como sordos, debe a su vez impregnarse de la presunción de buena fe.

Al momento del registro, se debe indicar el municipio o distrito donde se presta el servicio y los datos de identificación.

Corte Constitucional precisa el alcance de los derechos a la libertad de expresión y libertad de escoger profesión u oficio y sus limitaciones en miembros de las fuerzas militares.

La EPS del régimen contributivo o subsidiado a la cual esté afiliado el interesado deberá emitir la respectiva certificación.

Consejo de Estado explicó sobre el pago al partícipe de su parte en un contrato de colaboración empresarial.

Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.

Prestación del servicio procede en cualquier tipología vehicular debidamente homologada, registrada y vinculada.

Las personas interesadas podrán enviar sus hojas de vida personales y/o institucionales a partir del próximo 11 de enero de 2023 y hasta el 24 de enero (10 días hábiles).

La exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson. También puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria, incluso la muerte.

De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.

El valor ajeno se debe totalizar por separado y si no se efectúa el pago el prestador no puede suspender o cortar el servicio.

De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.

Se analiza el proceso de selección para efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales.

La persona de este caso estaba calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 64,85 %

Cuando ya se ha liquidado la sociedad no será posible promover acción alguna en nombre de la entidad extinta para obtener su anulación: Consejo de Estado.

La decisión de la oposición de retirarse de la sesión de instalación hace parte de la libertad en la que está de ejercer o no su derecho a la réplica y no supone una alteración al orden del día.

El objeto es evitar que la desactualización de la moneda sea una carga irrazonable contra el trabajador demandante.

Derechos a la seguridad social y al debido proceso son vulnerados cuando una entidad se abstiene de estudiar un documento distinto al dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Aplica si en ese momento del proceso no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos irregulares.

Corte Constitucional ordenó investigar a una entidad bancaria por no notificar a central de riesgo la suplantación de ciudadano reportado como moroso.

Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.

La columnista de ÁMBITO JURÍDICO analiza un fallo de la Corte Suprema que declaró inimputable a una mujer que mató a sus tres hijos.

Los cursos judiciales, bajo las claves de los procesos penales, no pueden suplantar los procesos de toma e implementación de decisiones dirigidas a la superación del conflicto armado y a la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación.

La condecoración busca exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.

Se evidenciaron múltiples reprogramaciones y esperas de hasta más de un año para obtener bienes o devoluciones de dinero.

El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.

La nueva cartera busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales, estará liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.

La falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial constituye un aspecto sustancial necesario para dictar sentencia de mérito.

Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.

No podemos dejar en un segundo plano a los desempleados e informales, debiendo ser estos últimos la prioridad en estos momentos, máxime cuando hoy son la mayoría en nuestra tasa nacional de ocupación.

Los maltratos, vejámenes, tratos ofensivos, ultrajes a la dignidad, violaciones a la integridad personal, agresiones y discriminación siguen presentes en ambientes laborales.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un profesional que cobró una suma derivada de una indemnización y no lo informó a sus poderdantes.

Cada interesado deberá determinar si la factura corresponde a una operación a crédito, con plazo para el pago o de contado.

El cobro se hace con base en el promedio de residuos recogidos y dispuestos a nivel general (multiusuario).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trasladó a una de sus entidades adscritas una competencia que la propia norma legal le había encomendado.

Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La Ley 2101 del 2021, que redujo la jornada laboral semanal, brindó dos opciones al empleador para su implementación.

Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.

No se pueden incrementar las sanciones impuestas en una providencia sin el previo agotamiento del debido proceso sancionatorio: Corte Suprema.

La impresión de una conversación de Whatsapp debe valorarse como prueba documental y no indiciaria.

Revocaron la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones por error en el término de traslado para contestar la demanda.

El empleador está facultado para implementar las herramientas que estime convenientes para ejercer controles de cumplimiento.

La Sentencia SU-075 del 2018 modificó las reglas de la Sentencia SU-070 del 2013 y garantiza el derecho a la defensa del empleador.

Hay gestores de paz que pertenecen a las comunidades, personas comprometidas con la superación del conflicto armado, la búsqueda de la reconciliación, ejecutores y constructores de la política de paz.

La oposición al Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría han presentado reparos al Decreto 2422.

Explican si es posible aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al trámite de segunda instancia de las acciones populares.

Corte Suprema precisa la contradicción los dictámenes periciales del trámite de imposición de servidumbre de energía eléctrica.

La adquisición de derechos económicos habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o el inicio de su ejecución.

Si el pago no es salario porque no retribuye el servicio no integrará el IBC de aportes a la seguridad social integral, por lo tanto, no está sometido a límite legal alguno.

La institución educativa no podrá impedir a sus estudiantes que adelanten manifestaciones pacíficas que pretendan cuestionar sus políticas.

Se crea una comisión intersectorial integrada, entre otros, por los ministros del Interior, Defensa y Justicia.

La Corte Constitucional concluyó que un hospital puso en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una paciente al no prestar en forma oportuna el servicio de hemodiálisis.

Garantía de imparcialidad no resulta afectada por el simple hecho de que en un mismo funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento: Corte Constitucional.

Su finalidad es notificar a los usuarios de las vías acerca de prohibiciones, restricciones y autorizaciones.

Corte Constitucional explicó cómo algunas medidas que producen trato diferenciado no son violatorias de la Constitución.

El decreto fue expedido luego de que el Presidente no llegara a la posesión dos magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema de Justicia.

Al igual que la historia clínica general, existe obligación de custodia y reserva de la historia clínica ocupacional.

Las entidades deben asignar recursos para afrontar la eventual materialización de estos riesgos.

Según la entidad, los contribuyentes reducen sus compras antes y después del impulso asociado al festivo.

Así mismo, se requirió información a las aseguradoras en materia de inclusión financiera y productos accesibles.