El Consejo de Estado reiteró la responsabilidad Estado por privación injusta de la libertad cuando precluye la investigación por atipicidad de la conducta.
Si no se exige el pago de las sanciones durante el término de tres años, la acción prescribe y se extingue el derecho de cobro.
Consejo de Estado precisó el debido proceso en un recurso presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no ha sido resuelto.
En orden a determinar si sus providencias se comunicaron de manera legal, ajustadas a la forma ordenada o al régimen que se escoja para esa finalidad.
El contador público fijará sus honorarios según capacidad científica y/o técnica y circunstancias de cada caso a cumplir.
La entidad optó por no reconsiderar el traslado del servidor, a pesar de que el accionante manifestó que afectaría sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar.
Cobro de servicios de saneamiento básico, alcantarillado y aseo se realiza de manera conjunta con aquellos que pueden ser suspendidos.
Se planea vincular en plantas temporales a quienes trabajan por prestación de servicios con criterio meritocrático y vocación de permanencia.
Se trata del régimen de apoyos que garantiza los derechos al derecho al debido proceso y a la igualdad de las personas con discapacidad en el marco de procesos judiciales.
El daño derivado de un acto terrorista es causado por el hecho de un tercero, por lo que en principio no es imputable al Estado. Sin embargo, el Estado debe responder si se demuestra su omisión frente a hechos que eran previsibles y resistibles.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
La Corte Constitucional explicó que el legislador invadió las competencias del Gobierno para hacer una adaptación dinámica y flexible de estos porcentajes.
Se suspendió provisionalmente del cargo a la jueza con función de control de garantías Heidy Vivian Polanía Franco, por tres meses, sin derecho a remuneración.
Corte Suprema precisó el proceso expropiación, sus elementos y a quiénes se dirige.
Corte Suprema precisó sobre el proceso expropiación sus elementos y a quiénes se dirige.
Con la primera se deben remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que con la segunda da lugar a la terminación del proceso.
La liquidación de las vacaciones se realiza teniendo en cuenta el salario devengado al momento de iniciar el disfrute.
El ponente explicó la importancia de la discusión sobre la protección de los derechos a la información, libertad de expresión e intimidad, por las particularidades de las TIC.
Será en el proceso contravencional donde el presunto contraventor tendrá la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa.
Los principios de solidaridad e interés superior del menor obligan a brindar atención médica prenatal sin imponer barreras.
La Ley de Seguridad Ciudadana modificó el Código Nacional de Tránsito y estableció una alternativa para vincular agentes de tránsito.
Consejo de Estado precisa si se configuró responsabilidad del Estado por indebida identificación del sujeto activo de la conducta punible.
La Corte Constitucional se pronunció sobre el desconocimiento del pueblo raizal en la consulta previa para la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina.
Para que se configure la repetición de la falla es necesario que la segunda guarde relación con la primera.
La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.
En el primer caso se vulneran las normas de tránsito, mientras en el segundo, el debido proceso del presunto contraventor.
La conducta prohibida es la designación o la nominación, acción que no pudo ejecutarse antes de asumir el cargo.
Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.
Se encontró que la manera en la que se está prestando el servicio de transporte escolar vulnera el derecho a la educación en el componente de accesibilidad y es una amenaza a los derechos a la vida, integridad física de los menores de edad.
La carta de porte y el conocimiento de embarque tienen como negocio fundamental el contrato de transporte.
Entes territoriales se encuentran habilitados a establecer la tarifa de las tasas y contribuciones para recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen.
Cuando en un proceso de reparación directa se alega la propiedad de un bien inmueble respecto del cual se reclamen perjuicios la parte actora debe acreditar esa condición.
Funciones del empleo de almacenista no implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa.
Ello implica que por fuera de las enlistadas expresamente por el legislador en cada caso no puede agregarse ninguna otra, ni siquiera por avenimiento de las partes.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.
Consejo de Estado se pronunció frente a la petición de un apoderado de una entidad territorial que no le canceló los honorarios originados en un contrato de mandato.
Verificación de la información aportada por el proponente es potestativa, pues se exige que los interesados actúen de buena fe.
La captura de Ardila atendió lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley 600 de 2000 y se le respetaron sus garantías y derechos fundamentales.
El aparte acusado compromete el derecho fundamental al debido proceso porque nadie puede ser sancionado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa.
Se pueden definir áreas optativas que se consideren pertinentes para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional.
La necesidad de interpretar la demanda supone que esta no sea clara, sino ambigua o ambivalente: Corte Suprema.
Supeditar la prescripción de las acciones orientadas a disolver y liquidar la sociedad patrimonial a la declaración judicial previa de esa unión podría afectar la seguridad jurídica y derechos de terceros.
Cuando está acreditado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no fue ni ilegal, ni arbitraria y ni desproporcionada.
En razón a que son personas destinatarias de especial protección por razón de su identidad de género y de la privación de su libertad.
Esta clase de información pasa a ser de interés público con base en el principio de publicidad de la función administrativa y el deber de información del que son titulares las entidades públicas.
Derecho a la salud no puede ser entendido únicamente en el sentido de contar con unas condiciones básicas para garantizar la mera existencia de la persona.
El vínculo matrimonial no puede imponer sobre la mujer deberes conyugales que sometan su voluntad: Corte Suprema.
Sin la autorización expresa, previa e informada de los titulares usuarios del aplicativo no se debería recolectar y tratar esa información.
El prestador beneficiario, a cambio de una remuneración, la transporta y/o distribuye y comercializa entre sus usuarios.
Si no se cumple con este requisito, la entidad deberá continuar con la segunda en orden de elegibilidad y así sucesivamente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que precisar el monto de la condena impuesta al Estado y a Corficolombiana.
Corte Suprema explica que debe acreditarse la identidad de persona, causa y objeto o identidad fáctica para aplicación del ‘non bis in ídem’.
La Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 2088 del 2021, a través de la cual se habilita el trabajo en casa en situaciones ocasionales, especiales o excepcionales.
Así lo determinó el Consejo de Estado al negar las pretensiones de la demanda que buscaba la declaración de responsabilidad estatal por el atentando en el Club El Nogal en 2003.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la financiera POR anular CDT de manera unilateral y al Estado por impedir su ejecución a través del proceso ejecutivo.
La Corte Constitucional se pronunció sobre norma que limita el nombramiento y ascenso a cargos públicos y la inscripción en concursos por mora en el pago de multas.
Régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 del Decreto 806 es aplicable a las notificaciones personales relacionadas con el fallo de tutela de primera instancia.
La regularidad de la posesión se examina de acuerdo con las condiciones particulares presentes al momento en que inició, ignorando los eventos subsiguientes porque carecen de potencialidad para convertir en irregular una posesión que objetivamente arrancó siendo regular.
Tiene la facultad de corregir la actuación administrativa solo hasta antes de proferirse el acto definitivo, es decir, la liquidación oficial de corrección.
La prescripción de la acción responsabilidad fiscal debe contabilizarse a partir de la fecha del auto de apertura del proceso hasta la ejecutoria del acto administrativo que la declara.
El beneficio aplica siempre y cuando los bienes sean exportados dentro de los seis meses siguientes al certificado al proveedor.
Si bien el traslado constituye un acto discrecional de la Administración, debe responder a las necesidades del servicio que demanda el cumplimiento de la misión encomendada.
Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la norma de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.
Corte Constitucional rechaza la vulneración de un fondo de pensiones al negar el reconocimiento de la pensión por un hijo en situación de discapacidad.
La necesidad de que haya unidad de pliego tiene como propósito facilitar el proceso de negociación colectiva.
Se cuestionaron las actuaciones de los jueces de instancia al haber establecido requisitos biosanitarios más estrictos para las visitas presenciales a las personas privadas de la libertad.
La iniciativa pide aumentarlo de 15 a 20 días hábiles al año.
El convocante del llamamiento en garantía tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar las actuaciones que estén a su disposición para lograr la notificación por parte del juez.
El objetivo es que pueda efectuar el pago, así como controvertir aspectos como el monto, cuota o fecha de exigibilidad.
Con este mecanismo no se podrán modificar asuntos como el objeto del contrato, el mecanismo de selección o el presupuesto.
No se debe sobrepasar el límite salarial establecido por el Gobierno Nacional o superar el salario del gobernador o alcalde.
Pronunciamientos sobre la restricción injustificada del derecho a la intimidad y a la libre circulación al exigir carné de vacunación.
La Corte Constitucional ordenó expedir protocolo para tramitar visitas íntimas de privados de la libertad sin distinción de orientación sexual o identidad de género diversas.
Con la creación de un decreto reglamentario se pretende promover la formación de ciudadanos críticos, creativos, éticos y sensibles, mediante el saber artístico y cultural.
Consejo de Estado resolvió sobre si se debe declarar nula una ordenanza por considerar que la asamblea no tenía competencia para fijar emolumentos de índole salarial.
No se evidencia la existencia de una carencia actual de objeto por daño consumado, pues se mantiene la vulneración de los derechos fundamentales a la participación democrática, al voto y a la igualdad de las personas y comunidades indígenas.
Por regla general, estará gravada con la tarifa general, es decir, 19 %, de conformidad con el Estatuto Tributario.
La finalidad del requisito de afiliación es que haya cobertura y se eviten riesgos en la ejecución del contrato.
El proceso educativo del alumno con discapacidad debe garantizar el principio de progresividad, es decir, se debe velar por el avance del estudiante dentro de sus posibilidades particulares y el contexto social de su familia.
Precisan el principio de autonomía de los entes territoriales en relación con la regulación de los usos del suelo y la ordenación del territorio.
Consejo de Estado revocó decisión que negó las pretensiones, porque se demostró que el daño fue determinado por omisiones en la atención médica.
Conozca la agenda del Ejecutivo en el Congreso para lo que queda del año.
Se cuentan a partir de la celebración del contrato de prestación de servicios o adquisición del producto.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción al disciplinado de dos meses de salarios devengados para la época de los hechos.
El asocio de abogados y contadores caracteriza a esta compañía, cuyo propósito es el de construir una firma diferente, encaminada a la internacionalización.
Si bien la norma otorga la facultad de elegir cómo efectuar el rembolso, ello no suprime el derecho de elección del consumidor.
Simple manifestación o señalamiento del correo electrónico no permite suponer el cumplimiento de este requisito.
A partir del 2023, la entidad otorgará créditos educativos cuya tasa de interés será del IPC+ 0 %.
Cuando no se tramita el recurso de apelación en los dos casos se vulneran los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
De lo contrario se estaría aplicando de manera estricta y restringida, sin más miramientos, el artículo 66A del Estatuto Procesal del Trabajo.
Tiene cabida la mutabilidad de la medida cautelar a petición del demandado que garantice el mismo valor o naturaleza del bien objeto de la futura repartición.
Se analizará la libertad de expresión, de género y la curación de contenidos en redes sociales, así como el derecho al trabajo en las mismas.
En cuanto a los prestadores no es posible hablar de solidaridad, ya que la relación que existe es de vigilante y vigilados.
Es justamente el pago del impuesto el que da lugar a la solicitud de devolución y solo se materializa una vez causado.
El demandante solicita que se declare la exequibilidad condicional de la norma.
Dicha información fue entregada por el ente de control en medio del cuarto informe sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz.
En la liquidación oficial de revisión la DIAN tiene vedado determinar el impuesto sobre la renta utilizando simultáneamente el sistema ordinario y de comparación patrimonial.
La garantía mínima de calidad e idoneidad también se refiere al cumplimiento de los términos y condiciones pactados.
La norma garantizará la protección de los líderes ambientales y el acceso a información de este sector como un derecho fundamental.
Dicha norma permitirá al Gobierno comenzar los diálogos de paz con diferentes estructuras criminales.
La convalidación alude a que se debe examinar la conducta del interesado en el momento a la ocurrencia de la irregularidad, para verificar si la ratificó expresamente o guardó silencio frente a ella.
Deber de reparar el bien y dejarlo en perfectas condiciones de uso es un derecho del consumidor y del productor.
El ente no solo pierde la capacidad para ser parte, sino también la capacidad procesal, pues no puede ser representado.
Con este anuncio, el Gobierno reafirmó la radicación a la reforma a la salud para inicios del 2023.
Ejército debe atender oportunamente las solicitudes para resolver la situación militar.
Sería desproporcionado exigirle a un profesional del Derecho que cumpla sus deberes profesionales ante la pérdida de un hijo cuando en materia laboral se garantiza al trabajador un permiso remunerado.
El INPEC deberá garantizar los medios tecnológicos y técnicos necesarios para la asistencia y participación efectiva de las personas privadas de la libertad en toda la jornada de la sesión técnica que se realizará de manera virtual.
En una escala de 1 a 100, la Corte Constitucional obtuvo 70 puntos.
Dicho plazo se amplió debido a algunas fallas que estaba presentando la plataforma
Para los demandantes existe una omisión legislativa relativa por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.
Se protege ‘habeas data’ de persona que luego de 16 años tiene una anotación en la página de la Rama Judicial, lo que da a entender que el proceso penal está vigente y no ha culminado.
El cambio del medidor se podrá efectuar cuando se determine que está por fuera del rango de error admisible.
Por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran y debido al goce precario de los derechos sociales de los que son titulares.
La declaratoria tendrá una vigencia de 12 meses.
Se rompe con el fin propio de la actividad de consumo y la parte activa adquiere la calidad de proveedor o distribuidor.
Siempre y cuando reúna seis requisitos específicos del CGP.
Se refiere a la suficiencia del proponente para asumir nuevas obligaciones en relación con otras adquiridas de manera simultánea.
Los concursos de méritos deben ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional.
La responsabilidad de la organización empresarial no es un rubro que deba asumir el consumidor.
Las notificaciones no se hacen de acuerdo con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPLSS).
Se expedirá con cargo al rubro dispuesto en el presupuesto de gastos para sentencias y conciliaciones, laudos, etc.
La asamblea deberá determinar cuáles decisiones representan un desembolso, para aplicar el coeficiente y voto porcentual.
La Sala coincide con lo manifestado por la Procuradora y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto que el razonamiento no fue suficiente.
Los artículos 10 y 11, sobre el servicio social para la paz, se mantienen.
El principio de especificidad se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen.
Entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre las entidades deberán hacer pruebas obligatorias.
El derecho a gozar plenamente de una pensión surge desde el momento en que la persona se retira y deja de devengar su salario.
Es inviable disponer la terminación del juicio por desistimiento tácito, e incluso reanudarlo sin contar con certificación que dé cuenta del fracaso del trámite de negociación de deudas.
La normativa no define expresamente la forma ni el término legal en que debe desarrollarse la investigación.
Entre las iniciativas se encuentran las reformas tributaria, política y a la Ley de Orden Público. Descargue los últimos textos.
Permitir un cuestionamiento de legalidad del acto presentado como título o base de recaudo en cuanto al derecho en él contenido desconoce la naturaleza del proceso ejecutivo.
Una de las razones que puede motivar a un consumidor a adquirir un servicio va atada directamente a la ubicación de la sede.
En el caso bajo estudio, el escrito no cumplió con la mínima carga procesal de sustentar lo pretendido.
No está dentro de sus facultades tomar ese tipo de determinaciones sobre las vacantes a proveer cuando hay lista de elegibles.
Siempre se deben dejar reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos para poderlos reclamar en un escenario judicial.
Se entregaron casas incompletas e incapaces de proteger a los habitantes ante un nuevo huracán.
La revocatoria directa solo produce efectos ‘ex nunc’, según el Consejo de Estado.
La propuesta, con la que se derogaría la Resolución 924/20, estará disponible para comentarios hasta el 11 de noviembre.
Normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas.
Directrices, pautas, medidas o sanciones previstas en el manual de convivencia deben responder al derecho de defensa.
Según el mandatario, durante este primer mes de reapertura solo han pasado 2,5 millones de dólares en productos por el puente Simón Bolívar.
La Procuraduría activó los comités regionales, distritales y provinciales de control electoral, para que desde la fecha estén atentos a todo el proceso electoral.
El daño acaecido obedece a la vulneración de la dignidad y la violación a la intimidad.
Las normas de reenvío que sean de naturaleza administrativa deben ser expedidas por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental con competencias regulatorias.
El objeto es identificar obras financiadas con recursos públicos que requieran acciones para su destinación definitiva.
Para el momento en que el accionante estuvo vinculado a la comunidad como religioso no se había determinado la obligación de afiliar como trabajadores independientes a los miembros pertenecientes a iglesias o comunidades religiosas.
No desconocen el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.
Al verificar la aptitud de los cargos presentados en las dos demandas acumuladas, la Sala Plena encontró que tenían ineptitud sustantiva.
Sin dejar de lado la Ley 2043 del 2020, que reconoce las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada.
La expresión acusada genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria.
El proyecto radicado por los senadores Humberto De La Calle, Fabián Díaz, Iván Name y Angélica Lozano busca eliminar gradualmente esta obligación.
La regla fijada garantiza el derecho de acceder a cargos públicos, el principio de eficacia del voto y el principio ‘pro homine’, sin renunciar al deber de realizar los objetivos que se adscriben al régimen de inhabilidades.
Si a la fecha prevista para un pago el municipio no cuenta con recursos, puede acudir a los créditos y honrar sus obligaciones.
Empleados de carrera tienen derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal.
Siempre y cuando a pesar de no contar con elementos que dieran absoluta certeza de la producción de un daño ambiental sí existan criterios mínimos requeridos para ordenar tal medida.
Aún no se ha regulado la aplicación de dicha prueba de conocimientos, ni se han programado fechas.
La normativa estará disponible para comentarios hasta el 07 de noviembre
Cuando la información que se encuentran en documentos genera un daño al derecho a la intimidad de una persona está exceptuada de publicarse.
Si bien la regla general es la inembargabilidad, tiene excepciones cuando se trata de sentencias judiciales con miras a garantizar la seguridad jurídica.
Para efectos de la autorización del titular, se pueden utilizar señales o avisos distintivos en las zonas de vigilancia.
A la oficina de control interno disciplinario le falta competencia para ejercer la potestad sancionatoria en accidentes de tránsito.
En tanto su rol por sí mismo y de manera individualizada no es susceptible de caracterizarse como una obra.
También debe dar contestación a las peticiones que eleven los sujetos procesales o intervinientes en las actuaciones judiciales.
Esta compañía se ha convertido en un referente de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en el país.
El empleador debe ejercer tres tipos de controles diferentes para prevenir accidentes o enfermedades laborales, esto es en el medio, en la fuente y en la persona.
Estos servidores administran justicia por mandato legal.
Fue aprobada en primer debate la iniciativa que busca la paridad en cargos de dirección de todas las ramas del poder público.
Nuevamente se tramita en el Legislativo un proyecto con estas características.
En la enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o de interés social no cabe la rescisión del contrato por lesión enorme.
Este beneficio se otorgará por única vez y no se aplicará a quienes hayan incurrido en delitos graves.
Se deben analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las 50 semanas.
Según explicó el Ministro de Hacienda, los integrantes de la nueva junta cuentan con todas las capacidades para ocupar el cargo
Continúa investigándolo por los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado.
Las facultades del juez encuentran un límite fundado en el respeto del debido proceso y el derecho de defensa.
Esto luego de que el Consejo de Estado asegurará que el aporte a solidaridad de los pensionados de los regímenes especial y de excepción debe corresponder al 1,5 % del monto de cotización.
Funcionarios de la Contraloría están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos en general.
Constituye un acto discriminatorio sobre el origen familiar y la orientación sexual.
El bien ingresó a garantía el 4 de junio del 2021 y se entregó reparado hasta el 30 de diciembre.
Dichas medidas tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, en virtud de la Ley 610 del 2000.
Consejo de Estado vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Colpensiones, debido a que desconoció la jurisprudencia vinculante sobre topes pensionales.
La condición de cónyuge no puede menguar la libertad sexual que se protege con la misma intensidad si se trata de una mujer casada o en pareja, como sucede con cualquier otra mujer.
Cuando la persona ya no se encuentra vinculada al proceso penal puede acceder a la anonimización.
Titular puede presentar reclamos ante el operador de la información con el fin de que esta sea actualizada o corregida.
La producción en tres millones de hectáreas implica trabajo conjunto y una banca privada dispuesta a financiar.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, envió un mensaje de tranquilidad sobre la estabilidad jurídica y de operación con la que cuentan las empresas.
El órgano de control anunció la implementación de una aplicación digital para poder hacer seguimiento a los trámites radicados.
En su desempeño profesional, ha sido ejecutiva de la empresa AON Group, docente en la Universidad del Norte y magistrada auxiliar de la Sala Laboral de Descongestión.
El legislador contempló mecanismos expresos y expeditos que permiten al consumidor replantear su compra.
De acuerdo con el actor, la norma acusada viola el derecho al debido proceso, a la justicia y trasgrede el principio de independencia e imparcialidad judicial.
Las docentes de la institución educativa debían garantizar las condiciones necesarias de seguridad en la actividad pedagógica y eran las encargadas de cuidar a los alumnos.
La muerte digna es entendida como un derecho autónomo, compuesto por dos dimensiones: la dignidad humana como presupuesto esencial del ser humano y la autonomía personal.
De acuerdo con el actor, la norma es discriminatoria porque entiende por compañero o compañera permanente a la persona de sexo diferente que haya hecho vida marital con el funcionario durante un lapso no inferior a dos años.
Al ser el impuesto sobre la renta de orden nacional, la competencia es de la Contraloría General de la República
Según indicó el jefe de la cartera, de acuerdo con las proyecciones, al finalizar el año el IPC quedará sobre el 12 %.
El bono pensional es necesario a efectos acceder a la pensión de manera anticipada.
Inversiones no realizadas deben ser descontadas de la tarifa. De lo contrario, se trataría de cobros no autorizados.
Dicha responsabilidad puede configurar la responsabilidad civil de la Administración y la del mismo funcionario.
Una interpretación contraria llevaría al absurdo de privilegiar al empleado provisional sobre los empleados con derechos de carrera.
La Corte Constitucional exhortó al Gobierno y al Legislativo para que regule la reproducción humana asistida con un enfoque de género.
