Conozca el texto de la Ley de Paz Total

A través de la Ley 2272 quedó sancionada la prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418/97), que este Gobierno denomina de ‘Paz Total’, la cual permitiría, entre otras cosas, que el Ejecutivo negocie con los grupos armados ilegales del país. 

Durante la sanción, el presidente Gustavo Petro aseguró que “habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente desde hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente sin ecos para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país. Así que queda firmada la ley”.

Así mismo, aclaró que “ahora le corresponde a nuestro Comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación”.

🔴¡#Atención! | El Presidente @PetroGustavo le da luz verde a Ley 418 de #PazTotal, esta será la guía para tener una Colombia integral, sin exclusiones, donde primará el diálogo y mantendrá la democracia para todas y todos. ¡Este es tu #GobiernoDelCambio! pic.twitter.com/wJUUhJssRW

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 5, 2022

¿Qué establece la ley?

Unos de los primeros puntos que establece la normativa es la obligatoriedad de implementar en el plan nacional de desarrollo y en los planes de desarrollo locales de las entidades territoriales políticas, programas y proyectos dirigidos al cumplimiento de los acuerdos de paz pactados y el logro de la paz, así como la protección de la naturaleza y la integración de las regiones, en especial con los municipios más afectados por la violencia.

En cuanto a las negociaciones con estructuras armadas criminales, la disposición otorga facultades al Ejecutivo para ejecutar las siguientes acciones:

1. Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho.  
2. Entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones para lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados, los cuales deberán ir dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario; el respeto de los derechos humanos; el cese de hostilidades o su disminución y la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones.

Aclarando que una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, las autoridades judiciales suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas con los cuales se adelanten este proceso; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tránsito al Estado de derecho. (Lea: EXTRA: Descargue el texto aprobado por el Senado de la reforma tributaria)

Para tal efecto, el Gobierno Nacional comunicará a las autoridades el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.

¡Y firmamos la ley de #PazTotal! pic.twitter.com/PoCIKWaDyd

— Alfonso Prada (@alfonsoprada) November 5, 2022

Al igual, asegura que se podrán acordar con los representantes una ubicación temporal, la cual será el punto concentración de los combatientes de las distintas zonas geográficas del país. Ubicación que deberá ser fuera de las áreas urbanas y en la cual “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo armado, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.

La normativa también deja en claro que para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil.

En el caso de los miembros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, se exigirá como mínimo información suficiente para el desmantelamiento de las economías ilegales. (Lea: Procuraduría ordena convocar consejos de seguridad por olas de violencia)

Conozca todos los detalles de la ley en el documento adjunto a esta nota.