La Procuraduría General de la Nación anunció que ya desarrolló un plan de vigilancia e intervención en todo el territorio nacional para las elecciones regionales 2023, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral.

Según informó, se activarán los comités regionales, distritales y provinciales de control electoral, integrados por las procuradurías territoriales y personerías. Estos serán los encargados de realizar la vigilancia preventiva e intervención en todos los municipios; así mismo, recibirán las denuncias presentadas por los ciudadanos en cuanto a la indebida intervención en política, la utilización de recursos públicos o la falta de garantías para ejercer el derecho a la participación. (Lea: ATENCIÓN: Fuerte oposición a reforma que crearía una corte electoral) 

Actividades pre electorales

Con el fin de garantizar el derecho a la actualización de la residencia electoral de los ciudadanos, la Procuraduría impartió instrucciones a los comités territoriales de control electoral relacionadas con la vigilancia y seguimiento que se debe ejercer sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía, en especial para verificar los sitios donde se materialicen las mismas.

Así mismo, aseguró que permanecerá atenta, durante el periodo de inscripción, para que las autoridades electorales implementen las medidas necesarias y realicen, con el debido tiempo, las investigaciones tendientes a evitar y contrarrestar el fenómeno de la trashumancia electoral.  (Lea: Reforma al Código Electoral nuevamente se estudiará en el Congreso)

Se realizará el seguimiento sobre los porcentajes de inscripción de cédulas para que, en caso de advertirse un aumento inusitado, se activen las respectivas alarmas electorales y se informe a las autoridades competentes.

Finalmente, hace un llamado a las administraciones municipales y distritales, o las autoridades encargadas, para que realicen el respectivo control sobre la publicidad exterior que lleve implícita la propaganda de expectativa electoral, realizada fuera del plazo legal, puesto que “esta rompe el principio de igualdad, el equilibrio electoral y financiación de las campañas”.