A través de una directiva, Presidencia de la República definió un plan de trabajo para la reglamentación de la Ley 1955 del 2019, se definen las fases y los artículos que corresponden a cada entidad.
La iniciativa deroga 6.809 leyes y 3.858 decretos con fuerza de ley. De estas disposiciones, el 42 % corresponde al sector Hacienda y Crédito Público; el 11 % pertenece al sector Interior; el 8 %, a Transporte; el 7,9 %, a Justicia.
La nueva titular de la cartera de Justicia fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia en el 2016 y se desempeñaba como magistrada de la Sala de Casación Civil.
La Corte Constitucional advirtió que los cierres parciales de cárceles ordenados por algunas autoridades judiciales han derivado en el hacinamiento de la población sindicada.
Dentro de las estrategias planteadas está la priorización de las necesidades de los jueces de primera instancia y la puesta en marcha de medidas de descongestión en acciones de tutela.
Ya hubo una primera reunión entre el Consejo Superior y el sindicato Vocero Judicial, pero no se logró ningún acuerdo para normalizar el servicio de justicia. Se espera una asamblea permanente por parte de las bases judiciales.
Se trata de una herramienta de gestión que permitirá litigar en línea, a través de una plataforma unificada para realizar todos los trámites de los procesos judiciales.
La propuesta fue lanzada por el Procurador General; mientras tanto, la Corte Suprema designó a un magistrado de la Sala Laboral para evaluar posibilidad de un fiscal ‘ad hoc’.
Conozca el estado de las sedes judiciales a hoy, 16 de noviembre. En los edificios Morales Molina, Camacol, San Remo, Kaysser, Jaramillo y Virrey se lucha contra el Acuerdo 11127 del 2018.
El Consejo Superior, jueces y los sindicatos de la Rama Judicial se refirieron a la polémica que se ha generado en Bogotá por el Acuerdo 11127 del 2018.
Durante la audiencia sobre la situación carcelaria y penitenciaria de Colombia, la Ministra de Justicia se pronunció sobre el estado de cosas inconstitucional por hacinamiento e insistió en el referendo de prisión perpetua para violadores.
Es oportuno mirar detenidamente los puntos de encuentro de los proyectos radicados por parte del Gobierno y Cambio Radical, cabe señalar que en algunos se ocupan de la misma materia, pero hay diferencias en particularidades .
La nueva norma prevé, entre otras cosas, algunos parámetros que enmarcan la logística para el desarrollo de las reuniones de sometimiento cuando su carácter es colectivo.
El Gobierno le viene apostando a la solución de conflictos a través de mecanismos alternativos, entre ellos está la conciliación. Es por ellos que Ámbito Jurídico señala las generalidades de esta figura.
Se trata de una modificación al Decreto 522 del 2018, en el sentido de armonizar las normas expedidas con el procedimiento establecido para la concesión de la misma en la Ley 1820.
A través de un auto, la JEP avocó conocimiento del caso de Jesús Santrich y ordenó la suspensión del proceso de extradición, sin que EE UU formalizara el trámite.
El tipo penal de este delito abarca desde las acciones tendientes a promover el comercio carnal o la prostitución hasta el ejercicio efectivo de uno u otros inducidos por un tercero, explicó el fallo.
A través de un decreto se estableció la nueva regulación de redes de telecomunicaciones en los centros carcelarios y penitenciarios del país, así como el procedimiento que deben seguir la Fiscalía y el Inpec para bloquear los IMEI.
Se trata de una serie de mejoras que se implementarán en el marco del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027, así lo anunció el Ministro de Justicia.
Con la expedición del Decreto 0578, quedan claras cuáles son las nuevas funciones de la Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras.
Según el Gobierno, el primero busca fortalecer los mecanismos procesales y de investigación y el segundo busca vincular a la legalidad a quienes por razones de marginalidad y pobreza se vieron forzados a dedicarse a los cultivos ilícitos.
La Corte Constitucional advirtió que la aplicación de criterios estrictos, absolutos y discrecionales descarta el análisis de otros aspectos que resultan razonables.
Consultamos con expertos en política criminal sobre el fenómeno de la reincidencia. Aspectos como la legislación vigente, el papel de los fiscales y el hacinamiento carcelario hacen parte de este complejo tema.
La Sección Tercera del Consejo de Estado precisa la legitimidad pasiva en el medio de control de reparación directa, y explica cuándo existe falla notarial y registral a efectos de determinar la falla del servicio.
Moreno deberá responder ante la Corte del Distrito Sur de Florida por los cargos de concierto para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, entre otros.
Así lo informó el Ministro de Justicia, al afirmar que ninguna reforma constitucional o estructural del sistema de justicia funcionará si no se fortalecen los procesos de formación profesional.
El Gobierno busca racionalizar o desconcentrar el conocimiento de los mecanismo de protección. Las nuevas reglas aplicarán para las solicitudes que se presentaron con posterioridad al 30 de noviembre.
Varias entidades estatales han implementado programas para mejorar el acceso a los servicios que ofrecen, inclusive acercándose a las residencias de los interesados.
Se evaluarían los despachos judiciales según carga laboral; infraestructura y logística suficiente; óptima calidad de la decisión y transparencia y descongestión.
El Gobierno expidió el decreto a través del cual habilita al Ministro de Justicia para diseñar en coordinación cercana con la JEP su puesta en funcionamiento.
Minjusticia propone modificar parcialmente el Decreto 1885 del 2015, mediante cual se creó dicho sistema, con el fin de mejorar su articulación y funcionamiento armónico.
La Corte Constitucional estableció que las personas privadas de la libertad pueden recibir visitas de menores que demuestren tener un vínculo estrecho de familiaridad, pero no especificó cuál es la autoridad competente para determinar la existencia de dicho parentesco.
Esta publicación propone lineamientos técnicos para realizar un diagnóstico sobre la situación actual de los programas de formación jurídica y, en consecuencia, sugerir criterios para determinar su regulación.
Si el sentido del fallo o la sentencia de primera instancia son condenatorios, los procesados pueden continuar detenidos, pero ya no en virtud de la medida cautelar.
El anuncio lo hizo el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, quien además indicó que se implementa un riguroso plan de mejora y un análisis de impacto normativo en el país.
El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene a disposición de la ciudadanía una herramienta de consulta que resuelve ciertas inquietudes en cuanto a algunos trámites administrativos y legales.
La Andje reestructurará su planta de personal para asumir la defensa en las controversias que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en tratados en materia de inversión extranjera.
El texto busca crear una sección especial de carácter reservado al certificado de antecedentes judiciales denominada “Inhabilidades impuestas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad”.
La iniciativa propone reformas orientadas a armonizar algunos aspectos relativos a la ejecución de sanciones penales y las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
El anuncio hecho por el Ministro de Justicia, Enrique Gil, daría cumplimiento a los compromisos de paz del Gobierno, en especial para la aplicación de las amnistías de miembros de las Farc.
La expresión “pobres” ha sido utilizada en el derecho internacional de derechos humanos y en la Constitución Política como una referencia para identificar a personas que carecen de satisfacción de necesidades básicas.
Un proyecto de ley recientemente presentado ante la Cámara de Representantes busca castigar penalmente a quienes usen Facebook o Twitter para injuriar o calumniar, y hasta por divulgar noticias falsas.
Mientras la Fiscalía sostiene que estas rebajas dan un mensaje equivocado a la sociedad, Minjusticia enfatiza su defensa en que el populismo punitivo no es el mejor camino y que hace falta una política criminal articulada y coherente con la difícil situación de las cárceles colombianas.