Colombia tomó la determinación de presentar el caso de los hechos de violencia que afectaron a los miembros de la Unión Patriótica (UP) durante los años 80 y 90 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sea este tribunal el que defina los alcances de la responsabilidad del Estado en estos hechos, así lo anunciaron la Andje y el Minjusticia. “El Estado tiene la plena confianza de que una solución judicial de este caso permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan, sin desconocer los mecanismos de justicia transicional y el proceso histórico que está viviendo el país”, indicaron las entidades. Agregaron que si bien la CIDH valoró positivamente las medidas recientemente implementadas por el Estado en relación con el caso, desconoció el valor de estas para la reparación integral de las víctimas. Según el Ejecutivo, lamentablemente, la CIDH valoró este caso como uno más de trato individual, no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado. “Esta posición desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento, en el Acuerdo de Paz, del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a favor de la UP”, indicaron las entidades.